Cuando un gobierno no tiene el apoyo parlamentario en la cámara baja (Congreso) o al menos se tambalea; parece propio plantear en el seno de la propia institución, una alternativa para sustituirlo sin necesidad de elecciones. Esta iniciativa es la Moción de Censura, regulada en el artículo 113 de nuestra Constitución. Necesita para su presentación el apoyo del 10% de los diputados (35). En ella se postula un candidato a la presidencia del gobierno, y para que se produzca el cambio en el ejecutivo, debe ser aprobada, tras su exposición y debate, por una mayoría de diputad@s. Hasta ahora, se han presentado un total de seis mociones de censura, de la que solo una ha salido adelante, la del grupo Socialista al Popular en 2018, con la que Pedro Sánchez sustituyó a Mariano Rajoy en la presidencia del gobierno.
La aritmética parlamentaria, que daría la mayoría al censurante, es de suma importancia. Difícilmente se tienen asegurados los apoyos para aprobar la moción antes de la votación, siempre hay un factor de incertidumbre. Se dice que, si la censura fracasa, fortalece al gobierno y debilita al censurante. Sin embargo, en 1980 se produjo la primera censura, fue de los socialistas a la UCD de Adolfo Suárez. Fracasó y continuó el mismo gobierno, pero los censurantes tuvieron la oportunidad de exponer detalladamente su proyecto político, cuestión que contribuyó a ganar las siguientes elecciones. A veces se gana perdiendo.
La actual relación numérica de fuerzas en el parlamento, cara a un apoyo mayoritario, ofrece pocas dudas. Como la censura vendría de las derechas, difícilmente cosecharía el voto de las fuerzas progresistas. Por otro lado, los votos nacionalistas del PNV y Junts, tampoco los tienen fáciles. Los primeros porque gobiernan en el País Vasco con los socialistas y sin este apoyo lo tienen difícil. Los segundos, porque tienen una situación privilegiada: tan solo con un puñado de votos (7) pueden poner y quitar gobierno. Además, no pueden embarcarse con quienes los quieren ilegalizar.
Pero más allá de la cuestión aritmética, existe otra razón muy importante. El censurante debe exponer su proyecto de país y convencer a una mayoría de diputados. En este sentido, se plantean cuestiones sustanciales: ¿Se seguirán privatizando sanidad y educación? ¿Qué va a hacer con las pensiones?, seguirían ligadas al IPC o se volvería al modelo del último gobierno de derechas cuando dependían de un factor de sostenibilidad, eufemismo para decir que subirán lo que se pueda. ¿Qué medidas se van a tomar sobre la inmigración? ¿Cuál es su modelo de financiación autonómica? ¿Van a derogar las leyes estatales que se oponen a la prioridad nacional pactada con VOX? Es primordial despejar estas y otras incógnitas.
Falta un año para las elecciones y posiblemente no tengamos censura. Se imponen los intereses de los partidos. Todos quieren estar bien posicionados para las siguientes rondas electorales. Tampoco el actual gobierno, si no tiene los apoyos parlamentarios, debería permanecer a toda costa. Le corresponde recuperar la iniciativa política y demostrar que puede gobernar o, si no lo consigue, retirarse. Esta es la lealtad debida a todos los ciudadanos.
Añadir La Voz de Lanzarote como fuente preferida de Google.
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.
