Hay momentos en la historia de un territorio en los que una generación tiene que decidir si quiere limitarse a administrar lo que recibe o si está dispuesta a construir el futuro que recibirán quienes vengan detrás. Lanzarote se encuentra, una vez más, ante una de esas decisiones.
Actualmente hablamos mucho de vivienda, de saturación turística, de falta de agua, de movilidad, de residuos, de presión sobre los servicios públicos o de pérdida de territorio. Pero todos estos problemas tienen un denominador común, durante demasiado tiempo hemos permitido que el desarrollismo turístico se convierta en el principal criterio para decidir cómo planificar nuestra isla, nuestro hogar.
Hoy Lanzarote necesita recuperar algo que durante décadas supo hacer, y esto es poner límites al desarrollismo “sin tino”.
Para entender que esto no es una propuesta utópica ni populista, basta con mirar nuestra propia historia. En 1991, durante la presidencia de Enrique Pérez Parrilla, el Cabildo impulsó el Plan Insular de Ordenación Territorial de Lanzarote. Aquel instrumento, aprobado definitivamente por el Gobierno de Canarias mediante el Decreto 63/1991, otorgó al Cabildo mecanismos de control e intervención sobre la ordenación del territorio insular y estableció límites a la programación del crecimiento. Aquella decisión política cambió Lanzarote.
Si Enrique Pérez Parrilla y quienes le acompañaron no hubieran entendido entonces que había que frenar el desarrollismo, hoy viviríamos en una isla completamente diferente. Probablemente tendríamos más urbanizaciones, más cemento, más carreteras y muchas más camas turísticas. Tendríamos, también, menos territorio libre y menos paisaje. La isla que conocemos -con todas sus contradicciones y problemas- es en buena medida consecuencia de quienes tuvieron el valor de decir que no todo lo que podía construirse debía construirse.
El PIOT de 1991 partía de una idea que hoy vuelve a ser imprescindible, el territorio tiene límites. El propio Plan establecía una estructura territorial diferenciada, delimitaba el suelo máximo de los núcleos turísticos y señalaba que el planeamiento municipal no podía utilizar su programación para incrementar las plazas previstas.
Treinta y cinco años después, necesitamos recuperar ese espíritu. Porque el problema es que Lanzarote vuelve a encontrarse ante el mismo dilema que entonces, pero con mucha más presión poblacional.
La diferencia es que ahora sabemos lo que ocurre cuando dejamos que el mercado marque por sí solo el rumbo de una isla. Lo vemos en la vivienda, convertida en un bien cada vez más difícil de alcanzar para una parte creciente de nuestra población. Lo vemos en la presión sobre el agua y las infraestructuras. Lo vemos en unas carreteras cada vez más saturadas. Lo vemos en la transformación de nuestros pueblos y costas. Y lo vemos en cómo se pone en riesgo nuestros espacios naturales.
Lo vemos, sobre todo, en una pregunta que ya nadie debería poder esquivar, ¿cuánto más puede crecer Lanzarote sin dejar de ser Lanzarote?
No necesitamos más discursos que confundan crecimiento con progreso. Necesitamos una política que vuelva a poner a las personas, al territorio y al interés general por delante de la rentabilidad económica. Eso significa recuperar Lanzarote.
Recuperarla del desarrollismo. Recuperarla de la especulación. Recuperarla de la lógica de que todo tiene un precio y de que todo puede convertirse en una oportunidad de negocio mientras los y las lanzaroteñas les cuesta llenar la cesta de la compra, ven sus playas y sus montes ocupados por guiris, ven que les falta agua en el grifo o que sus barrios o pueblos están cada vez más abandonados por falta de inversión pública.
Y recuperar Lanzarote no significa estar contra el turismo, no se equivoquen. Significa estar contra este modelo turístico que pretende que la isla se adapte permanentemente a sus intereses. Entender que el turismo debe adaptarse a los límites de Lanzarote y no Lanzarote a los límites que marque el turismo.
Por eso necesitamos una moratoria turística, una planificación territorial rigurosa, límites al crecimiento de las camas, una limitación firme de la vivienda vacacional en zonas residenciales y una estrategia económica que permita diversificar nuestra economía y fortalecer el sector primario, el comercio local y las actividades vinculadas al conocimiento y al cuidado de nuestra población.
Pero para hacer todo esto no basta con tener buenos documentos de planificación. Hace falta pueblo organizado.
Lanzarote fue capaz de frenar el desarrollismo sin límites porque existió una sociedad organizada que entendió que defender el territorio era defender la propia vida y el derecho a la isla. El asociacionismo, los colectivos ecologistas, las organizaciones vecinales, los movimientos culturales y la acción política fueron capaces de construir una conciencia colectiva que puso límites al poder económico. Así se evidencia en el documental “Compartir, Transformar, Decidir” que recomiendo ver.
Esa sociedad civil sigue siendo imprescindible. Necesitamos recuperar el asociacionismo. Necesitamos recuperar el ecologismo como fuerza transformadora. Necesitamos recuperar la participación vecinal. Necesitamos que nuestros pueblos vuelvan a discutir qué modelo de isla quieren. Y necesitamos recuperar una política que no tenga miedo a enfrentarse a quienes tienen más dinero, más capacidad de presión o más acceso a los despachos.
Aquí aparece una cuestión que debemos abordar. Si continúan gobernando las fuerzas políticas ultraliberales que han convertido el crecimiento turístico en una especie de “todo o nada”, corremos el riesgo de que las decisiones sobre el futuro de Lanzarote sigan tomándose desde la lógica de quienes más se benefician de ese crecimiento.
Cuando un Gobierno renuncia a ejercer el poder público para poner límites al poder económico, acaba dejando que ese poder económico gobierne. Y quienes deberían defender el interés general terminan actuando como intermediarios de los intereses de la gran industria turística, el pueblo pierde capacidad de influencia.
El problema aparece cuando esos intereses terminan imponiéndose sobre el derecho de la mayoría a tener una vivienda, a disfrutar de un territorio singular y cuidado, a disponer de servicios públicos suficientes o a vivir en una isla que no esté permanentemente al servicio del visitante.
No queremos que los hoteleros gobiernen Lanzarote directamente. Pero tampoco queremos que gobiernen a través de sus medianeros políticos. Frente a eso, nosotros defendemos una idea. Pueblo organizado contra dinero organizado.
Ese debe ser el espíritu de la nueva etapa política que necesita Lanzarote. El ejemplo de Enrique Pérez Parrilla nos recuerda que gobernar también significa decir que no. Que planificar significa decidir qué no se va a construir. Que proteger el territorio exige enfrentarse a intereses poderosos. Y que una isla no se defiende únicamente con declaraciones institucionales, sino tomando decisiones políticas.
En estos momentos se está dando un nuevo paso para actualizar el planeamiento insular después de más de tres décadas. El avance del nuevo PIOL plantea supuestamente, entre otras cuestiones, una mayor protección territorial y una reducción del suelo destinado a nuevas camas turísticas. Es una oportunidad, sin duda. Pero un plan, por sí solo, no salvará Lanzarote.
Lo hará una sociedad que vuelva a creer que tiene derecho a decidir su futuro. Lo harán unas instituciones que estén dispuestas a ejercer su responsabilidad. Lo hará una política que no se arrodille ante quienes tienen más capacidad económica.
Lo hará, en definitiva, una mayoría social que entienda que poner límites no es frenar el progreso de Lanzarote, sino todo lo contrario, es protegerla.
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