Muy a mi pesar, me veo en la obligación ética y política de mostrar públicamente mi discrepancia con la decisión adoptada el pasado jueves por el Consejo de Gobierno de Canarias, al aprobar el método de designación de un único vocal, representante de las tres cámaras de Comercio que hay en la provincia de Las Palmas, en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria. El acuerdo desprende centralismo y falta de sensibilidad, y de ahí mi disconformidad.
Según la nota oficial difundida por el Gobierno autónomo, este único vocal representará a las tres cámaras de Comercio existentes en Gran Canaria, Lanzarote —y La Graciosa— y Fuerteventura, seguirá un turno rotatorio y el período de duración del mandato se calcula según el porcentaje de empresas con relevancia en el sector portuario y de la navegación de dichas islas. El cómputo final establece un período de duración del mandato de 41 meses para la Cámara grancanaria, y de sólo siete meses para la Cámara lanzaroteña y graciosera.
Hace décadas que en Canarias reconocemos la ineludible necesidad de introducir factores de corrección en la representación de las islas no capitalinas, precisamente para evitar que la infra representación se erija en un obstáculo hacia el desarrollo. Esos factores, como el hecho insular, se incorporaron para tratar de erradicar las perniciosas consecuencias del centralismo provincial, dando lugar, por ejemplo, al mecanismo de la triple paridad para el reparto de escaños entre islas y provincias en el Parlamento regional.
Incomprensiblemente, el Consejo de Gobierno ha obviado la tradición reformadora de los últimos lustros y se ha inclinado por la proporcionalidad pura y dura del ‘tanto tienes, tanto vales’, impropia de un Ejecutivo progresista. Siguiendo ese razonamiento y asignando los diputados regionales según el criterio poblacional en sentido estricto, a Lanzarote le corresponderían cuatro, a lo sumo, en lugar de los ocho que posee. Este acuerdo obvia el hecho insular, algo que resulta inadmisible.
Si la Autoridad Portuaria es de ámbito provincial y la provincia tiene tres islas —obviando a La Graciosa, ya que carece de esa consideración administrativa—, lo razonable es que el criterio de representatividad se llevara a cabo teniendo en cuenta ese hecho diferenciado además del número de empresas, en lugar del número de empresas censadas en cada una exclusivamente. Hay que anotar que este problema no se da en la otra provincia, ya que allá hay una cámara de Comercio para las cuatro islas.
Carece de coherencia que, a la hora de reivindicarnos en Madrid y en Europa, el argumento principal que utilicemos sea el hecho diferencial insular, el del territorio fragmentado, el de la singularidad específica de cada isla, y que después lo ignoremos aquí, en Canarias, y por parte de nosotros mismos, sabiendo que no son iguales nuestras necesidades a las de otras islas hermanas. No encuentro justo el criterio utilizado y, además, sienta un precedente que creíamos superado y que podría ser utilizado en otros casos. Así no se hace comunidad, se hace daño sin necesidad y se reemprende el camino de vuelta al centralismo capitalino que tanto perjuicio ha causado a las islas mal llamadas menores. Así no.
Fco. Manuel Fajardo Palarea, senador del PSOE por Lanzarote y La Graciosa.
