La impunidad con la que los buggies trituran el suelo de Lanzarote constituye una amenaza real e inminente para la isla.
Quienes vivimos aquí fuimos testigos de cómo se forjó una identidad única en el mundo, un equilibrio ejemplar donde el progreso avanzaba de la mano de la protección de nuestra naturaleza. Sin embargo, la realidad actual a pie de calle dista mucho de esa postal idílica. El descontrolado auge de las excursiones motorizadas por los caminos rurales acelera un proceso de degradación que terminará por pasar una factura impagable a nuestro territorio.
El impacto de estas caravanas no es una exageración; es una herida abierta en el día a día de nuestros pueblos. Zonas de enorme valor agrícola y paisajístico sufren el paso constante de grupos de vehículos que destrozan el firme de los senderos tradicionales. Al paso de estas rutas, la fina capa de ceniza volcánica y los enarenados que caracterizan nuestro campo quedan triturados bajo los neumáticos, lo que agrava la erosión de un suelo que tardó siglos en consolidarse. Además, las inmensas nubes de polvo cubren los cultivos colindantes y asfixian el trabajo de los agricultores locales que intentan mantener vivo el sector primario.
A la destrucción física del terreno se añade la contaminación acústica. El ruido estridente de estos motores rompe la paz característica del paisaje conejero. Altera los ciclos vitales y de reproducción de la avifauna local (como las amenazadas hubaras) en espacios que deberían ser santuarios de tranquilidad, al tiempo que expulsa a los propios residentes de sus lugares de esparcimiento. Los caminos rurales se diseñaron para la conectividad agrícola y el disfrute a pie, no para convertirse en circuitos privados de velocidad para turistas deseosos de una adrenalina rápida e incompatible con la identidad insular.
La complacencia de las instituciones públicas ante este modelo de negocio resulta temible. Resulta indignante que el lucro rápido de unos pocos operadores privados se anteponga a la calidad de vida de los residentes y a la protección de una Reserva de la Biosfera que nos pertenece a todos. Vender la isla como si fuera un parque de atracciones de aventura extrema devalúa nuestra marca y ahuyenta al visitante que busca precisamente la calma, la cultura y la desconexión.
Las medidas actuales de control se muestran totalmente insuficientes y la masificación de estas actividades en puntos negros de la isla es ya una realidad insoportable para los vecinos.
Llegados a este punto, la solución no pasa por firmar más compromisos de sostenibilidad de cara a la galería, ni por redactar normativas ambiguas que nadie se encarga de vigilar. Es hora de actuar con firmeza política aplicando restricciones contundentes: reducir las licencias concedidas, acotar de forma estricta los itinerarios permitidos y vigilar de verdad que ningún vehículo motorizado pise las zonas de exclusión.
Las autoridades locales deben ser valientes para poner freno inmediato a este despropósito. O defendemos el silencio ahora, o el ruido del dinero enterrará el futuro de Lanzarote.
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