El encarecimiento de la cesta de la compra ha hecho saltar las alarmas en todos los hogares. En apenas unos pocos años, y sobre todo en los últimos meses, algunos productos y servicios considerados básicos y de primera necesidad ...
El encarecimiento de la cesta de la compra ha hecho saltar las alarmas en todos los hogares. En apenas unos pocos años, y sobre todo en los últimos meses, algunos productos y servicios considerados básicos y de primera necesidad (pan, huevos, leche, carne, combustible, etc.) han incrementado notablemente su valor en el mercado sin que el nivel adquisitivo de los consumidores haya experimentado un ascenso por igual. Esta situación nos hace percibir de forma directa y cruda una pérdida relativa de nuestra calidad de vida, porque lo notamos en nuestros bolsillos, y lo hace precisamente en un clima de incertidumbre económica y financiera mundial y de redefinición general de la agenda de prioridades.
Las asociaciones de consumidores como Facua o la Organización de Consumidores (OCU) han calificado este alza de precios de excesivo y desproporcionado. Facua ha llegado incluso a mencionar que algunos de estos incrementos tienen su origen en un movimiento "especulativo" y exige investigar si se están produciendo comportamientos de concertación de precios, cuestión que me consta se está haciendo y vigilando muy estrechamente.
La población también se ha movilizado. En los últimos meses asistimos a un reclamo popular en forma de convocatorias, manifestaciones y participación ciudadana a través de los medios de comunicación, en las que los protagonistas son las amas de casa, los padres y madres de familia, los jóvenes, en definitiva los ciudadanos, que exigen alguna respuesta o soluciones a esta situación incierta que les afecta muy directamente.
Es precisamente en estas situaciones cuando se hace más necesario que nunca que los responsables públicos demos la cara, alimentemos nuestra vocación de servicio y nos empapemos de realidad, de "real politik", participando en el debate popular y contribuyendo desde nuestras áreas de responsabilidad en la búsqueda de soluciones a corto, medio y largo plazo. Para eso estamos.
En este sentido pretendo explicar aquí algunas de las líneas de actuación que hemos emprendido desde el Cabildo Insular de Lanzarote a partir de nuestro análisis de la situación y después de escuchar detenidamente a la población. Algunas de estas actuaciones ya las estamos ejecutando, otras pretendemos desarrollarlas durante los próximos meses.
A nuestro juicio, y tratándose de un asunto de esta trascendencia social que afecta, en mayor o menor medida, a todos los ciudadanos, es imprescindible lograr la unidad de todas las fuerzas políticas en torno a una agenda común para ejercer una sola fuerza en el Parlamento de Canarias, que es donde se pueden aprobar las leyes de carácter autonómico que modifiquen o palien esta tendencia de los mercados y donde se puede identificar y reclamar medidas concretas a los máximos responsables de la gestión de nuestro presupuesto público. Es esta institución el vehículo adecuado además para intermediar en nombre de Canarias ante el Estado y ante Europa.
Desde la Corporación Insular de Lanzarote se está trabajando ya en la unidad de todos los parlamentarios autonómicos de nuestra Isla, al margen de su color político para presionar juntos por algunas cuestiones que son de sentido común y que pueden tener rápidos efectos positivos sobre los precios de los productos y servicios básicos. Además los parlamentarios socialistas de nuestra isla han reclamado la presencia del Ejecutivo en la Cámara Autonómica para explicarnos qué va a hacer para reducir el impacto del alza de precios, cuándo y cómo.
Mientras, el Cabildo de Lanzarote pretende sumar esfuerzos con la Isla hermana de Fuerteventura, cuya situación tanto se asemeja a la nuestra en esta materia. Así, en las próximas semanas trataremos de reunirnos con los representantes públicos del Cabildo de Fuerteventura para procurar hacer fuerza común. Baste recordar que las dos islas juntas suman 15 diputados en el Parlamento de Canarias, que no son pocos.
En pocos meses se implantará una nueva normativa europea para el comercio que viene a abrir nuevas posibilidades para aquellas compañías que desean implantarse en las islas, incluidas las que se denominan de "descuento duro". Para colaborar con este nuevo marco normativo, desde el Cabildo de Lanzarote intentaremos presentar un frente común con la Isla de Fuerteventura de forma y manera que el volumen poblacional de ambas islas haga interesante y viable económica y empresarialmente la entrada de nuevas compañías de distribución y comercialización de alimentos y productos básicos.
De forma paralela, el esfuerzo inversor del Cabildo de Lanzarote, dentro de sus competencias y de sus posibilidades económicas, va a estar destinado a mejorar e incrementar la producción del sector primario insular procurando rebajar el precio del producto final a partir de una reducción de los intermediarios y la creación de infraestructuras destinadas a mejorar los estándares de calidad, la eficacia y la productividad de este sector. También se potenciarán líneas de distribución y comercialización más próximas a los sectores productivos y que tengan más en cuentaa ese gran segmento de la demanda que son los turistas.
No obstante, somos conscientes de que todos estos esfuerzos serán inútiles si no logramos incrementar las rutas marítimas de transporte de mercancías y pasajeros para abastecer a nuestras islas con la oferta y variedad necesarias, así como abaratar los costes de tasas, impuestos, fletes, y demás. Si pretendemos avanzar por una relativa unidad de mercado que nos beneficie a las islas no podemos pagar peajes por el transporte de pasajeros y mercancías entre islas.
Hay un caso concreto, la línea de transporte marítimo entre Playa Blanca y Corralero, en el que resulta conveniente trabajar desde ya. Esta es con diferencia la ruta comercial más transitada y rentable de cuantas se gestionan entre puertos dependientes del Gobierno de Canarias, y por tanto hemos de hacer repercutir parte de lo recaudado en forma de impuestos en una mejora de las infraestructuras y en el abaratamiento del tránsito de mercancías y pasajeros. Esto repercutirá directamente en el precio final de productos y servicios básicos.
Todas estas acciones e iniciativas políticas, y otras como la exigencia de un Punto de Inspección Fronteriza (PIF) en nuestro principal puerto insular, no van a tardar en materializarse pero sí en notarse en los bolsillos de los consumidores. Hemos de tener paciencia y trabajar unidos con objetivos concretos. En definitiva nos beneficia a todos los consumidores por igual, y por tanto es un gran objetivo social y público que está por encima de colores o intereses políticos y partidistas.
No quiero finalizar sin recalcar que todas las acciones que se emprenden hoy, no se notaran en el coste de la cesta de la compra hasta dentro de un año y medio aproximadamente. Esto es debido a que cualquiera de esta iniciativas, incremento de la producción del sector primario, dotación de infraestructuras de transporte marítimo, bajada de costes en materia de tasas, etc., no estarán en funcionamiento al menos en ese tiempo, pero si no comenzamos a trabajar todos unidos en esa dirección nunca se conseguirán los objetivos deseados, que no es otro que unos precios asequibles y acordes a nuestra economía de los alimentos y productos de primera necesidad.
*Juan Félix Eugenio, consejero de Economía y Hacienda del Cabildo de Lanzarote
