istintos informes presentados recientemente confirman a Canarias, una vez más, como una comunidad con elevados niveles de pobreza y exclusión social. Mostrando, asimismo, una sociedad en que la riqueza se concentra en un porcentaje pequeño de su población y en el que apenas se produce movilidad social, es decir, en la que resulta muy difícil mejorar la posición socioeconómica personal o familiar. Apuntando, además, al significativo impacto de los gastos en vivienda en un mayor empobrecimiento de los sectores más vulnerables. Una realidad ante la que se hace preciso actuar.
La primera investigación, La desigualdad en riqueza en Canarias, se desarrolló, previo encargo de Presidencia del Gobierno de Canarias en la etapa del Ejecutivo de Progreso, por el Centro de Estudios de Desigualdad Social y Gobernanza de la Universidad de La Laguna, que tiene como investigador principal al catedrático de Análisis Económico Gustavo A. Marrero. Este estudio, que abarca los años 2016-2019, destaca que Canarias es la comunidad con mayor desigualdad en riqueza por encima de otras tres (Madrid, Cataluña y Baleares) con la gran diferencia respecto a estas (que son ricas) que Canarias se encuentra entre las comunidades con menor riqueza por hogar. Otro dato significativo es que la desigualdad en riqueza es mucho mayor que la desigualdad en renta: en Canarias es el doble.
Sus conclusiones destacan que el 10% de los hogares que más riqueza acumulan poseen en torno al 60% de la riqueza de la comunidad canaria. Afirmando, asimismo, que ese 10% que más tiene “acumula entre 80 y 85 veces más riqueza que el 50% que menos tiene. Esta misma ratio, para el resto de España, es aproximadamente entre 45 y 50 veces”.
Como se observa, Canarias padece una enorme desigualdad, superior a otras nacionalidades y regiones, que los investigadores achacan a la evolución de la economía en las últimas cuatro décadas. Observando que se ha venido generando “una desigualdad en renta mantenida durante muchos años, que al final se ha reflejado en la desigualdad en riqueza. Una baja movilidad social también afecta a que la desigualdad de la riqueza sea persistente, al pasar los activos de generación en generación y al ser muy difícil revertir las diferencias”. Concluyendo que la capacidad de ahorro la han tenido, mayoritariamente, los que tenían más riqueza de partida. Por eso, desde Nueva Canarias-Bloque Canarista siempre hemos rechazado que el primer Decreto Ley que adoptó en septiembre de 2023 el Gobierno de las dos derechas haya sido eliminar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones que grava, precisamente, la transmisión de la riqueza. No hay duda de a quién se está favoreciendo.
775.000 canarios en riesgo de pobreza
Otra investigación, el XIV Informe El Estado de la Pobreza. Seguimiento de los indicadores de la Agenda UE 2030. 2015-2022 fue presentada el pasado martes en el Parlamento de Canarias por EAPN Canarias, integrante de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza. Destacando que 775.000 personas en las Islas se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social, aplicando la tasa Arope. Esto supone que Canarias tiene, con un 33,8%, la segunda tasa más alta de las comunidades, solo por detrás de Andalucía (37,5%) y siete puntos por encima de la media estatal (26,5%). Pese a llevar tres años, entre 2021 y 2023, reduciendo la pobreza y exclusión, Canarias sigue lejos de la media española.
Un 65% de la población canaria asegura tener dificultades para llegar a fin de mes, un 53% no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos y un 42% no se puede permitir unas vacaciones fuera de casa. Destacando el impacto que tiene la vivienda sobre el empobrecimiento: esta detrae más de un tercio de los ingresos de la población más pobre.
Al respecto llama la atención el análisis que hace el Banco de España, un organismo poco sospechoso de izquierdismo alguno, en su informe El mercado del alquiler de vivienda residencial en España: Evolución reciente, determinantes e indicadores de esfuerzo. La entidad señala en el mismo que "un elevado esfuerzo asociado al alquiler de vivienda puede dar lugar a efectos económicos y sociales adversos que justifican la intervención pública". Asegurando que esos esfuerzos dificultan la emancipación juvenil, así como la movilidad de los trabajadores “y dan lugar a situaciones tanto de sobresfuerzo y consumo restringido como de pobreza y exclusión social entre los hogares con menores ingresos".
Asegurando que el Estado español es la economía europea con un mayor ratio de hogares en alquiler en riesgo de pobreza o de exclusión social: "alrededor de un 45% de la población que residía de alquiler a precios de mercado se encontraba en riesgo de pobreza o de exclusión social en el periodo 2015-2023", asevera. Solicitando el BdE “un marco regulatorio que estimule la oferta de alquiler residencial” y la asignación de recursos que prioricen “actuaciones sobre los colectivos más vulnerables”.
Presupuestos y medidas
Varios de estos estudios concluyen que las medidas adoptadas frente a la crisis de la Covid 19 y la parálisis económica que supuso, así como otras menos coyunturales dirigidas a apoyar a los sectores más vulnerables, caso del Ingreso Mínimo Vital o de la Renta Canaria de Ciudadanía, han evitado mayores niveles de empobrecimiento. Sin la puesta en marcha de esas medidas los datos serían aun más escandalosos. Lo que confirma que es imprescindible su consolidación como derechos sociales, como hemos venido defendiendo en NC-bc.
Y los compromisos se deben ver, nítidamente, en los presupuestos. ¿Qué viene haciendo el actual Gobierno CC-PP? Su ‘interés social’ se confirma con algunos datos. En la legislatura del Pacto de Progreso el incremento presupuestario en el área de servicios sociales fue consolidándose, alcanzando en 2023 los 669,6 millones de euros frente a los 462,5 que nos encontramos en 2019, un incremento del 44,8% (frente al 29,6% del conjunto de las cuentas públicas). El Gobierno CC-PP, en su primer presupuesto para 2024, pese a contar con el gasto más expansivo de la historia de Canarias, habiendo incrementado 1.121 millones de euros (+11,0%) con respecto a 2023, la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud Infancia y Familia solo tuvo un insignificante aumento de 33 millones más en relación con el ejercicio del 2023, creciendo por tanto en un ínfimo 4,9%. Incumpliendo, asimismo, con la Ley de Servicios Sociales que obliga a un incremento anual de “al menos, 55 millones de euros adicionales”.
Además, con relación a las partidas destinadas a combatir la pobreza y la exclusión social, en los presupuestos para 2024 resulta ridícula la cantidad aumentada, siendo de solo 7 millones de euros en el programa Fomento de la Inclusión Social, que va destinado a la Renta Canaria de Ciudadanía.
En NC-bc tenemos la convicción de que debemos aspirar a una sociedad canaria mucho más justa y equilibrada, con mejor distribución de la riqueza y afrontando sus intolerables niveles de pobreza y exclusión social. Para ello resulta esencial, en primer lugar, más y mejor empleo, con políticas activas y formación adecuada, así como con salarios más elevados que posibiliten acabar con la extendida realidad de personas con empleo, pero empobrecidas.
Precisamos de unos presupuestos que garanticen unos servicios públicos -educación, sanidad, políticas de cuidados…- potentes y bien financiados que contribuyan también de forma decidida a una redistribución de recursos en clave de equidad. Y, en consecuencia, con una fiscalidad justa y progresiva (y no con rebajas fiscales a los que más tienen, como hace el Gobierno de Canarias de las dos derechas) que posibilite ese fortalecimiento del sector público.
Además, debe producirse un auténtico vuelco en las políticas de vivienda, hoy un factor de empobrecimiento para amplias capas sociales. Desarrollando de forma integral el vigente Plan de Vivienda, incrementando el parque de casas protegidas, con un adecuado control del alquiler vacacional y medidas destinadas a sacar al mercado una parte de las 210.000 viviendas vacías del Archipiélago, con programas como el de alquiler seguro que ha propuesto NC-bc. Y, asimismo, hay que seguir extendiendo y simplificando el acceso a la Renta Canaria de Ciudadanía, para afrontar la desigualdad y avanzar en la cohesión social.
Se trata de implementar y desarrollar, a corto, medio y largo plazo, un conjunto de medidas indispensables si queremos modificar una lamentable y vergonzante realidad, la de los elevados niveles de pobreza y exclusión social, que impide desarrollar una vida digna a cientos de miles de canarios y canarias, y que amenaza con eternizarse en nuestra comunidad. Unas medidas que no están entre las prioridades del actual Gobierno canario, como se demostró en el presupuesto vigente y como se confirmará, desafortunadamente, en las cuentas públicas para 2025.
