Durante mucho tiempo hemos abordado la salud mental sobre todo desde la enfermedad, y el suicidio, desde la tragedia ya ocurrida. Actuábamos cuando el sufrimiento era visible, cuando la crisis había estallado y solo cabía la respuesta asistencial. Prevenir es lo contrario. Prevenir es llegar antes.
Llegar antes exige una sociedad capaz de reconocer el sufrimiento, de hablar de él sin estigma, de saber actuar cuando una persona, sea adolescente, adulta o mayor, empieza a mostrar señales de que necesita ayuda.
En estos años, la prevención de la conducta suicida ha dejado de ser un asunto exclusivamente sanitario en Canarias. El Programa de Prevención de la Conducta Suicida del Servicio Canario de la Salud, los protocolos que se han desarrollado y la formación impulsada por la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias han hecho de esto una responsabilidad compartida entre profesionales de la sanidad, la educación, los servicios sociales y el tercer sector.
La infancia y la adolescencia merecen una atención particular, porque los centros educativos suelen ser el primer lugar donde se detecta que algo cambia. El aislamiento, las autolesiones, el acoso, los cambios emocionales y de comportamiento son señales que un centro escolar puede leer antes que nadie. Por eso es positivo que Canarias cuente con un protocolo de intervención ante el riesgo suicida en las instituciones educativas, y que se haya formado a orientadores y profesionales que trabajan con menores.
Un profesor no tiene que convertirse en psicólogo, ni un orientador en psiquiatra. Pero ambos pueden hacer algo decisivo. Pueden detectar que algo ocurre, escuchar y activar la ayuda adecuada. Y muchos, cada día, ya lo hacen.
Sería un error, sin embargo, limitar la prevención únicamente a la juventud. Hay que pensar también en la persona adulta que atraviesa una pérdida, una ruptura, dificultades económicas o laborales, aislamiento social o una enfermedad grave. Y hay que pensar en nuestros mayores, para quienes la soledad no deseada, la pérdida de autonomía o la ausencia de redes sociales aumentan la vulnerabilidad. Por eso la prevención debe acompañar toda la vida, no solo una etapa concreta.
Esto obliga a ampliar la red de protección. La prevención no puede descansar únicamente en los profesionales de salud mental. Profesionales de atención primaria y enfermería, personal de servicios sociales, docentes, policías, personal de emergencias, voluntariado de asociaciones, profesionales de residencias y entrenadores deportivos se encuentran, en su día a día, con alguien que necesita ayuda. A todos ellos les debemos gratitud, aunque muchas veces actúen sin ni siquiera saberlo. No todos necesitan saber diagnosticar. Muchos pueden aprender tres capacidades esenciales. Reconocer, escuchar y derivar.
Aquí la formación adquiere una dimensión estratégica, y ahí radica la responsabilidad directa de la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias, que dirijo. ESSSCAN tiene un papel clave que cumplir. Nos corresponde convertir el conocimiento especializado en formación accesible, rigurosa, práctica y escalable.
Nos corresponde también consolidar un itinerario permanente de capacitación adaptado a cada colectivo. No necesita saber lo mismo un médico de familia que un profesor, un trabajador social, un policía o alguien que trabaja a diario con personas mayores. Pero todos deberían compartir unos conocimientos mínimos. Qué señales deben preocuparnos. Cómo preguntar. Cómo escuchar. Qué no debemos hacer. Cómo actuar ante un riesgo. Qué recursos activar.
En un territorio fragmentado como el nuestro, esto implica una responsabilidad añadida, que es garantizar que ese conocimiento llegue a todas las islas por igual. Ninguna isla debería sentirse más lejos de la ayuda que las demás. El siguiente paso consiste en pasar de formar profesionales a construir comunidades protectoras. La prevención debe estar donde transcurre la vida. En los colegios, los institutos, las universidades, los centros sanitarios, los servicios sociales, las empresas, los clubes deportivos, los centros de mayores, las familias. Y requiere información rigurosa dirigida a la ciudadanía, porque la primera señal rara vez aparece ante un profesional.
Aparece en casa, en una conversación, en un mensaje, en un cambio de comportamiento. Saber reconocerla, y saber dónde pedir ayuda, es también salud pública.
Todo esto debe evaluarse. No basta con medir el número de cursos impartidos o de profesionales acreditados. Hay que saber si la formación cambia comportamientos, si mejora la detección precoz, si facilita la coordinación entre agentes, si logra que las personas reciban ayuda antes. Formar sin evaluar no genera el valor que necesitamos.
Canarias dispone ya de estrategia, protocolos, profesionales, formación y experiencia acumulada. El reto ahora no es sumar más piezas. Es conectar las que tenemos. Es pasar de desarrollar programas de prevención a construir una cultura social de prevención, en la que pedir ayuda sea normal, y en la que sepamos mirar también el sufrimiento silencioso de nuestros mayores.
Prevenir el suicidio no empieza en una consulta de salud mental. Empieza antes. Empieza cuando decidimos hablar de ello con conocimiento y no con silencio. Y llegar antes, en esta materia, puede significar salvar una vida. Es, sencillamente, lo que queremos para Canarias.
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