El próximo domingo 6 de septiembre de 2026, personas gestoras de colonias felinas, entidades de protección animal y ciudadanía saldrán simultáneamente a las calles en 38 manifestaciones y concentraciones en distintos puntos de España para reclamar el cumplimiento efectivo de la Ley 7/2023 en materia de colonias felinas. Las manifestaciones tendrán lugar a las 11.00 horas en Canarias.
Más de tres años después de la aprobación de la norma, Los gatos tienen ley denuncia importantes carencias en su aplicación efectiva en numerosos municipios y una realidad que continúa recayendo sobre las personas gestoras: sostener con su dinero, su tiempo y su trabajo una gestión que corresponde a las administraciones en el marco de sus competencias.
Mientras las obligaciones legales siguen sin traducirse en una gestión pública suficiente, muchas personas gestoras continúan asumiendo de su bolsillo gastos de alimentación, esterilización, atención veterinaria y otras necesidades de los gatos comunitarios, además de aportar diariamente su tiempo y trabajo de forma voluntaria.
Ese es uno de los motivos centrales de la convocatoria: las personas gestoras "están cansadas de sostener con recursos privados y trabajo voluntario lo que debe formar parte de una política pública".
La movilización resume su reivindicación en una frase: "No pedimos una nueva ley. Exigimos que se cumpla la ley que ya existe".
Más de tres años esperando el cumplimiento efectivo
La Ley 7/2023, de 28 de marzo, atribuye a las entidades locales, en el marco de sus competencias, responsabilidades concretas en la gestión de los gatos comunitarios y establece la necesidad de desarrollar Programas de Gestión de Colonias Felinas.
La norma contempla, entre otras actuaciones, la identificación mediante microchip de los gatos comunitarios bajo titularidad de la Administración local competente, esterilización y control poblacional, mapeo y censo, atención sanitaria, programas sanitarios, regulación de la colaboración ciudadana, protocolos para la gestión de conflictos vecinales y mecanismos de seguimiento de la implantación y evolución de los programas.
Sin embargo, Los gatos tienen ley denuncia que la aplicación efectiva de estas obligaciones "sigue siendo insuficiente en numerosos municipios y que continúan faltando recursos, programas CER estables y continuados, atención veterinaria, censos, identificación, trazabilidad y mecanismos que permitan evaluar los resultados de la gestión".
La consecuencia, dicen, es que demasiadas responsabilidades continúan recayendo sobre las personas que cuidan las colonias. La movilización reclama un cambio fundamental: que las gestoras colaboren con las administraciones, pero no tengan que sustituirlas.
Sostener las colonias y hacerlo, además, desde la desprotección
Durante años, las personas gestoras han alimentado colonias, capturado gatos para su esterilización, realizado traslados, atendido animales enfermos, coordinado tratamientos y asumido numerosos gastos con recursos propios.
A esta carga económica y de trabajo se suma, en muchos casos, la desprotección frente a situaciones de hostigamiento, amenazas y conflictos con particulares, así como la falta de respuesta institucional cuando solicitan ayuda.
Las gestoras pueden encontrarse así ante una doble realidad: asumir tareas y costes que deberían estar respaldados por políticas públicas y, al mismo tiempo, quedar desprotegidas mientras desarrollan esa labor. "Después de más de tres años, seguimos poniendo nuestro dinero, nuestro tiempo y nuestro trabajo para sostener las colonias. Y muchas gestoras, además de sentirse abandonadas por sus administraciones, tienen que enfrentarse a amenazas y hostigamiento simplemente por hacer una labor que debería estar respaldada por ellas", señala Mónica García, portavoz nacional de Los gatos tienen ley.
La movilización reclama que las administraciones no se limiten a reconocer la existencia de las colonias felinas, sino que asuman efectivamente su gestión y protejan a las personas que colaboran en ella frente a situaciones de acoso, amenazas o impedimentos para desarrollar su labor. El voluntariado y el conocimiento de las gestoras son fundamentales, pero Los gatos tienen ley defiende una diferencia esencial: colaborar con la Administración no significa sustituirla.
Transparencia también cuando la gestión se externaliza
Otro de los ejes de la movilización es la necesidad de transparencia, seguimiento y control de la gestión externalizada de las colonias felinas. En los municipios donde determinados servicios se encomiendan a empresas externas, Los gatos tienen ley reclama que exista información accesible sobre qué servicios se contratan, qué recursos públicos se destinan a ellos, qué actuaciones se realizan y cuáles son sus resultados.
La externalización de un servicio no elimina la responsabilidad de la Administración sobre su funcionamiento ni sobre el cumplimiento de las obligaciones que le correspondan. Por ello, la movilización exige trazabilidad de los recursos públicos y mecanismos efectivos de seguimiento y evaluación, tanto cuando la gestión se realiza directamente desde la Administración como cuando intervienen empresas contratadas.
Una movilización estatal, colectiva e independiente Los gatos tienen ley es una iniciativa colectiva impulsada por personas gestoras de colonias felinas, entidades de protección animal y ciudadanía. La convocatoria no pertenece a ninguna asociación concreta ni está vinculada a ninguna formación política. Las asociaciones, colectivos y entidades que han decidido respaldar la movilización figuran públicamente en la web oficial.
Además, la protesta tampoco responde a un problema vinculado a un determinado partido político. La reivindicación es la misma para todas las administraciones: la ley debe cumplirse con independencia del municipio y del signo político de quien gobierne. El 6 de septiembre se celebrarán 38 manifestaciones y concentraciones en distintos territorios del Estado bajo una misma reivindicación.
Una movilización estatal, colectiva e independiente
Los gatos tienen ley es una iniciativa colectiva impulsada por personas gestoras de colonias felinas, entidades de protección animal y ciudadanía. La convocatoria no pertenece a ninguna asociación concreta ni está vinculada a ninguna formación política. Las asociaciones, colectivos y entidades que han decidido respaldar la movilización figuran públicamente en la web oficial. La protesta tampoco responde a un problema vinculado a un determinado partido político.
La reivindicación es la misma para todas las administraciones: la ley debe cumplirse con independencia del municipio y del signo político de quien gobierne. El 6 de septiembre se celebrarán 38 manifestaciones y concentraciones en distintos territorios del Estado bajo una misma reivindicación.
La movilización reclama:
• Cumplimiento real y efectivo de la Ley 7/2023 en materia de colonias felinas
• Recursos económicos suficientes para su gestión
• Programas CER efectivos, estables y continuados
• Censo, identificación, trazabilidad y seguimiento real de las colonias
• Atención veterinaria y medidas adecuadas para los gatos comunitarios
• Que las administraciones asuman las responsabilidades que les corresponden y el voluntariado no tenga que sustituirlas
• Protección para las personas que colaboran en la gestión de las colonias frente al hostigamiento, las amenazas y los impedimentos para desarrollar su labor
• Transparencia, seguimiento y control de los servicios y contratos externalizados.
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