Los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura han enviado escritos urgentes a la vicepresidenta del Gobierno de España, Soraya Sáenz de Santamaría, y al ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, en los que exponen detalladamente la "situación de extrema vulnerabilidad que tiene para las Islas Canarias el proyecto petrolífero de Repsol". El presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, y el de Fuerteventura, Mario Cabrera, también han remitido a los ministros una copia íntegra de unos 40 informes técnicos que denuncian "la peligrosidad" de las prospecciones.
Para los cabildos canarios, estos escritos permitirán que, "ante posibles acciones posteriores a tomar desde el plano jurídico y administrativo", tanto el departamento de la Vicepresidenta como el del propio ministro de Medio Ambiente "no podrán aducir desconocimiento de los informes científicos, ni de la peligrosidad del proyecto y la forma en la que se ha actuado, aunque la gestión pro petrolera se venga centralizando en el Ministerio de Industria".
Ambos presidentes piden al Gobierno de España la suspensión inmediata de los sondeos, la retirada definitiva de las operaciones, y la intervención directa del Estado español ante Marruecos para evitar cualquier industria de alto riesgo que "amenace gravemente los intereses canarios". Los cabildos han recurrido directamente a las más altas instancias del Gobierno de España por entender que el Estado ha cerrado hasta la fecha "todas las puertas a las reivindicaciones Canarias", según han manifestado a través de un comunicado.
Los presidentes de estos dos cabildos han vuelto a reiterar la "patente actitud antidemocrática del ministro Soria en este asunto, imponiendo sus criterios personales en defensa de la petrolera". Por ello, creen que este comportamiento "no deja otra alternativa a las instituciones canarias que solicitar la intervención de otras áreas del Gobierno español, de la Unión Europea, de Naciones Unidas, y de cuantas instituciones en el planeta puedan contribuir a evitar una catástrofe anunciada".
Piden la intervención de Soraya Sáenz de Santamaría
Los cabildos de las islas orientales han reclamado a la vicepresidenta del Gobierno de España que "garantice que la Declaración de Impacto Ambiental en este asunto se realice de forma rigurosa desde un punto de vista exclusivamente técnico y, especialmente, atendiendo a los intereses generales de Canarias y no de una entidad privada particular". Los presidentes canarios han pedido a la vicepresidenta que "intervenga de manera efectiva y rigurosa para evitar injerencias políticas en el ámbito técnico por parte de altos cargos de su gobierno, ya que el propio ministro Soria ha declarado públicamente y de forma inaceptable desde el punto de vista democrático que las alegaciones al EIA no detendrán en ningún caso las prospecciones petrolíferas y que las perforaciones comenzarán en 2014".
Mario Cabrera y Pedro San Ginés han recordado en la carta enviada a ambos miembros del Gobierno español que, "a diferencia de otros lugares del mundo donde las economías permanecen diversificadas y pueden convivir en cierto modo las actividades petroleras y otras actividades económicas, en Canarias no hay alternativa, y la alternativa, desde luego, no es una actividad industrial como la explotación de supuestos yacimientos de crudo bajo el lecho marino de una dorsal con actividad sísmica".
"Un accidente como el de la Deepwater Horizon en EEUU o como el de un Prestige en Galicia supondría un golpe de inimaginables consecuencias humanas y medioambientales para nuestra comunidad, y la realidad es que este tipo de accidentes catastróficos suceden en la vida real. Es un riesgo tan sumamente alto que por mucho que se afirme que la probabilidad de un accidente es remota o que se va a disponer de la más moderna tecnología, ni estamos preparados ni dispuestos siquiera a asumir tan elevado riesgo. En ningún caso y bajo ningún concepto", han señalado Cabrera y San Ginés.
"Cercenando gravemente las energías renovables"
Las dos misivas concluyen afirmando que "la política energética promovida por el Gobierno de España hasta la fecha está cercenando gravemente el desarrollo de las energías renovables y de todas las capacidades derivadas que éstas pueden generar en materia de empleo, de sostenibilidad y futuro y de lucha contra el cambio climático, contraviniendo el espíritu de Naciones Unidas y de la propia UE en materia de objetivos energéticos para los estados miembros". Junto a estos escritos, los cabildos han enviado a Madrid un dossier con 38 informes técnicos detallando los principales y más graves impactos del proyecto de Repsol en Canarias.
