Parece que el miedo al otro, al pobre y migrante, rebrota entre muchos de nosotros ocasionando un daño enorme en el tejido social. Lo estamos viendo de variadas maneras en todos los rincones de nuestro país, incluido el pueblo de Máguez, cuya Aula de la Naturaleza ha venido siendo utilizada para acoger migrantes llegados en frágiles embarcaciones tras estallar la pandemia. El miedo se manifiesta ahora en forma de rechazo ante posibles contagios por covid-19 que pudieran provocar los migrantes, pero en el fondo y en las formas, nos volvemos a tropezar con la vieja discriminación por el origen racial o étnico, que sigue siendo en la actualidad el tipo de discriminación más extendido.
Ante estas situaciones, se debe actuar en dos direcciones. Por un lado, hay que combatir el racismo y, por otro, hay que atajar el miedo mediante una política migratoria adecuada para que esa inmigración sea regular, ordenada y segura. Se equivoca quien crea que es posible levantar barreras para impedir que las personas huyan de la pobreza y emigren en busca de una vida digna. Se equivoca porque la inmigración no solo constituye un fenómeno inevitable, sino que resulta además un proceso absolutamente necesario. España y Europa envejecen, y la sostenibilidad de nuestro sistema público de pensiones y nuestro mercado laboral van a necesitar un complemento migratorio.
Si esta es la realidad, hay que actuar con responsabilidad, que es lo que el Gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez ha venido haciendo tras encontrarnos la política migratoria totalmente abandonada. Hemos iniciado una política integral sobre el fenómeno migratorio que combina respeto por los derechos humanos de los inmigrantes, cooperación con los países de origen y tránsito, control de la inmigración irregular, lucha contra la trata de seres humanos y políticas de integración. Además, la inmigración ha vuelto a ser uno de los asuntos prioritarios en la agenda política de la Unión Europea.
¿Fronteras abiertas, entonces? No, en absoluto. Necesitamos una política basada en el realismo, la solidaridad y desconectada de la agenda partidista que, en primer lugar, ordene las políticas migratorias conforme a los principios del Estado de Derecho y, a la vez, garantice el respeto de la dignidad de todas las personas que llegan y el reconocimiento de sus derechos fundamentales. Esto es indiscutible. Pero necesitamos una política migratoria que flexibilice las vías de la inmigración legal, previendo la posibilidad de ir y volver. Y, en paralelo, necesitamos incorporar la integración y la gestión de la diversidad de nuevo en la agenda política, un proceso que debe culminar con el acceso a la nacionalidad española por residencia.
Con el tiempo, muchos migrantes acabarán convirtiéndose en nuestros compatriotas, en ciudadanos con nuestros mismos derechos y obligaciones, entre estas últimas en el ámbito tributario o de la Seguridad Social, o la escolarización de los hijos e hijas menores que se encuentren a su cargo. Por eso es prioritario realizar esfuerzos tendentes a la integración en la comunidad de acogida. Por último, tenemos que volver a armar una política de buena vecindad, cooperación y codesarrollo con los países de origen de los flujos migratorios y los de tránsito, porque parece mentira que perdamos de vista con tanta facilidad que muchos migrantes proceden de países vecinos o cercanos.
Fco. Manuel Fajardo Palarea, senador del PSOE por Lanzarote y La Graciosa.
