La creciente proliferación de viviendas vacacionales en Lanzarote requiere que se abra el debate público sobre su impacto económico y social. Si bien esta actividad comercial podría ser entendida por algunos como una forma de diversificar la economía generada por el turismo de masas, a mi me surge la pregunta lógica: ¿Cuál será el costo social y de recursos de este boom?
La expansión desenfrenada de este nicho del mercado inmobiliario podría desencadenar una serie de consecuencias sociales negativas a las que tendrían que hacer frente las administraciones locales con sus recursos. Aunque se quisiera entender que el auge de este negocio puede impulsar la economía local, lo indudable es que plantea desafíos significativos: desde el desplazamiento y la gentrificación hasta la alteración del tejido social y la identidad local, entre otros. Desde luego, son cuestiones que merecen nuestra atención, y por supuesto, de quienes legislan y gestionan lo público.
La multiplicación del número de viviendas que se destinan al uso turístico en Canarias está alcanzando una magnitud notable. Ahí están los datos oficiales del Gobierno de Canarias, más de doscientas mil plazas turísticas nuevas, casi cincuenta mil licencias extrahoteleras vinculadas a esta oferta vacacional. Como digo, son datos oficiales, pero cabe la posibilidad de que se dupliquen o tripliquen, ya que muchas operan sin licencia o que detrás de una sola licencia se escondan decenas de apartamentos, como ya se ha dado algún caso en la isla.
Este fenómeno no solo está modificando el marco arquitectónico urbano, sino que amenaza con alterar el equilibrio social en los barrios. El aumento del precio del alquiler, la falta de viviendas para alquilar por larga temporada, el incremento de los precios en general en las zonas residenciales o el inconveniente que supone para los residentes la lógica actividad y actitud de quien viene de vacaciones, son los primeros efectos en aparecer. Lo siguiente es el desplazamiento de los vecinos del barrio y la gentrificación.
Uno de los aspectos más preocupantes es el in crescendo de construcciones nuevas que se destinan al uso turístico en las zonas urbanas residenciales. En un contexto en el que el acceso a la vivienda de alquiler de larga temporada es casi un imposible para las familias, dedicar pisos y bloques enteros al alquiler turístico plantea como mínimo un cuestionamiento ético. En segundo lugar, habría que preguntarse si esta tendencia está acorde con el espíritu y la esencia de lo que se supone que es el alquiler vacacional en su origen.
Cuando digo que los alquileres vacacionales se pueden convertir en un problema social no estoy haciendo referencia a la actividad que le genera ingresos extra a esa pareja de jubilados que tiene una segunda casita, o a esos hermanos que gestionan un piso heredado de sus padres. Me refiero a los grandes tenedores de inmuebles, entre ellos los bancos, a las empresas de construcción e inmobiliarias, me refiero a las inversiones foráneas que compran bloques y complejos enteros para destinarlos a esta actividad porque están viendo un filón en la falta de ordenación por parte de la administración local.
Todo ello me obliga a preguntarme ¿a quién beneficia realmente este nuevo boom inmobiliario? ¿Hasta qué punto el derecho a la libre empresa puede prevalecer sobre el derecho fundamental a una vivienda digna? ¿Hasta qué punto es sostenible sacrificar la estabilidad social y la identidad local en aras de seguir sorbiendo cada gota que se le exprima al turismo de masas?
Este dilema no solo involucra a los habitantes y a las administraciones locales, sino que también se conecta con la identidad de la isla. La esencia misma de los barrios se ve amenazada por la transformación impulsada por la turistificación. La autenticidad, la comunidad y el sentido de pertenencia son aspectos que corren el riesgo de erosionarse en el proceso.
En conclusión, esta explosión de “oportunidades” comerciales y económicas plantea preguntas cruciales sobre el modelo de desarrollo que perseguimos. Además, exige una profunda reflexión sobre cómo equilibrar el progreso económico con la preservación de la calidad de vida y la cohesión comunitaria. Sin lugar a dudas, el desafío está en conseguir una planificación cuidadosa y políticas que equilibren los intereses económicos con las necesidades sociales, dos aspectos fundamentales para garantizar prosperidad sin perder la esencia y el sentido de comunidad.
Leandro Delgado Zalazar, portavoz de Lanzarote En Pie (LEP)
