La alcaldesa de Arrecife, Eva de Anta, ha adelantado que convocará la próxima semana a los portavoces de los distintos grupos municipales para valorar exigir "responsabilidades personales" por el pleito del solar de Ginory, en el que el Consistorio fue condenado a pagar 20 millones de euros a los propietarios del mismo
De Anta ha hecho este anuncio tras ordenar el pago de las dos primeras anualidades, que asciende a 1,2 millones de euros. "A pesar de que la sentencia es de sobra conocida, me parece adecuado que ahora, cuando hemos tenido que comenzar con el plan de pagos, los portavoces dispongan de toda la información. Creo que es imprescindible que valoremos entre todos los grupos la oportunidad de iniciar un expediente para depurar y exigir, si las hubiera, las responsabilidades personales en que hubieran podido incurrir quienes colocaron al Ayuntamiento en una posición que puede ser calificada como de indefensión", ha apuntado.
La alcaldesa ha recordado que la sentencia en contra del Ayuntamiento se produjo en 2013 y el recurso, fallado también en contra del Consistorio, tiene fecha de julio de 2016. "Se trata de dar cumplimiento a sentencias condenatorias contra este Ayuntamiento dictadas en anteriores mandatos. A mí me ha correspondido tratar de aplazar el pago de la condena para evitar un grave perjuicio a la hacienda local", ha señalado.
Requerimientos para ejecutar la sentencia
De Anta ha reconocido que, a día de hoy, no existe acuerdo con la otra parte, pero que el tribunal le ha requerido para dar cumplimiento a la sentencia. "Según la ley, la competencia y la responsabilidad de ejecutar las sentencias recae de manera personal en la alcaldesa y me veo obligada, por los requerimientos del Tribunal, a dar cumplimiento a la misma. Sin embargo, mi capacidad se ve limitada por los informes de los responsables económicos de la institución y el pago que he ordenado se corresponde con el plan de pagos propuesto por los técnicos", ha declarado.
Los propietarios del solar defendían el carácter urbano de ese terreno en contra de lo reflejado en el Plan General de 1994 y la Justicia les dio la razón. Además, en fase de ejecución de sentencia reclamaron que el suelo fuera expropiado. En cuanto al precio, el Ayuntamiento no recurrió la tasación que se realizó en 2010, que de esa forma se hizo firme. Así, se fijó en 20 millones la cantidad que deberá pagar el municipio, que estuvo representado en este pleito por el abogado Felipe Fernández Camero.
El plan de pago propuesto en su día por el Ayuntamiento suponía fraccionar la deuda en cuotas anuales de 600.000 euros, a los que se irían sumando los correspondientes intereses, aumentando así la cantidad a abonar. Según el mismo, el Consistorio terminaría de pagar en 2036, con una cuota de amortización ese año de 812.622 euros.
