Nos han repetido tantas veces que el mercado lo arregla todo que se les olvidó un pequeño detalle: preguntarle a los canarios si todavía pueden permitirse vivir en su propia tierra.
Y la respuesta empieza a ser dolorosamente evidente.
Según los últimos datos, tres de cada diez viviendas que se venden en Canarias terminan en manos de compradores extranjeros. Que nadie me malinterprete. El problema no es quien decide venir a vivir a estas islas cumpliendo la ley. Canarias siempre ha sido una tierra abierta, hospitalaria y acogedora. El problema es que, mientras llegan nuevos propietarios, cada vez son más los canarios que tienen que marcharse porque aquí ya no pueden construir un proyecto de vida.
Y eso no es progreso. Eso es un fracaso político.
Durante años nos han contado que el mercado inmobiliario era un éxito. Que subieran los precios era una magnífica noticia. Que entrara dinero de fuera era sinónimo de riqueza. Lo curioso es que esa riqueza nunca termina de llegar al bolsillo del camarero, de la enfermera, del policía, del agricultor o del joven que acaba la universidad y descubre que independizarse en Canarias es casi una fantasía.
Porque el mercado, efectivamente, se ha regulado solo. Ha regulado a nuestros jóvenes hacia el aeropuerto. Ha regulado a las familias hacia alquileres imposibles. Ha regulado a trabajadores esenciales hacia habitaciones compartidas con cuarenta años. Qué maravilla de regulación.
Luego aparecen los mismos de siempre diciendo que intervenir el mercado es poco menos que un sacrilegio. Curioso concepto de libertad ese que consiste en dejar libertad absoluta para especular, pero ninguna para que un joven pueda vivir en el barrio donde nació.
Canarias no tiene un problema de falta de amor por esta tierra. Tiene un problema de prioridades. Hemos permitido que la vivienda deje de ser un derecho para convertirse en un producto financiero.
Desde Nueva Canarias–Bloque Canarista defendemos que el derecho de los canarios a seguir viviendo en Canarias debe situarse en el centro de las políticas públicas: más vivienda pública, movilización de viviendas vacías, regulación de la vivienda vacacional donde expulse residentes y acceso digno para quienes viven y trabajan aquí.
Cada joven que abandona esta tierra porque no encuentra una vivienda asequible es un futuro médico, una futura enfermera, un futuro abogado, una futura profesora o un futuro ingeniero que perdemos. Es talento. Es riqueza. Es futuro.
Canarias no necesita convertirse en un parque temático donde todo esté en venta. Necesita seguir siendo una tierra donde quienes nacen, trabajan y construyen estas islas puedan vivir con dignidad.
Porque una isla que expulsa a su gente deja de decidir su futuro. La pregunta ya no es si el mercado funciona. La pregunta es mucho más incómoda: ¿Quién podrá vivir en Canarias dentro de diez años?