Hubo un tiempo en que las Montañas del Fuego no eran todavía uno de los grandes iconos de Lanzarote. Eran el recuerdo de una catástrofe ocurrida más de dos siglos antes, un territorio áspero, difícil de recorrer y aparentemente inútil para la agricultura. Las erupciones de 1730 a 1736 habían sepultado aldeas, tierras de cultivo y caminos bajo la lava y el lapilli y habían transformado para siempre buena parte del centro y suroeste de la isla. Aquello que para las generaciones que habían vivido la tragedia había representado destrucción, comenzó a ser contemplado décadas después con otros ojos.
El cambio no se produjo de un día para otro. Y el 17 de septiembre de 1974, fecha en la que el decreto de creación del Parque Nacional apareció publicado en el BOE, fue en realidad la culminación de un proceso que había comenzado en Lanzarote cuatro años antes. El documento oficial permite precisar la historia: el decreto había sido aprobado por el Gobierno el 9 de agosto de 1974 y entraría jurídicamente en vigor el 7 de octubre. Pero fue aquel 17 de septiembre cuando la decisión se hizo pública en el Boletín Oficial del Estado y Timanfaya quedó incorporado formalmente a la red española de Parques Nacionales.
La historia había comenzado en el Cabildo de Lanzarote. El 14 de octubre de 1970, el Pleno de la Corporación insular aprobó por unanimidad una moción presentada por su presidente, José Ramírez Cerdá, para iniciar el expediente destinado a solicitar que las Montañas del Fuego, en los términos municipales de Tinajo y Yaiza, fueran reconocidas como Parque Nacional Volcánico de Timanfaya. El documento conservado por Memoria de Lanzarote convierte aquella sesión en una pieza fundamental para entender lo ocurrido después: la iniciativa de proteger los volcanes partió de la propia isla.
Ramírez no estaba solo. En aquel proceso participaron César Manrique y Jesús Soto, dos hombres que resultarían decisivos para transformar la percepción del paisaje lanzaroteño. Más tarde se incorporaría José Miguel González, de ICONA, mientras que el ingeniero de montes Juan Nogales elaboraría el estudio preliminar que serviría de base para avanzar hacia la declaración. En marzo de 1974 comenzó el periodo de información pública y las autoridades y asociaciones de la isla fueron consultadas sobre la propuesta. El resultado fue favorable a la declaración.
Hay una historia que ha quedado asociada al nacimiento de esta idea y que ayuda a explicar hasta qué punto estaba cambiando la mirada sobre Lanzarote: la de una postal de un paisaje volcánico de Nuevo México que habría llegado a manos de José Ramírez y que le hizo contemplar de otra manera las Montañas del Fuego. La imagen, según esta versión, permitió establecer una comparación sencilla pero poderosa: aquello que en otro lugar del mundo era considerado digno de protección y admiración podía ser precisamente lo que Lanzarote tenía delante de sus propios ojos. La historia resulta reveladora, aunque conviene distinguirla del dato documentalmente demostrado: el acta del Cabildo de 1970 acredita la iniciativa institucional para solicitar la declaración, mientras que el episodio de la postal pertenece a la reconstrucción posterior de aquel proceso.
La transformación de Timanfaya tuvo además una paradoja que hoy puede resultar sorprendente. Cuando se decidió proteger las Montañas del Fuego, el paisaje ya estaba siendo preparado para recibir visitantes. Lanzarote había comenzado a descubrir que sus volcanes, lejos de ser únicamente una herida del pasado, podían convertirse en uno de sus grandes recursos culturales y turísticos. José Ramírez, César Manrique y Jesús Soto participaron en una estrategia que pretendía mostrar el territorio sin convertirlo en un paisaje convencional de explotación turística. La creación de accesos, recorridos e instalaciones permitió que los visitantes se acercaran a un espacio que hasta entonces resultaba difícil de recorrer.
El decreto de 1974 reconocería expresamente esa realidad. Su preámbulo explicaba que la peculiar belleza de Timanfaya ya atraía a quienes llegaban a Lanzarote. No se estaba protegiendo, por tanto, un territorio completamente desconocido para el turismo, sino un paisaje que ya había empezado a despertar interés y que precisamente por ello necesitaba protección. El objetivo declarado era preservar el lugar tal como se había conservado hasta entonces y acondicionarlo para que pudiera ser contemplado por las generaciones presentes y futuras.
La formulación resulta especialmente interesante si se observa desde el presente. El Estado no planteaba simplemente cerrar el territorio al visitante. La protección nacía vinculada también a la posibilidad de conocerlo. El propio decreto establecía que el Patronato del Parque debía promover los accesos necesarios para visitar las zonas de mayor interés y defender las particularidades del lugar para que fueran respetadas por quienes acudieran a contemplarlo. La conservación y la visita aparecían así unidas desde el nacimiento jurídico de Timanfaya.
Y había más. Las instalaciones y servicios que el Cabildo de Lanzarote había creado antes de la declaración continuarían bajo la administración de la Corporación insular. Incluso se contemplaba que ICONA pudiera delegar en el Cabildo la administración de las instalaciones y servicios que se crearan posteriormente. El nacimiento del Parque Nacional no supuso, por tanto, borrar la experiencia turística desarrollada por Lanzarote, sino incorporarla a un nuevo marco de protección.
El texto legal resulta revelador también por el lenguaje que empleaba. El decreto hablaba de un paisaje de “belleza singular”, formado por conos volcánicos, corrientes de lava de diferentes tonalidades y mantos de lapilli, y observaba incluso las escasas manchas de líquenes que habían comenzado a colonizar aquellos suelos. Aquella descripción encerraba una idea que hoy parece evidente, pero que entonces suponía un cambio profundo: el paisaje de Timanfaya tenía un valor propio y debía conservarse por lo que era, no por su capacidad para producir riqueza inmediata.
La paradoja es que el territorio que parecía más muerto comenzaba a demostrar precisamente lo contrario. Sobre las lavas recientes, la vida había iniciado lentamente su regreso. Los líquenes eran una de las primeras señales visibles de un proceso de colonización biológica que continúa formando parte de la singularidad de este paisaje. Timanfaya no era un desierto sin historia ni vida: era un territorio en transformación, un laboratorio natural nacido de una de las mayores crisis volcánicas vividas por Lanzarote.
Las erupciones que comenzaron en 1730 y se prolongaron durante seis años transformaron aproximadamente 174 kilómetros cuadrados de la isla. Timanfaya conserva una parte esencial de aquel territorio volcánico y concentra una extraordinaria sucesión de conos, cráteres, coladas y campos de lapilli. El parque que nació jurídicamente en 1974 protege, por tanto, una parte fundamental de la memoria física de aquella catástrofe que cambió Lanzarote para siempre.
Pero el 17 de septiembre de 1974 no fue solamente una fecha ambiental. Fue también un momento decisivo en la construcción de una nueva identidad insular. Lanzarote estaba empezando a comprender que su paisaje podía ser su principal patrimonio. Mientras otras zonas turísticas españolas transformaban sus costas mediante una urbanización acelerada, la isla ensayaba otro camino: convertir sus volcanes, su arquitectura, sus pueblos y sus espacios naturales en parte de una misma imagen territorial.
César Manrique sería fundamental en esa transformación, aunque sería injusto reducir todo el proceso a una sola figura. La declaración de Timanfaya fue el resultado de una suma de voluntades: una iniciativa política del Cabildo, la intervención de Manrique y Soto, el trabajo técnico de los responsables de ICONA, el estudio del ingeniero Juan Nogales, la participación de las autoridades y asociaciones de la isla y, finalmente, la decisión del Estado. La propia historia oficial del Parque Nacional identifica ese recorrido y señala que el Cabildo defendió durante el proceso los derechos que ya tenía sobre la explotación de los servicios turísticos, derechos que fueron respetados.
Lo ocurrido en 1974 adquiere todavía más importancia cuando se observa lo que sucedió después. La protección inicial no fue el punto final. En 1981, la Ley 6/1981 reclasificó el Parque Nacional de Timanfaya y consolidó su régimen jurídico. A partir de entonces, la protección alcanzaría una dimensión más amplia, incorporando los valores geológicos, biológicos, arqueológicos, culturales, educativos y científicos del espacio. El Ministerio para la Transición Ecológica recoge ambas fechas como hitos fundamentales: el decreto de creación de 1974 y la ley de reclasificación de 1981.
Entre una fecha y otra se produjo algo más profundo que una modificación legislativa. Se consolidó una idea de Lanzarote que todavía hoy forma parte de su identidad: que el paisaje no es el decorado que queda después de construir, sino uno de los principales bienes que la isla posee.
Por eso resulta significativo volver al texto de aquel decreto de 1974. La norma ordenaba conservar los terrenos y el paisaje en un estado similar al que tenían entonces y sometía a autorización cualquier obra o actividad que pudiera producir una alteración física o paisajística. En una época en la que el lenguaje ambiental aún no tenía la presencia actual, aquella decisión introducía ya una advertencia que conserva toda su vigencia: aquello que atraía a los visitantes podía desaparecer si se intervenía sobre ello sin límites.
Medio siglo después, Timanfaya sigue planteando la misma pregunta con una intensidad incluso mayor. ¿Cómo se puede enseñar un paisaje extraordinario sin consumirlo? ¿Cómo puede el turismo acercarse a un territorio protegido sin terminar transformándolo? ¿Dónde se encuentra el equilibrio entre disfrutar de un patrimonio natural y preservar precisamente aquello que hace posible disfrutarlo?
La respuesta que Lanzarote empezó a ensayar en los años setenta fue singular. No consistió en esconder los volcanes, sino en hacer posible su contemplación dentro de unas reglas. No se trató de convertir Timanfaya en un parque temático, sino de hacer del propio paisaje la experiencia. La arquitectura, los recorridos y los puntos de observación debían acompañar al territorio sin competir con él.
Quizá ahí se encuentre la verdadera trascendencia de aquel 17 de septiembre. Timanfaya no se convirtió en Parque Nacional porque alguien descubriera de repente que Lanzarote tenía volcanes. Los volcanes llevaban allí desde mucho antes de que existiera la isla que conocemos. Lo que cambió fue la mirada humana sobre ellos.
Durante siglos fueron una amenaza. Después fueron una dificultad. Más tarde se convirtieron en una curiosidad para los visitantes. Y finalmente pasaron a ser patrimonio.
El 17 de septiembre de 1974, Lanzarote consiguió que esa última mirada quedara escrita en el Boletín Oficial del Estado. La isla no protegió únicamente un conjunto de volcanes: protegió una parte de su memoria y, al hacerlo, decidió que aquel paisaje nacido de la destrucción debía convertirse también en una herencia para el futuro.
Fuentes: Boletín Oficial del Estado, Decreto 2615/1974, de 9 de agosto, por el que se crea el Parque Nacional de Timanfaya; Gobierno de Canarias, historia del Parque Nacional de Timanfaya; Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Red de Parques Nacionales; Memoria de Lanzarote, documentación histórica del Cabildo de Lanzarote y acta del Pleno de 14 de octubre de 1970.
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