Cada inicio de septiembre, el ritual de estrenar mochilas y textos escolares intenta maquillar, con un optimismo un tanto impostado, las profundas costuras rotas de nuestro sistema educativo. Sin embargo, el regreso a las aulas ya no permite espacio para la autocomplacencia. Quienes observamos la realidad insular con una mezcla de arraigo y preocupación vislumbramos que el colapso no es una amenaza distante, sino una crisis estructural silenciosa que ya habita en los pasillos de nuestros centros de enseñanza. Los datos estadísticos recientes no hacen más que certificar lo que las familias y los docentes denuncian a pie de patio: la educación en las islas sufre de un abandono crónico, materializado en las peores ratios de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Los análisis técnicos del Consejo Escolar de Canarias y los sucesivos informes de evaluación desnudan una estampa insostenible: grupos masificados claramente por encima de la media regional, infraestructuras obsoletas y promesas políticas que se disuelven en los presupuestos no ejecutados de la Consejería de Educación. Esta precariedad local encuentra su perfecto y trágico correlato internacional en los resultados del Informe PISA, donde Canarias se sitúa históricamente a la cola del rendimiento académico en matemáticas, ciencias y comprensión lectora, ensanchando de forma alarmante la grieta socioeconómica de nuestro alumnado.
No se trata de un simple bache estadístico. Que Lanzarote concentre el mayor índice de alumnos por aula del archipiélago responde a una falta de previsión demográfica incontestable frente al crecimiento poblacional de la isla. Pretender que un docente atienda la diversidad de realidades, los entornos de vulnerabilidad social y las necesidades de apoyo específico dentro de un aula masificada es, además de una utopía, una profunda irresponsabilidad. El hacinamiento escolar anula cualquier intento de pedagogía individualizada.
Cuando la prioridad del profesorado pasa a ser la mera contención del orden en lugar de la estimulación intelectual, los deficientes resultados de las evaluaciones estandarizadas dejan de ser una sorpresa para convertirse en una consecuencia lógica.
El fracaso escolar comienza a fraguarse cuando un niño de Primaria asiste a clase en barracones provisionales (mal llamados "aulas modulares”) o en centros degradados que carecen del mantenimiento estructural básico. A esto se añade un factor cada vez más evidente para la comunidad educativa: la digitalización exprés implantada en las escuelas, que lejos de ser el bálsamo tecnológico prometido, ha deteriorado gravemente la capacidad de concentración, la función ejecutiva y la comprensión de textos extensos en etapas tempranas del desarrollo.
Los deberes políticos se han quedado sin hacer. El constante incumplimiento de la Ley Canaria de Educación (Ley 6/2014), que estipula que se debe garantizar una inversión mínima del 5% del Producto Interior Bruto (PIB) en el sector, es el reflejo de que la infancia y el futuro de nuestra isla pesan menos que la propaganda institucional.
Revertir esta deriva requiere dejar atrás los lamentos y aplicar una cirugía de urgencia con medidas concretas:
• Es inaplazable que la administración compense el déficit histórico de financiación mediante una partida presupuestaria extraordinaria destinada al mapa escolar de Lanzarote, orientada a la construcción inmediata de nuevos centros en los municipios con mayor presión demográfica.
• Se debe decretar un límite estricto de alumnos por grupo, priorizando de manera urgente las zonas de alta complejidad social para frenar la brecha socioeducativa.
• Es hora de revisar el impacto de las pantallas en las aulas. Debemos apostar por el retorno prioritario al libro impreso y a la escritura manual en las etapas de Infantil y Primaria, limitando los dispositivos digitales a fines estrictamente complementarios para recuperar los niveles de comprensión lectora perdidos.
• La consolidación de los equipos docentes y la dotación estructural de especialistas en atención a la diversidad (PT, AL) y personal de orientación en cada centro garantizarían una red de seguridad indispensable para los alumnos con mayores dificultades.
Lanzarote no puede permitirse el lujo de seguir normalizando la precariedad de sus colegios e institutos. Si la educación es el único ascensor social real y el pilar sobre el que se sostiene el pensamiento crítico de una sociedad, continuar ignorando las alarmas de nuestras aulas nos conducirá, inevitablemente, al desmoronamiento social.
Reclamemos con firmeza que se hagan los deberes en los despachos para que nuestros jóvenes puedan, por fin, aprender dignamente dentro de las aulas.
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