El alcalde de Yaiza ha conseguido echarse en contra a todos y cada uno de los partidos políticos representados en el Cabildo de Lanzarote, y también, una vez más, a los Tribunales. En concreto, esta vez el Tribunal Superior ...
El alcalde de Yaiza ha conseguido echarse en contra a todos y cada uno de los partidos políticos representados en el Cabildo de Lanzarote, y también, una vez más, a los Tribunales. En concreto, esta vez el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha anulado la licencia concedida en el año 98 por el Ayuntamiento a un nuevo hotel en Las Coloradas, que hoy se erige junto al polémico Papagayo Arena.
En este caso, quien acudió y recurrió la licencia y la prórroga de la misma que el alcalde de Yaiza concedió tres años después fue la Fundación César Manrique, que ha conseguido una sentencia favorable, firme y con importantísimas consecuencias para el futuro. Y es que se trata del segundo fallo de esta sala que anula una licencia de Playa Blanca con argumentos similares, lo que crea una jurisprudencia para el resto de los más de 20 pleitos que están vistos para sentencia por licencias concedidas por el alcalde sureño.
Ahora, obviamente volverá a repetir su manido argumento de la persecución y de la maquiavélica conspiración contra el desarrollo de Yaiza y de su localidad turística, o podrá jurar que Manrique y hasta el Altísimo le susurraron al oído que el Papagayo Arena y otro rosario de hoteles debían levantarse en el inigualable paraje de Las Coloradas, pero lo cierto es que cada vez se le va agotando más la cantinela. Sobre todo, porque ahora tendrá que defender que la Justicia también tiene intereses en frenar el desarrollo del Sur.
Pero no sólo eso. Además, y aunque sea poco habitual, todos los partidos políticos representados en el Cabildo han alcanzado un acuerdo unánime para iniciar acciones penales contra José Francisco Reyes, su grupo de gobierno o sus técnicos municipales, en caso de que el informe encargado a los Servicios Jurídicos de la Corporación confirme la sospecha de que puede haber "indicios racionales de criminalidad" en la concesión de la licencia para un nuevo megaproyecto residencial en Playa Blanca. De hecho, y tras conocer a través de La Voz de Lanzarote esa nueva licencia, por primera vez el Cabildo también se plantea en firme la posibilidad de subrogarle al Ayuntamiento las competencias municipales en materia urbanística, para evitar nuevos desmanes en el sur al margen de las leyes y normas establecidas para toda la isla.
Y ya no es un partido político, ni un medio de comunicación, ni una organización ecologista ni una Fundación. Son todas las fuerzas elegidas democráticamente para decidir los derroteros de la isla las que se han puesto de acuerdo, porque consideran que hay que empezar a actuar de verdad. Y sin duda, y por más que José Francisco Reyes o sus compañeros se encierren en el discurso victimista, buena parte de la sociedad celebrará que por fin se coja el toro por los cuernos.
Porque a estas alturas, ya no basta con recurrir licencias. Ya no basta con demostrar judicialmente que hay hoteles en pie y funcionando que nunca deberían haber recibido luz verde. Es el momento de actuar no sólo contra el permiso irregular, sino contra el que lo concedió, porque en caso contrario, continuaría esta especie de juego de gato y ratón. Y entre sentencia y sentencia contra hoteles y licencias, el cemento seguirá llenando Playa Blanca. Y aunque terminen anulándose en cascada todas ellas, no será fácil llegar al derribo y, en caso de que se llegue, el Ayuntamiento de Yaiza quedaría hipotecado de por vida, porque las indemnizaciones a las que tendría que hacer frente por haber otorgado esas licencias de forma irregular serían multimillonarias, ya que obviamente los empresarios afectados exigirían sus derechos.
Por eso, por la gravedad de lo que está sucediendo en el Sur, resulta hasta cómico hablar de que todo responde a una campaña persecutoria. Y más sorprendente aún resulta que a José Francisco Reyes y a alguno de sus compañeros de partido, el PNL, les parezca una persecución que este medio haga pública una licencia, haciéndose eco de algo que debería ser público. La Voz no habló de pelotazos, ni de intereses en favorecer a determinados empresarios o a determinados amigos o compañeros, como sí han hecho algunos políticos de su partido en otros municipios.
Lo único que hizo este medio es reproducir el documento y el contenido de una licencia para más de 1.000 camas y 220 locales comerciales, que obviaba eso sí todas las normas urbanísticas de la isla y se concedió basándose en un plan general de hace más de 30 años. Y si Reyes entiende que hacer pública su gestión es perseguirle, quizá es que no todo sea tan regular e inocente como plantea. Quizá sí haya motivos para perseguirle, aunque los encargados de ello sin duda no son ni partidos, ni asociaciones, ni medios de comunicación. Los responsables de eso son los Tribunales, y desde luego el Cabildo ya está trabajando para que sean ellos los que empiecen a actuar.
