El nuevo curso político se abre con numerosas circunstancias de enorme complejidad, diversas expectativas e incógnitas en los ámbitos canario, estatal e internacional. Desde el nuevo modelo de financiación autonómica a la aprobación de los Presupuestos de la Comunidad y del Estado. También la permanente crispación mediática y política, así como la judicialización de esta última. Sin olvidar los fenómenos migratorios y, asimismo, el avance de la extrema derecha en Europa -como en los comicios recientes en varios Lander del este de Alemania- y en el mundo -muy atentos a lo que suceda en las elecciones presidenciales de EEUU- y sus consecuencias. Y, además, con la continuidad de los conflictos bélicos en Ucrania y en la ocupada Palestina.
Aunque crecen la economía y el empleo, y se está conteniendo la inflación, el ruido y la crispación ocultan esas realidades positivas. En el ámbito estatal aparecen como uno de los retos más determinantes el nuevo modelo de financiación autonómica. Con la influencia en este de las modificaciones acordadas entre PSOE y ERC para la investidura del president Illa, un “acuerdo de financiación singular” de Cataluña que, de aplicarse, supondría una modificación sustancial del régimen común del que ahora forman parte todas las comunidades autónomas, excepto Euskadi y Navarra.
Desde Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc) no nos oponemos a acuerdos bilaterales siempre que estos no comprometan los intereses de la ciudadanía canaria. Observando, además, que cualquier pacto debe tener una viabilidad política en las Cortes -cosa nada sencilla en el caso que nos ocupa- y jurídica compatible con la Constitución. Señalando, igualmente, que Canarias debe seguir con mucha atención cualquier cambio en el modelo de financiación autonómica que pudiera terminar afectándola. Continuaremos reclamando que la financiación para el Archipiélago respete la actual exclusión de los ingresos tributarios del Régimen Económico y Fiscal (REF), vigente desde 2017 y anclado en el Estatuto de 2018, así como la solidaridad interterritorial y la corresponsabilidad fiscal de todas las nacionalidades y regiones.
Por otra parte, y con relación a la condonación de la deuda autonómica, asunto que levantó mucha polémica hace un año, reclamamos que esta afecte a todas las comunidades y al global de la deuda y que aplicando el mismo criterio del 20%, como a Cataluña, representará una reducción de 1.980 euros por habitante. A Canarias, con algo más de 2,24 millones de habitantes en 2021, le correspondería una quita de 4.385 millones, como reclamamos desde NC-bc, como concluyó el estudio de Fedea y como aprobó el Parlamento de Canarias en febrero a propuesta de NC-bc.
Cuentas públicas
Respecto a las cuentas públicas para el próximo año, las de Canarias -fruto de la imprudencia y temeridad del actual Presupuesto, así como de las rebajas fiscales impuestas por el Gobierno de las dos derechas- apenas crecerán y serán unas cuentas en las que se aumentarán los ajustes y recortes, afectando a los servicios públicos, a las políticas sociales y al apoyo a los sectores económicos. El límite de gasto no financiero aprobado a finales de julio por el Gobierno de solo 303 millones más respecto a los actuales, el incremento presupuestario solo servirá para afrontar el obligado aumento salarial de los trabajadores públicos y las desviaciones presupuestarias en sanidad. La educación seguirá retrocediendo respecto a su participación en el PIB. Y el resto de las políticas públicas y económicas sufrirán ajustes y recortes.
En el caso de los Presupuestos Generales del Estado para 2025, en estos momentos no está en absoluto garantizada su aprobación y es más que probable su prórroga. Especialmente, pero no solo, por el papel de bloqueo que pueda jugar Junts per Catalunya, uno de los tres partidos que celebra congreso en este trimestre de final de año, junto a ERC y PSOE. Eventos congresuales que pueden marcar cambios en las estrategias de estas formaciones políticas y determinar el próximo periodo en la política estatal, generándose una mayor inestabilidad legislativa e institucional.
Migración y menores
Respecto al fenómeno migratorio existía hasta ahora un alto nivel de consenso en el Archipiélago, tanto en el seno del Pacto Canario por la Inmigración como en el Parlamento de Canarias. Reclamando la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería (ley orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social) para garantizar la distribución de los menores no acompañados que llegan a las islas para que estos puedan ser atendidos con la máxima dignidad.
El bloqueo del PP, Vox y Junts en el Congreso de los Diputados a finales de julio frustró esa posibilidad. Y desde entonces CC y su Gobierno se han dedicado a blanquear la responsabilidad de su socio, el PP, dirigiendo toda su artillería contra el PSOE y jugando irresponsablemente con los menores como arma arrojadiza de la lucha política, muy al estilo de lo que hace la extrema derecha en todo el mundo.
Por supuesto que hay que ser muy exigentes con el Gobierno del Estado, demandando, entre otras cosas, la cesión de instalaciones para acoger adecuadamente a los menores o más ayudas económicas. Pero resulta grave e irresponsable, como hace Clavijo y su partido, responsabilizar en exclusiva al Ejecutivo estatal cuando fue el PP quien, con su voto negativo, impidió la tramitación del proyecto de ley que nació de una propuesta del Gobierno de Canarias avalada por la sociedad canaria.
Vivienda y desarrollismo
Canarias tiene otros retos muy relevantes para el próximo periodo. Entre otros los referidos a las políticas destinadas a posibilitar el acceso a una vivienda digna, hoy un sueño inalcanzable para muchas familias. El decreto ley aprobado por el Gobierno de Canarias ha demostrado su absoluta ineficacia. Desde NC-bc estamos convencidos de que es imprescindible la construcción de vivienda social de promoción pública para el sector de población más vulnerable, pero dando respuesta también a las necesidades de trabajadores y trabajadoras con ingresos bajos y medios, así como los jóvenes que tan difícil tienen su emancipación.
Proponiendo, asimismo, el control adecuado del alquiler vacacional, la limitación de la compra de viviendas por parte de extranjeros sin arraigo en las Islas y el desarrollo de un programa de alquiler seguro que facilite la salida al mercado de una parte de las 210.000 viviendas vacías de las Islas.
Por otra parte, la llamada de atención que supuso la movilización ciudadana del 20 de abril, alertando sobre las disfunciones del modelo turístico han sido sistemáticamente desoídas por el Gobierno de Canarias. Un Ejecutivo, el de CC y PP, que insiste en un modelo desarrollista que impacta en las infraestructuras y servicios públicos, en el consumo energético y de agua, en la depuración de aguas y en el tratamiento de residuos, así como en los colapsos en las carreteras y en las crecientes dificultades en el acceso a la vivienda.
En NC-bc insistimos en limitar el crecimiento turístico, tanto el tradicional como el que supone el alquiler vacacional. En la rehabilitación de las ciudades turísticas, la modernización y renovación de la planta alojativa, la formación y el empleo, la descarbonización y la digitalización del sector. Con una moratoria insularizada y una ecotasa de carácter finalista. Elementos que deberían formar parte de un gran Acuerdo Canario por un Turismo sostenible.
Un nuevo curso, como se puede observar, que se abre con muchos asuntos en la agenda política que impactan directamente en la vida de los ciudadanos y las ciudadanas de Canarias. Y en el que, en las instituciones donde gobernamos o en las que ejercemos como oposición, continuaremos defendiendo el interés de la mayoría social. Desde una economía autocentrada y plenamente sostenible que contribuya a la mejora del bienestar del conjunto de la población de las Islas. Desde la plena igualdad de las mujeres en todos los ámbitos. Desde la solidaridad y el rechazo del racismo y la xenofobia. Lo haremos desde planteamientos inequívocamente progresistas y canaristas y tratando de ampliar ese espacio con la incorporación de nuevas personas y colectivos.
