El gobierno de España quería saber si había petróleo o gas en el subsuelo marino español cercano a las islas Canarias, al igual que en los últimos años viene haciendo Marruecos por el otro lado de la mediana. Para conseguir tal objetivo, el gobierno español utilizó los servicios de una empresa privada altamente especializada y dotó al proyecto de las máximas condiciones de seguridad existentes, sometiéndolo a los estudios de impacto medioambientales más exigentes del mundo como son los del ámbito de la Unión Europea.
Toda esta gestión del gobierno de España no ha tenido gastos ni, por tanto, impacto negativo en las cuentas públicas. Dicho de otra manera: España ha satisfecho su responsable curiosidad por conocer la existencia de recursos energéticos a coste cero y con la máxima seguridad existente.
Mientras todo lo anterior ocurría y mientras sigue ocurriendo que Marruecos continúa prospectando cerca de Canarias, el gobierno autonómico de Canarias montó un tinglado mediático bochornoso en contra de la impecable intención y acción del gobierno de España.
Los dos Partidos Políticos que apoyan al gobierno de Canarias, Coalición Canaria y PSOE de Canarias, apoyaban las prospecciones en la campaña electoral de la actual legislatura e, incluso, Coalición Canaria califica en su programa electoral las prospecciones como "materia de gran interés para el futuro del archipiélago". Además, el presidente del gobierno de Canarias, Paulino Rivero, cuando llevaba más de seis meses siendo presidente en la actual legislatura y reunido con el Ministro de Industria del gobierno de España, José Manuel Soria, vio con buenos ojos las prospecciones a cambio de hipotéticos beneficios para Canarias ante la posibilidad de una futura comercialización de algún tipo de hidrocarburo.
Después de aquel acuerdo verbal, el presidente del gobierno de Canarias, Coalición Canaria y el PSOE de Canarias dieron un giro de 180 grados y enarbolaron la bandera del No a las Prospecciones. Se apuntaron a la demagogia y a la falacia, convenciendo engañosamente a una pequeña parte de la opinión pública canaria con apocalípticas escenas de playas abarrotadas de pozos petrolíferos ardiendo.
Cuando me refiero a "una pequeña parte de la opinión pública canaria" me refiero a que en la última convocatoria de manifestación autonómica en contra de las prospecciones acudieron el 2,3% de los canarios. Podría, por tanto, afirmar que la parte de la opinión pública canaria engañada por los falsos y demagógicos argumentos del gobierno de Canarias fue ínfima pero sería entrar en el terreno de los adjetivos y me alejaría de lo sustancial.
Lo sustancial es que el gobierno de Canarias, variando antagónicamente su posición inicial, ha gastado una ingente cantidad de dinero público en contra de las prospecciones y en contra de la inmensa mayoría de la opinión pública de los canarios.
El gobierno de Canarias hizo un daño enorme a los canarios y a su principal industria, el turismo, promocionando imágenes apocalípticas irreales. El gobierno de Canarias invirtió inútilmente una fortuna pública en procesos judiciales en contra de las siempre acertadas decisiones del gobierno de España: perdió todos y cada uno de los litigios que interpuso.
Todos los canarios tenemos que reclamar a Coalición Canaria y al PSOE de Canarias daños y perjuicios por la negligencia con que han gestionado las prospecciones. La mejor manera de hacerlo es premiar a quien ha hecho las cosas bien y castigar a quienes las han hecho rematadamente mal: premiar electoralmente al Partido Popular y castigar a Coalición Canaria y al PSOE de Canarias. La oportunidad la tenemos el próximo mayo.
Sigfrid Soria del Castillo Olivares, ex diputado regional del Partido Popular
