Canal Gestión registró una producción récord de agua en el año 2015, coincidiendo con el periodo en el que se le entregó el control de la desaladora y la depuradora de Montaña Roja, tras la incautación ordenada por el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés. En ese año, antes de que los Tribunales anularan y declararan ilegal esa incautación, Canal aumentó en más de 1,3 millones de metros cúbicos (1.300 millones de litros) la cantidad de agua que vendió con respecto al año anterior. En concreto, pasó de suministrar 12.943.938 metros cúbicos de agua en la isla a 14.302.270, según las cifras recogidas por el Centro de Datos del Cabildo.
Ya en 2016, después de que la Justicia obligara a devolver a Club Lanzarote las plantas incautadas, Canal Gestión registró una drástica bajada del agua distribuida de casi un millón de metros cúbicos, pasando a 13.212.117. Y una evolución similar tuvieron las cantidades de agua producida por esta empresa, que pasaron de 25.770.365 metros cúbicos en 2015 a 24.443.227 en 2016, tras tener que devolver las plantas de Montaña Roja y, por tanto, dejar de cobrar el agua a los vecinos de ese plan parcial.
Precisamente al "beneficio económico" que obtuvo Canal Gestión gracias a esta medida ilegal hacía referencia el juez Jerónimo Alonso el pasado mes de julio, en el auto con el que ordenó iniciar el trámite para llevar a juicio a Pedro San Ginés y a otras tres personas que intervinieron en la incautación, imputadas por delitos de prevaricación y coacciones. Entre ellas, además del secretario de la Corporación, Francisco Perdomo, y el que era gerente del Consejo Insular de Aguas, José Juan Hernández Duchemín, se encuentra el abogado Ignacio Calatayud, que trabajaba para Canal Gestión mientras asesoraba a San Ginés para incautar esas plantas y entregárselas a la empresa que le tenía contratado.
Calatayud, asesor de San Ginés y empleado de Canal Gestión
"Realizó el asesoramiento jurídico con conocimiento de que la medida cautelar desembocaría en que la entidad Canal Gestión Lanzarote recibiría la gestión de las instalaciones incautadas, con el consiguiente beneficio económico", señalaba el auto con el que se puso fin a la instrucción de esta causa penal, abriendo el plazo para presentar los escritos de acusación. Así, el juez recordaba que Calatayud tenía un contrato con Canal por el que cobraba 3.300 euros mensuales más IGIC, por servicios de asesoramiento jurídico. Además, esta misma empresa pagaba al abogado para que asesorara al Consorcio de Aguas, "a cambio de un precio de 17.900 euros".
En su auto, el magistrado subrayaba también que Ignacio Calatayud "tuvo un papel principal" antes, durante y después de la incautación. Y es que según el juez instructor, "en su condición de letrado", Calatayud "trató, en alguna forma, de dar cierta cobertura jurídica a la resolución prevaricadora" de Pedro San Ginés, que actuó sin autorización judicial y sin tener un solo informe por escrito que propusiera o avalara esta medida cautelar.
En ese momento solo había un informe de José Juan Hernández Duchemín, fechado ese mismo día, en el que proponía abrir un expediente a Club Lanzarote por infracciones leves y una menos grave, pero no hacía ninguna referencia a la posibilidad de incautar las instalaciones. El único informe jurídico que existe hablando de esta medida se elaboró a posteriori, tras ejecutar la incautación y entregar las plantas a Canal Gestión, y lo elaboró Ignacio Calatayud, que no es funcionario de la Corporación. Después, siempre según el juez instructor, "para dotar a su actuación de una mayor apariencia de legalidad, Pedro San Ginés entregó inmediatamente el informe jurídico" al secretario, Francisco Perdomo, que puso su firma ratificando el contenido del informe "a sabiendas de la ilicitud de la medida cautelar que se había adoptado".
Más de 6.000 residentes y unas 9.000 camas turísticas
La desaladora de Montaña Roja abastece a más de 6.000 residentes y a una veintena de complejos hoteleros y extrahoteleros, según los datos hechos públicos tras la incautación por el propio Cabildo. Así, al entregar las plantas a Canal Gestión, se dejó en sus manos también la venta de agua en ese plan parcial. Además, también fue incautada y entregada a Canal la planta depuradora, así como otras instalaciones de Club Lanzarote que después tuvieron que ser devueltas por orden judicial.
Cabe señalar que en las cifras de agua distribuida por Canal Gestión se incluye tanto el agua desalada que se factura a través de los contadores como el agua regenerada a través de la depuración. Y en ambos casos, la cantidad aumentó de 2014 a 2015 y volvió a descender en 2016, coincidiendo con la devolución de las plantas a Club Lanzarote.
Hasta la fecha, esta empresa ha ganado todos los pleitos emprendidos contra esa incautación cautelar ordenada por San Ginés, que ya ha sido anulada y declarada ilegal. Ahora, la empresa pide una indemnización de 1,2 millones de euros por el tiempo en el que fue desposeída de esas plantas, hasta que los tribunales ordenaron que le fueran devueltas. Además, presentó una querella contra el presidente, dando lugar a esta causa penal cuya instrucción se cerró el pasado mes de julio.
