Responsabilidad canaria

27 de octubre de 2020 (21:23 CET)

Canarias se ha quedado fuera del toque de queda impuesto en el país entre las 23:00 y las 06:00 horas, y, con ellas, las dos islas que me honro en representar en el Senado: Lanzarote y La Graciosa. Pero eso no es todo. Alemania y Reino Unido han levantado la recomendación de no viajar al Archipiélago canario debido a la pandemia de la COVID-19. Así que tenemos, por un lado, que Canarias es una excepción al nuevo estado de alarma acordado por el Consejo de Ministros, y, por otro, la reapertura al turismo de los dos principales mercados emisores hacia las Islas.

Qué afortunados los canarios, dirán unos, mientras otros se preguntarán dónde está el misterio. ¿Suerte? ¿Seguro de sol? ¿Vivimos en una hora menos? ¿Dieta a base de plátano, mojo y papas arrugadas? Nuestra única certeza es que los datos epidemiológicos en nuestro Archipiélago son mejores, de momento, a los que registran otras comunidades autónomas. Por esa razón nos hemos ganado la confianza, por ahora, de los gobiernos español, británico y alemán, lo cual nos permite encarar con esperanza el resto del otoño y el invierno en materia turística, que es lo que da de comer a la mayoría de los canarios.  

¿El clima, quizá? ¿Acaso el hecho insular y la lejanía de la España continental? ¿A lo mejor el gran Benito Pérez Galdós nos guarda en su centenario? Con seguridad, muchos factores explican que las Islas Canarias se encuentren, de momento, en una situación distinta a la mayor parte del país, y uno de ellos es un Gobierno regional de progreso liderado por el socialista Ángel Víctor Torres. ¿La receta? Serenidad, prudencia, sensatez, unidad, diálogo, consenso, transparencia, la salud pública por delante de la economía para que esta pueda reactivarse con garantías, lealtad institucional, información veraz…

Con estos ingredientes, resulta de lo más normal que los agentes sociales y económicos representativos en Canarias —sindicatos como UGT y CCOO y patronales como CEOE y CCE— y los cabildos insulares hayan respaldado el  decreto ley del Gobierno de Canarias que posibilitará el control anti-COVID de los turistas que lleguen a las Islas, ya sean extranjeros o nacionales. El objetivo es conseguir que los turistas se alojen con la máxima seguridad sanitaria y previa presentación de un certificado en el establecimiento turístico que demuestre que no están contagiados por el virus que produce la COVID-19.

Por lo tanto, una parte de nuestro secreto, momentáneo, reside en la responsabilidad canaria, el todos a una que encabezan las instituciones y representantes públicos, así como las organizaciones civiles de todo tipo, siguiendo por el personal sanitario, los rastreadores y el conjunto de la población. Pero, en medio, hay multitud de iniciativas ejemplares que no es posible enumerar aquí, pero entre las que se encuentra el Equipo de Prevención Covid-19 del Cabildo de Lanzarote. Más de 50 informadores públicos están recorriendo todos los municipios de Lanzarote y La Graciosa, para concienciar a la ciudadanía sobre las principales medidas de seguridad que nos protegen del coronavirus.

Al embridar, de momento, la pandemia también ha sido posible programar la recuperación mediante el diseño del Plan para la Reactivación Social y Económica de Canarias —Plan Reactiva Canarias—, que ha sido aprobado por el Parlamento autónomo sin ningún voto en contra, con el apoyo de dos partidos de la oposición y la abstención del tercero, el PP. No sabemos lo que nos deparará el futuro, pero de lo que no cabe duda es que este es el camino de la responsabilidad canaria: juntos y unidos.

Fco. Manuel Fajardo Palarea, senador del PSOE por Lanzarote y La Graciosa.

 

LO MAS LEÍDO