Sólo la apertura del secreto de sumario de la Operación "Unión" permitirá saber si realmente Dimas Martín "había abierto despacho en su celda" de Tahíche, para dirigir desde allí una presunta trama para el cobro ...
Sólo la apertura del secreto de sumario de la Operación "Unión" permitirá saber si realmente Dimas Martín "había abierto despacho en su celda" de Tahíche, para dirigir desde allí una presunta trama para el cobro de comisiones ilegales en la isla, como llegó a afirmar el diario El País. Si se encontró o no un teléfono móvil y un ordenador portátil en su "habitación". Desde el sindicato de la prisión aseguran que no, y han mostrado su indignación por lo publicado.
Sin embargo, como tantas otras cosas, esta Operación también ha abierto un debate sobre el funcionamiento de la cárcel de Tahíche. Porque incluso dando por falsa la información publicada por El País, y descartando el extremo de imaginar una oficinita totalmente equipada para gestionar la corrupción de la isla desde la cárcel, lo cierto es que Instituciones Penitenciarias fue cuanto menos demasiado flexible con el líder del PIL.
Se lo dijo por dos veces la Audiencia Provincial de Las Palmas, anulando el tercer grado penitenciario que se le había concedido a propuesta de la Junta de Tratamiento de Tahíche, que dio luz verde a la semilibertad cuando sólo llevaba en la cárcel un año, y la condena era para ocho. Y ahora, se lo dice la Operación "Unión", que ha conseguido indicios racionales de que Dimas habría seguido delinquiendo mientras cumplía condena, y de que además estaba al frente de una presunta trama organizada.
Por eso, con ordenador portátil o sin él, lo cierto es que son muchas las explicaciones que deberían darse. Y resulta llamativo que sólo los representantes sindicales de los funcionarios de Tahíche hayan salido a la palestra para defender la honradez de la plantilla. Resulta sorprendente que se organice un traslado de cuatro de los siete encarcelados, sin explicar si responde o no a lo sucedido hasta la fecha o las informaciones que se han difundido sobre la prisión.
Mientras dure la intervención judicial y el secreto de sumario son muchas las cosas que no se pueden decir, pero nada impediría que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias saliera a defender el funcionamiento de Tahíche. O incluso que lo hiciera la Dirección del Centro Penitenciario. Pero de momento, sólo ha habido silencio, que sólo se ha roto por un representante sindical, indignado porque se esté empañando el trabajo de los funcionarios.
Sin embargo, ni siquiera los propios trabajadores pueden asegurar que Dimas Martín no tuviera un teléfono móvil. Y no pueden hacerlo porque, al margen de lo que tuviera o no el líder del PIL, lo cierto es que en esta cárcel, al igual que en casi todas, se "cuelan" demasiadas cosas que no deberían estar allí. Desde móviles, hasta drogas. Y eso se demuestra no ya en este proceso judicial de la Operación "Unión", sino en muchos otros casos de los que hay constancia en los Juzgados de Arrecife.
Falta de medios, limitaciones para registrar a los familiares que realizan visitas y a los propios internos cuando terminan estos encuentros en prisión, ya que se necesitan autorizaciones especiales para ir más allá del simple cacheo al interno, son algunas de las explicaciones que dan los propios trabajadores. Sin embargo, si increíble resulta que en un punto de una ciudad se trafique con droga de forma sistemática y evidente sin que se ponga solución, más inexplicable aún es que haya tráfico de estupefacientes en una prisión, o que algunos conocedores del régimen de una cárcel lleguen a afirmar, literalmente, que en el interior "hay más teléfonos móviles que en una tienda de Movistar".
Sin duda, éste no es un problema exclusivo de la cárcel de Tahíche, sino de los centros penitenciarios de toda España, y de muchos otros países. Pero eso no significa que sea admisible. Y si hay que poner más recursos, habrá que ponerlos. Igual que habría que resolverlo si el problema estuviera en la pasividad, la permisividad o incluso la complicidad de cualquiera de las personas que trabaja en una cárcel, bien como funcionario, como sanitario, como psicólogo, como educador o como encargado de la limpieza.
