El fin de la legislatura estatal con la convocatoria de elecciones generales anticipadas para el próximo 29 de noviembre ha tenido una protagonista indiscutible: la vivienda. Con importantes movilizaciones sociales que se vieron estimuladas por casos muy dolorosos, como el de Maricarmen, y, asimismo, por el rechazo de las derechas PP, Vox y Junts, a la aprobación de decretos que suponían aplicar medidas paliativas de carácter urgente ante los desahucios y la creciente crisis habitacional. En medio de la trifulca política se abrió paso el debate sobre un tema esencial para la vida de las personas.
Frente a la realidad sangrante de la gente que no puede acceder a una vivienda o que, si lo consigue, se deja en su pago el 50% o más de su exiguo salario, convirtiéndose en un factor claro de empobrecimiento, las instituciones han fallado. Con distintas responsabilidades. El Estado tiene capacidad para intervenir en el mercado, frenar la especulación, incentivar el alquiler asequible, pero son las comunidades las que tienen que buscar suelo, promover vivienda pública, gestionar bolsas de vivienda vacía; y las del PP-Vox lo han boicoteado.
También CC y su Gobierno
También ha incumplido la ley de vivienda Coalición Canaria, que desde su Gobierno nada ha hecho en la comunidad donde más crecen los precios de las viviendas; y que votó en el Congreso en contra del segundo decreto. El Gobierno canario diagnostica mal al limitar el problema a un asunto administrativo. La crisis habitacional requiere actuar sobre la oferta pública, el alquiler asequible y la regulación del mercado, no solo sobre la tramitación urbanística.
Eso sí, las derechas canarias han favorecido la especulación con la modificación del REF para aplicar la RIC en la construcción de viviendas para alquiler sin límite de renta; o aprobado un decreto ley canario que favorece la edificación de viviendas por encima de los 250.000 euros, inaccesibles para jóvenes y trabajadores y trabajadoras.
Por el contrario, frenan la declaración de zonas tensionadas, como sucede con Las Palmas de Gran Canaria. Y no hacen nada para limitar los precios del alquiler, movilizar viviendas vacías, coordinar a todas las administraciones públicas para construir vivienda protegida o incrementar de forma significativa el parque público.
Hay que actuar en vivienda reclamando que en la Constitución sea considerada un derecho subjetivo. Incrementando de forma sostenida el parque público de alquiler. Invirtiendo anualmente un porcentaje estable del PIB canario en vivienda. Declarando zonas tensionadas donde concurran los requisitos legales. Movilizando la vivienda vacía hacia el alquiler residencial. Garantizando una protección duradera de la vivienda asequible. Coordinando a Gobierno, cabildos, ayuntamientos y empresas públicas para construir vivienda.
Lejos del insoportable ruido que ha venido marcando la política estatal resulta muy positivo que se hable de lo que realmente afecta a la vida de la gente. De la vivienda. De condiciones laborales y salarios. De pensiones. De sanidad, educación o políticas de cuidados. De los efectos de la Crisis Climática en la salud y en la seguridad. Esos son algunos de los asuntos a debate en esta etapa electoral, ofreciendo soluciones viables que fortalezcan el estado social y mejoren la vida cotidiana de los ciudadanos y las ciudadanas.
Ola solidaria, huelga general
Al final, ha tenido que ser un caso particular, pero no único, el desahucio de una mujer de 87 años, el apoyo social que suscitó y su fallecimiento en un hospital pocos días después, el que ha desatado una enorme ola de solidaridad ciudadana (y una paralela ola, no menor, de insultos, bulos y odio por buena parte de las derechas mediáticas y partidistas) y ha vuelto a poner la vivienda en primer plano de la agenda social y política. En el que siempre debió estar.
Un aldabonazo social y político con mucha gente manifestándose en las calles, con una gran presencia de jóvenes, exigiendo el fin de la actual e injusta situación y planteando propuestas para superarla. Y que tiene su continuidad en la huelga general convocada para el 11 de noviembre y las movilizaciones que le acompañarán. Que sirven para generar conciencia y para exigir a las instituciones transformaciones profundas para hacer efectivo el derecho a la vivienda. Cambios que se antojan imposibles si gobiernan PP y Vox, como de momento apuntan las encuestas.
Nueva Canarias-Bloque Canarista apoya esa huelga en consonancia con su permanente defensa de cambios legislativos que faciliten el acceso a una vivienda digna en condiciones razonables, combatiendo la especulación. Antes de las actuales movilizaciones elaboramos una Proposición de Ley Canaria de Garantía del Derecho a la Vivienda Protegida y Asequible, que hemos presentado en el Parlamento. Considerando que la vivienda tiene que ser un derecho efectivo, no un privilegio para quien puede pagar los precios del mercado. Convencidos, además, de que desde el autogobierno se pueden y deben cambiar las cosas, disponiendo Canarias de las competencias en esta materia y de instrumentos y recursos para afrontarla si hay auténtica voluntad política y defensa del interés general. De la que por completo ha carecido el Gobierno CC-PP.
Román Rodríguez es secretario nacional de Estrategias, Programas y Formación de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc).
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