Qué curioso es el patriotismo cuando pasa por un juzgado. Hasta el día anterior todo era «respeto a la Justicia», «quien la hace, la paga» y «España es un Estado de derecho». Basta con que el citado sea uno de los suyos para que, de repente, aparezcan la dictadura, la persecución política y los jueces al servicio del Gobierno. Qué rapidez para cambiar de principios.
Estos días, Vito Zoppellari Quiles, más conocido como Vito Quiles, ha vuelto a ocupar titulares. No por destapar una gran trama de corrupción, ni por una investigación periodística que haya sacudido los cimientos del poder. El motivo ha sido bastante más prosaico: una orden judicial dictada tras no comparecer a dos citaciones en una causa por un presunto delito contra el honor, relacionada con la difusión de un supuesto bulo sobre un empleado público.
Vito Quiles lleva años presentándose como el azote del poder. Aunque, siendo sinceros, su mayor talento no parece estar en destapar grandes escándalos periodísticos, sino en convertir cada polémica en un contenido viral. Hay periodistas que pasan meses contrastando documentos. Otros parecen más preocupados por localizar el mejor ángulo de cámara antes de empezar a grabar.
Y, como cabía esperar, comenzó la representación.
Mensajes en redes proclamando que no iba a «entregarse a Sánchez». Discursos sobre persecución política. La maquinaria victimista funcionando a pleno rendimiento. Durante unas horas dio la impresión de que algunos pretendían convencernos de que España había dejado de ser un Estado de derecho para convertirse en una república bananera. Todo por una orden judicial dictada tras dos incomparecencias.
Después compareció ante el juzgado. Y ocurrió exactamente lo que cualquier jurista sabía que iba a ocurrir. La jueza dejó sin efecto la orden de detención porque su finalidad ya se había cumplido: poner al investigado a disposición judicial.
Pero lo verdaderamente interesante de esta historia no está en el juzgado, sino en las reacciones. ¿Qué habría pasado si quien hubiera faltado a dos citaciones judiciales hubiera sido un activista de izquierdas? ¿Escucharíamos también hablar de persecución política o volvería el viejo «quien la hace, la paga»?
La hemeroteca tiene buena memoria. Cuando Valtònyc abandonó España o Pablo Hasél ingresó en prisión, muchos de quienes hoy descubren la libertad de expresión defendían con entusiasmo el cumplimiento estricto de las resoluciones judiciales.
La causa por la que fue citado no es la única que le afecta. Según la información publicada, mantiene abiertas otras investigaciones por presuntos delitos de estafa, odio, revelación de secretos, acoso e injurias. Investigar no significa condenar. Igual que proclamarse perseguido no convierte automáticamente a nadie en preso político.
Quizá el verdadero problema no sea Vito Quiles. Los agitadores siempre han existido. Lo preocupante es la facilidad con la que una parte del ecosistema político y mediático convierte cualquier actuación judicial ordinaria en una epopeya de resistencia democrática cuando el protagonista es de los suyos.
La democracia consiste en aceptar que las mismas reglas deben aplicarse a todos. Porque la Justicia no cambia según quién cruce la puerta del juzgado. Lo que cambia, demasiadas veces, es la capacidad de algunos para disfrazar de persecución lo que no deja de ser un procedimiento judicial. Y eso, más que periodismo, se parece demasiado a una estrategia de marketing político.
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