Aunque la ONU eligió el 20 de noviembre para celebrar el Día de la Infancia, fecha de la primera Declaración de los Derechos de los Niños, en 1959, dio opción a los territorios del mundo para que designaran su propio lugar especial en el calendario, y en la mayoría de las comunidades autónomas españolas festejamos esta jornada el 15 de abril.
Seguramente, las restricciones impuestas por la pandemia dificultarán la organización de actividades en las aulas, el espacio por excelencia de nuestra gente menuda, el marco donde transcurre buena parte de su desarrollo y su socialización.
Pero, aunque el grueso de las actividades transcurra entre las paredes de los centros y a través de la red, los medios de comunicación sacudirán este día nuestras conciencias con los datos de los niños y niñas de todo el planeta afectados por guerras, enfermedades, desastres naturales, desnutrición, exilio, orfandad… Por recordar un caso reciente, el de los 5.000 menores evacuados con sus familias a causa de la erupción del volcán La Soufriere en San Vicente, en el Caribe Oriental, hace unos pocos días.
Organizaciones como Save the children, UNICEF o Cruz Roja, ocupan la primera línea de defensa del derecho fundamental y prioritario de los menores como personas, que es la vida. Por tanto, colaborar con ellas es una buena manera de contribuir con la gran tarea de proteger nuestro futuro en la Tierra.
Pero, además, existen otros muchos factores con incidencia en la cuota de bienestar infantil en nuestro entorno, donde no hay adolescentes armados ni matrimonios forzados a edades tempranas, pero sí mucha desigualdad, mucha discriminación y muchos problemas adultos que repercuten sobre los pequeños, a veces con consecuencias indelebles. Un escenario que se ha visto agravado por la crisis socioeconómica derivada del impacto del Covid-19.
Es incuestionable que cuando el núcleo familiar se encuentra en dificultades económicas, los derechos de la infancia se pueden ver comprometidos: el derecho a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, moral y social; el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud; el derecho a la educación; el derecho a ser protegidos frente a toda forma de violencia, negligencia, abandono o explotación; el derecho al descanso y al ocio, al juego, a las actividades recreativas y a participar libremente de la cultura y las artes.
Todos ellos, vectores de la construcción de individuos sanos y de generaciones comprometidas con lo colectivo, con el interés general y la convivencia.
Por todo ello, desde las Administraciones, las áreas sociales y educativas trabajan de la mano con los departamentos económicos, de creación de empleo, fiscales… Nuestra sociedad requiere una atención poliédrica y extendida, con la certeza de que las familias, en toda su diversidad y circunstancias, constituyen el territorio donde los menores cubren sus necesidades materiales, relacionales, afectivas y de identidad. Proteger el hoy es proteger el mañana.
Lucía Olga Tejera, diputada del Grupo Parlamentario Socialista
