Después de la travesía por el desierto que supuso la dictadura para el ejercicio del periodismo, la Constitución de 1978 trajo a España la libertad de expresión y el derecho a la información. Durante unos años, nos sentimos abrigados por la convicción de que cuanto nos llegaba a través de los medios había dejado de ser propaganda manipuladora al servicio de los poderes del Estado y su nuevo objetivo enfocaba a la triada formar, informar y entretener. Los hechos noticiosos se nos servían sin cocinar por chefs independientes y de su crudeza obtenía cada individuo su propia lectura y su propia conclusión.
Con la eclosión de Internet y los distintos formatos y canales electrónicos, la producción informativa se popularizó hasta niveles insospechados y generó un estado de euforia aún mayor respecto al acceso a los datos, rigurosos y veraces. El desvanecimiento de la distinción entre periodistas y ciudadanos y la desaparición de intermediarios y filtros haría que todo el espectro de relatos alternativos al oficial pudiera jugar en igualdad de condiciones.
Desafortunadamente, aquel primer análisis optimista sobre la libertad absoluta del flujo de noticias, que auguraba la construcción de una sociedad capacitada para tomar las mejores decisiones sobre la base de la mayor de las transparencias, se vino abajo. La misma tecnología que propiciaba la difusión de la verdad sirvió como cauce idóneo, inmediato y de alcance ilimitado, para la transmisión de bulos, noticias falsas, rumores y medias verdades, siempre con el objetivo de dañar al contrincante político, empresarial o de cualquier otra índole pública.
Y no hay duda de que la política es el caldo de cultivo perfecto para la desinformación pues versa sobre cuestiones complejas y susceptibles de interpretaciones diversas. Cualquier declaración puede retorcerse, cualquier medida que se tome hace aflorar multitud de alternativas que nunca serán testadas. Y a través de las plataformas de comunicación en línea los relatos paralelos se multiplican hasta hacer olvidar el asunto central del debate.
Hemos visto varios ejemplos de esta estrategia desestabilizadora en esta guerra partidista que no se abandona ni en situaciones críticas como la actual, de pandemia global. Hemos visto noticias falsas y memes correr a la velocidad del rayo, mostrando lo atinado de la investigación del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que asegura que los bulos se comparten un 70 por ciento más que las noticias reales.
Imagino lo agotador de luchar contra el virus y luchar, además, contra las mentiras. De ofrecer información sobre qué sucede y más aún sobre qué no sucede. No todo vale, no todo debería valer para desgastar al rival político. Añadir presión a quien toma decisiones destinadas a salvar vidas es una auténtica irresponsabilidad que la ciudadanía no debería olvidar nunca.
Ariagona González, diputada nacional y consejera de Industria y Energía del Cabildo de Lanzarote
