Tal y como sabemos, la oferta pública de empleo para este año 2018 impuesta por la Consejería de Educación en Canarias, asciende a la "módica" cantidad de 2.041 plazas, repartidas en 33 especialidades docentes; plazas las cuales, sin estar sujetas a ninguna presión legal o administrativa que obligue a ofertarlas en una sola convocatoria, pueden ser distribuidas según necesidades, de aquí al 2022 ¿A qué viene tanta prisa?...
Canarias con una población que ronda los 2.200.000 habitantes, cuenta con un 84,8% de población en edad propia para la actividad laboral. Pues bien, centrándonos en el sector educativo y comparativamente a otros territorios como Andalucía, cuya población es cuatro veces superior a la nuestra, ofertamos todavía 54 plazas más que en el sur del estado o que, por ejemplo Madrid que sobrepasa tres veces nuestra población y, oferta 417 plazas menos que Canarias. Esto datos evidencian de forma palmaria lo catastrófico que puede ser el "efecto llamada" que desde los sindicatos venimos alertando para asegurar que el trabajo de casa se construya en casa; sin menospreciar la importancia que tiene garantizar la estabilidad de los claustros docentes de nuestra escuela pública, que tan significativamente repercute en la calidad del itinerario escolar a seguir por nuestro alumnado.
Analizando la tasa de interinidad docente en Canarias que actualmente asciende al 28% del total de la plantilla docente, supone un total aproximado de 7.000 trabajadoras/es en jornada completa o parcial. Ésta destaca por su experiencia laboral en el aula y en ella, la administración educativa ha invertido fondos públicos en los últimos cuatro años, siendo destinados a la formación y actualización pedagógica del profesorado. No está demás apelar al convivir diario de los mismos/as, que además de estar inmersos en la preparación de una oposiciones de este calibre, se suma el estar ocupados/as en verter su creatividad, tiempo y esfuerzo en superar y ofrecer contenidos, vivencias, experiencias educativas y aprendizajes significativos en el aula, con el fin de ofrecer procesos educativos válidos para la inmensa mayoría de la diversidad actual de nuestro alumnado. Se enfrentan sin contemplaciones al riesgo de ser despedidos-as después de años de dedicación a la docencia.
Es menester adoptar decisiones políticas que regulen el acceso a la función pública proyectado en un contexto de retroalimentación positiva, dónde la calidad de las vivencias en el aula, se vean beneficiadas por estar gestionadas por adulto/as que encuentran un respaldo social en el trabajo educativo que hacen o quieren desarrollar en un futuro próximo. Para ello venimos reclamando, cuasi ya de forma histórica desde el STEC-IC, un sistema justo e igualitario: el Acceso diferenciado, un sistema a todas luces justo y equilibrado que garantiza los derechos y oportunidades tanto del profesorado interino como de los opositores libres; sin duda, sería una medida administrativa que ofrecería una salida socialmente muy constructiva.
Ya por último, y por continuar en la línea de cosas que nos debieran preocupar?nos referimos al alarmante índice en descenso de natalidad que sufre Canarias, el cual ha sido de un 20% en los últimos años. Este hecho en educación también presenta claras repercusiones, reflejado en los continuos cierres de centros educativos y consecuente pérdida de puestos de trabajo, lo que deriva en tener al actual funcionariado de carrera, dando tumbos por el archipiélago sin ejercer su derecho ya adquirido de destino definitivo. Entonces la duda puede ser? ¿estarán garantizados los derechos laborales de todos los y las funcionarios/as de carrera que entren a formar parte de la comunidad educativa en Canarias el próximo curso escolar?
Ante la apertura de tantas dudas, se hace imprescindible hacer un llamamiento a la Consejería de Educación, una vez más, subrayando la necesidad de ser coherentes en las decisiones políticas sobre un servicio público tan relevante como el educativo. La solución pasa por ofrecer un escalonamiento de las plazas ofertadas para 2018 de aquí hasta el 2022, según las necesidades reales del sistema educativo. Esta "solución" debe adaptar con criterio el acceso del funcionariado público, teniendo en cuenta las condiciones reales de la población implicada y sobre todo evidenciando que, contando con plantilla profesional y formada para los servicios del sector, con la mejora de los recursos ya existentes y adaptando una infraestructura que acompañe en condiciones, se asegure una gestión política equilibrada para con la Escuela Pública, la de todas/os. No por mucho madrugar, amanece más temprano.
* Cristina Rivero Suárez es miembro del STEC-IC
