"El alcalde de San Bartolomé practica la hipocresía política ya que por un lado reconoce las bondades de la Ley de Medidas Urgentes que el Parlamento canario aprobó el pasado jueves 23 de Abril, y por el otro lado vota en contra, como parlamentario, de dicha ley", han afirmado los representantes de Coalición Canaria respecto a Marcial Martín.
Estas declaraciones parten de que por una parte Martín "reconoce que el Colegio El Quintero, con esta ley, se hará más rápido, pero por otra, por exigencias de su partido, se opone a ella". "Como Alcalde de un municipio sabe que esta ley ha sido propuesta y exigida por los Ayuntamientos canarios como condición para el desarrollo de la actividad económica y el empleo, pero como parlamentario del PSOE se ha visto obligado a decir no", critican los nacionalistas.
Desde Coalición Canaria consideran que la Ley de Medidas Urgentes "recoge las inquietudes y aportaciones de los Cabildos, Ayuntamientos canarios y los sectores económicos y sociales del Archipiélago" para "clarificar y simplificar la compleja legislación vigente en materia de planeamiento". Según esto, la mencionada normativa facilitaría "el desarrollo ordenado de las diferentes actividades económicas que, ahora más que nunca, podían suponer un impulso vital a la crítica situación que atraviesan muchas familias y pequeñas y medianas empresas canarias, como consecuencia de la situación de recesión económica mundial".
Los nacionalistas defienden la Ley de Medidas Urgentes
Coalición Canaria considera que la normativa aprobada el pasado día 24 "facilita el planeamiento municipal en el desarrollo de los Planes de Ordenación, rompiendo el bloqueo actual por la falta de adaptación de los Planes Generales a la Ley del Territorio y a las Directrices". "En nuestro caso la construcción del Colegio El Quintero será una realidad, así como viviendas de protección oficial y cualquier otro servicio público que demande nuestro municipio", puntualiza.
Además la formación nacionalista opina que la ley "promueve el desarrollo de la actividad agrícola y ganadera, permitiendo los usos ordinarios a través de la Licencia Municipal, reservando las Calificaciones Territoriales para casos especiales, permitiendo y compatibilizando el aprovechamiento de las energías alternativas y legalizando las explotaciones ganaderas que cumplan las condiciones necesarias".
Otras de las ventajas que los nacionalistas ven a la nueva normativa es que contribuye "al desarrollo industrial, poniendo en el mercado suelo categorizado, abriendo la posibilidad de desplazamiento de las industrias pequeñas a suelo que se clasifique como industrial en parcelas más adaptadas a su demanda de reducidas dimensiones", han valorado.
Por otro lado aplauden que permita "desclasificar suelo turístico residencial para sustituirlo por otros usos, a la vez que impulsa la rehabilitación de las instalaciones alojativas y los centros turísticos degradados".
Con todas estas valoraciones consideran que "esta ley puede convertirse en un útil instrumento contra la crisis, en la medida que fomenta la rehabilitación, lo que puede suponer un impulso a la actividad y el empleo en las pequeñas y medianas empresas del sector de la construcción, apuesta por el empleo y la formación, facilita la actividad agrícola e industrial, lo que se tiene que traducir en la creación y mantenimiento de puestos de trabajo, una menor dependencia exterior y un avance hacia una mayor diversificación económica".
