Hay dos circunstancias que coinciden en estos momentos en Arrecife: se acercan unas elecciones y estamos cada vez más cerca de culminar la aprobación definitiva de un documento de planeamiento que nuestra ciudad lleva esperando más de treinta años.
Y parece que esa coincidencia ha despertado de golpe un enorme interés del Partido Socialista de Lanzarote por el urbanismo de nuestra capital.
Entre sus dirigentes y sus voceros en Arrecife, cada informe, cada trámite y cada avance del Plan se ha convertido en una nueva oportunidad para lanzar titulares alarmistas, sembrar dudas y presentar como una amenaza lo que es una buena noticia para la ciudad.
Lo curioso es que ese entusiasmo por participar en el futuro urbanístico de Arrecife llega precisamente cuando el procedimiento se encuentra en su recta final.
Porque conviene recordar algo que algunos parecen haber olvidado: el momento de debatir, proponer y mejorar este documento no comenzó ayer.
Han sido años de trabajo, dos exposiciones públicas y oportunidades para estudiar el Plan, presentar alegaciones, plantear alternativas y contribuir a mejorar su contenido. Y el PSOE, además, ha tenido responsabilidades de gobierno durante parte de ese tiempo.
Por eso sería razonable que explicaran qué propuestas formularon entonces, qué alternativas defendieron y qué hicieron desde sus responsabilidades institucionales para contribuir a que Arrecife pudiera contar con un planeamiento actualizado.
La aprobación definitiva no es una nueva exposición pública ni una invitación a empezar de cero cada vez que alguien descubre que se acercan unas elecciones.
Es la culminación de un procedimiento que ha tenido sus trámites de participación y que debe concluir con todas las garantías técnicas y jurídicas.
Y detrás de tanto ruido hay una cuestión mucho más importante.
Se está acabando el tiempo de la indefinición urbanística. Y no parece que todo el mundo reciba la noticia con el mismo entusiasmo.
Durante décadas, Arrecife ha tenido que convivir con una situación urbanística que ha generado inseguridad, retrasado inversiones, dificultado la construcción de viviendas y condicionado el desarrollo de barrios enteros.
Una situación en la que lo que para cualquier vecino podía convertirse en un auténtico laberinto administrativo resultaba mucho más fácil de afrontar para quienes disponían de recursos económicos, conocimientos especializados o asesoramiento profesional.
Porque cuando las reglas no están suficientemente claras, no todos juegan con las mismas cartas.
Y sería ingenuo pensar que décadas de incertidumbre urbanística han tenido las mismas consecuencias económicas para todos.
Mientras muchas familias han esperado durante años para resolver problemas con sus viviendas o sus propiedades, la complejidad del sistema también ha generado oportunidades de negocio para determinados sectores profesionales y económicos.
Esos nos obliga a meditar y examinar las responsabilidades políticas de quienes gobernaron durante buena parte de ese periodo.
No deja de resultar llamativo que el PSOE pretenda presentarse ahora como el gran defensor de la seguridad jurídica y del territorio sin ofrecer un balance suficientemente claro de sus propias decisiones urbanísticas.
Qué soluciones aportaron, qué problemas resolvieron y por qué Arrecife ha llegado hasta aquí sin disponer de un planeamiento actualizado son preguntas que merecen respuestas.
Porque algunos recordamos demasiado bien una época en la que, ante determinados problemas urbanísticos, los vecinos terminaban buscando respuestas en despachos privados en lugar de encontrarlas con claridad en las administraciones públicas. ¿Quizás fuera ese el objetivo?
Y eso es precisamente lo que debemos superar.
Las reglas que ordenan una ciudad deben ser públicas, claras e iguales para todos, y las decisiones correspondan a quienes tienen legalmente atribuida esa responsabilidad.
El futuro de Arrecife no puede depender de a qué puerta se llame, sino de qué dice la norma.
Pero vayamos a lo importante. Hablemos del Plan. Del que realmente estamos tramitando, no del que aparece dibujado en determinados comunicados políticos.
Hablemos de una propuesta que eleva del 10 % al 30 % la reserva de vivienda protegida en determinados suelos urbanizables. Es decir, que triplica esa reserva para contribuir a que el crecimiento de Arrecife también ofrezca oportunidades a las familias y a los jóvenes que hoy tienen enormes dificultades para acceder a una vivienda.
Hablemos de revisar y homogeneizar alturas en distintos ámbitos de la ciudad, especialmente en barrios del norte y en el entorno de la Rambla Medular, donde se contemplan incrementos de dos o tres plantas en función de las condiciones urbanísticas de cada zona.
Y hablemos de algo que para algunos puede parecer una simple línea en un plano, pero que para muchas familias supone una oportunidad de futuro: permitir, donde las condiciones técnicas y legales lo hagan posible, que una vivienda pueda crecer una planta más para que los hijos de sus propietarios tengan una alternativa habitacional sin abandonar el barrio en el que nacieron.
Eso también es hacer política de vivienda.
Como también lo es ordenar el suelo para que Arrecife pueda disponer de nuevos espacios libres y zonas verdes, más aparcamientos, mejores equipamientos públicos y las reservas necesarias para nuevos centros educativos y sanitarios o regularizar la situación de tantas familias en nuestros diseminados.
Ahí está, por ejemplo, la necesidad de dar respuesta a Argana y a su futuro centro de salud. Una demanda que no puede seguir eternamente condicionada por la falta de soluciones urbanísticas.
Porque una ciudad no se construye únicamente levantando edificios. Se construye garantizando que sus barrios tengan colegios, centros sanitarios, espacios de convivencia, servicios y oportunidades.
Y, sobre todo, se construye estableciendo unas reglas que sean las mismas para todos.
Que dos vecinos en condiciones equivalentes puedan ejercer los mismos derechos. Que las posibilidades de desarrollar una parcela no dependan de quién sea su propietario. Que el interés general esté por encima de cualquier interés particular.
Eso es lo que debe garantizar un planeamiento serio.
Por supuesto que un documento de esta complejidad admite discrepancias, correcciones y mejoras. Precisamente para eso se han desarrollado los procedimientos administrativos, los informes técnicos, la participación pública y los controles jurídicos.
Pero esos cauces han existido durante años. No puede pretenderse que la ciudad permanezca indefinidamente en el punto de partida.
La participación pública no es decorativa. Tiene plazos, procedimientos y oportunidades reales para intervenir. Y quienes han tenido responsabilidades de gobierno durante este proceso deben responder también por cómo aprovecharon esas oportunidades.
En este camino quiero detenerme especialmente en mi compañero Maciot Cabrera, concejal de Urbanismo, que ha asumido una tarea tan necesaria como compleja y que está demostrando constancia, determinación y compromiso para que Arrecife pueda culminar este proceso.
Y quiero decirle algo públicamente: que no pierda ni un minuto de su tiempo ni un gramo de su entusiasmo atendiendo a determinados ataques. Que siga trabajando con la misma determinación, las mismas ganas y el mismo compromiso con Arrecife que ha demostrado hasta ahora.
Porque quienes hoy se dedican a cuestionar su trabajo bien quisieran alcanzar, aunque fuera de lejos, su capacidad de esfuerzo, su constancia y su empeño en resolver problemas que llevan décadas pendientes.
La crítica política es legítima y necesaria, pero debe estar acompañada de argumentos y alternativas. Cuando estos faltan, solo queda el ruido.
Y frente al ruido, la mejor respuesta de Maciot será seguir trabajando para que Arrecife tenga, por fin, el planeamiento que lleva más de treinta años esperando.
Porque este Plan no es de Maciot, ni mío, ni de un partido político. Es una herramienta para el futuro de Arrecife.
A los dirigentes socialistas y a sus portavoces en Arrecife les diría que tienen todo el derecho del mundo a discrepar, a fiscalizar y a defender otro modelo de ciudad. Pero sería mucho más útil que explicaran con propuestas concretas qué habrían hecho de otra manera y por qué no lo defendieron cuando tuvieron ocasión de participar.
Que nos digan qué reservas de vivienda protegida consideran insuficientes, qué dotaciones públicas proponen, qué alternativas plantean para los barrios y cómo piensan resolver los problemas que llevan décadas pendientes.
Porque oponerse es sencillo. Resolver es bastante más complicado.
También convendría recordar que defender el territorio no significa mantener una ciudad paralizada. Defender el territorio es ordenar su crecimiento, proteger sus valores, garantizar los servicios públicos y conseguir que los beneficios que genera el desarrollo urbano reviertan en el conjunto de la ciudadanía.
No se protege mejor Arrecife condenando a sus jóvenes a marcharse por falta de vivienda, ni impidiendo que sus barrios puedan disponer de nuevos equipamientos.
Y tampoco se defiende mejor el interés general manteniendo un sistema urbanístico difícil de comprender para quienes no son amigos o compañeros de batallas.
Nosotros defendemos precisamente lo contrario: seguridad jurídica, transparencia, igualdad de oportunidades y decisiones públicas sometidas a criterios técnicos y al control democrático.
Y defendemos también que Arrecife conozca su propia historia urbanística. Que se explique qué decisiones se adoptaron en el pasado, cuáles fueron sus consecuencias y qué responsabilidades políticas existieron en cada etapa.
Sin simplificaciones, sin acusaciones gratuitas, pero también sin miedo a revisar los capítulos menos cómodos de esa historia.
Porque el planeamiento no solo debe servir para ordenar el futuro. También debe permitirnos aprender de los errores del pasado.
A estas alturas, lo que Arrecife necesita no es otra década de incertidumbre ni otra colección de notas de prensa anunciando desgracias.
Necesita viviendas, aparcamientos, zonas verdes, colegios, centros sanitarios y oportunidades. Necesita que sus barrios puedan desarrollarse con criterios homogéneos y que sus vecinos sepan con claridad qué pueden hacer y qué no pueden hacer con sus propiedades.
Y necesita que la política urbanística se decida donde corresponde: en las instituciones, con transparencia y con las garantías que establece la ley.
Por eso quiero dejar algo absolutamente claro.
No vamos a dar un paso atrás.
Vamos a seguir trabajando hasta culminar la aprobación definitiva del Plan, con todos los informes y garantías legales necesarios, porque Arrecife no puede permitirse continuar indefinidamente atrapada en los problemas urbanísticos de hace treinta años.
Ni las elecciones, ni la confrontación partidista, ni el ruido mediático van a cambiar ese compromiso.
Arrecife va a tener un Plan, con el Partido Socialista o sin el Partido Socialista.
Y quienes tuvieron la oportunidad de participar en su elaboración y no lo hicieron tendrán que explicar sus decisiones. Nosotros asumiremos la responsabilidad de culminar el trabajo.
Porque Arrecife tiene un plan. Y vamos a seguir trabajando para hacerlo realidad.
Y si a algunos les incomoda que por fin pongamos orden, tendrán que acostumbrarse. Porque cuando se acaba el desorden, también se acaba el chollo.
Añadir La Voz de Lanzarote como fuente preferida de Google.
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.