Parece evidente que las medidas adoptadas por el Gobierno, en materia de desahucios, nohan sido lo suficientemente contundentes para frenar el incesante goteo de sentencias quedejan a familias enteras sin ...
Parece evidente que las medidas adoptadas por el Gobierno, en materia de desahucios, no
han sido lo suficientemente contundentes para frenar el incesante goteo de sentencias que
dejan a familias enteras sin techo.
Sin embargo, hay que reconocer que nunca antes en Democracia un Gobierno había
puesto coto a un proceso que en la mayor parte de los casos es injusto porque se ceba,
precisamente, con quienes menos tienen. La realidad es que desde que comenzó la crisis
el número de ejecuciones presentadas en los tribunales se ha multiplicado por cuatro.
Siete meses han pasado desde que casi un centenar de entidades financieras se sumaran
a la reforma planteada por el Gobierno para reducir los embargos a familias en riesgo
de exclusión. Se ponía en marcha un Código de Buenas Prácticas cargado de buenas
intenciones, puesto que en su finalidad está lograr que los desahucios dejen de ser una
práctica habitual para convertirse en la última alternativa para las familias. Una medida
que, por otro lado, el Gobierno del Partido Socialista fue incapaz de implementar, a pesar
de que bajo su mandato se alcanzaron cifras récord de desahucios; casi 60.000 en el año
2011.
Un asunto complejo, sin duda, donde la elección de un Código se basó en la necesidad de
complementar un cambio normativo, donde la retroactividad de las normas es cuestionable,
pero en el que urge dar solución a las hipotecas en vigor, sobre todo a las que se firmaron
durante el boom inmobiliario.
¿Y por qué en mi modesta opinión afirmo que ha faltado contundencia?. Pues porque
lamentablemente en este país, a pesar de que los españoles somos líderes en solidaridad
y carácter voluntario, apelar a la buena fe de las entidades financieras es casi una utopía.
Y ese ha sido el fundamento de esta norma, tan pionera como valiente, pero carente del
rigor que precisan los tiempos.
Dicho esto, ha llegado el momento del análisis y la evaluación. Y no tengo ninguna duda de
que esta reforma es una prioridad para el Gobierno del Partido Popular, que se centrará
precisamente en resolver esa voluntariedad a todas luces ineficaz y que, en esencia,
debería garantizar la liquidación de la deuda mediante la entrega del bien hipotecado, así
como una garantía para que las familias mantengan sus viviendas en régimen de alquiler
mediante el pago de una renta que esté en sintonía con su nivel de ingresos.
¿Pero es ésta la única vía?. No. La realidad es que, a pesar de lo dicho y de lo hecho, para
las entidades financieras el desahucio tampoco es la mejor de las soluciones, no sólo por
el efecto social y el deterioro en la imagen empresarial que provoca, sino porque desde el
punto de vista económico, ni siquiera resulta eficaz.
La dación en pago con carácter general podría encarecer las hipotecas, de ahí que sea
fundamental incidir en su aplicación a las personas sin recursos, sin menoscabo de agotar
otras vías menos traumáticas como la reestructuración y rebaja de la deuda, la aplicación
de una carencia, o la reducción del tipo de interés.
Dar soluciones es lo que se espera de un Gobierno responsable. Un Gobierno que no elude
afrontar los verdaderos problemas de los ciudadanos y que da la cara. Y les aseguro que
para este Gobierno del Partido Popular, las personas siguen siendo una prioridad.
*Oscar Luzardo Fuentes, senador por Lanzarote del Partido Popular
