Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero también es cierto que desde el momento en que pesa una acusación sobre alguien, es costumbre popular que se produzca un juicio paralelo en la sociedad o que, ...
Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero también es cierto que desde el momento en que pesa una acusación sobre alguien, es costumbre popular que se produzca un juicio paralelo en la sociedad o que, cuanto menos, se ponga a esa persona bajo sospecha y en cuarentena. Y si el acusado es un representante de la ley y el orden, la situación se vuelven aún más delicada, porque la desconfianza no recae ya sólo sobre la persona, sino sobre todo un Cuerpo.
En este caso, es lo que ha sucedido con la Policía Local de Arrecife. Desde esta institución sostienen que se sienten presionados y bajo la lupa continua, y piden cautela y prudencia, porque el hecho de que dos policías locales hayan sido detenidos y acusados de robo, intimidación y amenaza con arma de fuego no significa que hayan sido condenados, ni que la denuncia sea cierta.
La versión de los agentes dista mucho de la del denunciante, el dueño de un bar de Córdoba, y habrá que esperar a que la Justicia se pronuncie definitivamente sobre este caso. De momento, se ha dejado a los dos policías en libertad y sin medidas cautelares, y tanto la concejal de esta área, Nuria Cabrera, como el jefe de la Policía Local de Arrecife, entienden que esto es una buena señal y defienden la inocencia de estos agentes.
Pero en la calle, en la sociedad, las opiniones no están siendo tan benévolas. Y es que desgraciadamente, hay muchas personas que no terminan de ver a las fuerzas de seguridad como aliados que protegen el bien común y velan por el cumplimiento de la ley. Determinadas actitudes de algunos, que en todos los oficios los hay, pueden ir minando poco a poco la imagen que tiene la sociedad de ellos, por más que no sea justo. Y ésa es sin duda una espiral peligrosa.
Lo ideal sería esperar a que la Justicia se pronuncie, pero en este caso y en todos. Y también sería lo ideal que se hiciera un ejercicio de transparencia, tanto en el colectivo de la policía como en otros. Porque no puede bastar con cualquier acusación para condenar a alguien, ni tampoco se puede caer en el corporativismo de proteger a toda costa a los tuyos, ya que en definitiva eso es lo que contribuye a la desconfianza de la sociedad.
Ésta no es la primera denuncia que pesa sobre un agente de la Policía Local de Arrecife, y por ejemplo hace sólo unos meses unos chicos denunciaban haber sido víctimas de abuso policial. Tampoco se sabe aún si esa denuncia era real o no, y también en ese caso el jefe de Policía salió en defensa de los agentes implicados. Acusar es fácil, y también es fácil minar la reputación de alguien con una acusación que puede ser infundada, pero también puede ser que, como en todas las profesiones, exista alguna oveja negra que habría que apartar, porque hay oficios que no se pueden permitir el lujo de tener ovejas negras en sus fijas.
Por eso, y para ir devolviendo la confianza a la sociedad, sería necesario que este tema no quede aquí, y que se den las oportunas explicaciones públicas conforme avance la investigación. Sería necesario que no suceda como sucedió recientemente con la queja elevada por el Colegio de Abogados, desde donde acusaban a un agente, en este caso de la Policía Nacional, de estar dispensando un trato indigno a los detenidos e incluso a sus abogados. En aquella ocasión, fue el comisario el que salió en defensa del policía en cuestión, y el asunto sólo se saldó con una agria polémica que enfrentó en los medios de comunicación al propio comisario y al decano del Colegio de Abogados. Sin embargo, después no hubo más explicaciones públicas.
Desde La Voz ya se explicó en su día que finalmente el agente había sido trasladado a otro destino, y que desde esa polémica el comisario ha dejado de hacer declaraciones públicas, pero eso no es suficiente. Porque en definitiva, lo importante de aquel caso, y ahora de este, es determinar si las denuncias son ciertas o no. Si lo son, no basta con un traslado ni con silencio. Y si no lo son, también se debería decir alto y claro, porque una sociedad que no confía en quien debe protegerles, es evidente que no puede funcionar.
