Ante la recesión de una crisis económica en toda regla, sólo cabe, desde las instituciones públicas, una reacción coordinada y firme de claro apoyo a todas las personas y familias que están siendo víctimas de la crisis, con la ...
Ante la recesión de una crisis económica en toda regla, sólo cabe, desde las instituciones públicas, una reacción coordinada y firme de claro apoyo a todas las personas y familias que están siendo víctimas de la crisis, con la articulación de todas las medidas posibles que puedan contribuir a reactivar la actividad económica y crear empleo. El Gobierno Estatal, el PSOE, aunque tardó en reconocer la crisis, llamándola "desaceleración", ha puesto en marcha el Fondo Estatal de Inversión Local en los ayuntamientos y el Fondo para la Dinamización de la Economía y el Empleo, como fórmula para impulsar el empleo y a las pequeñas y medianas empresas.
Desde el Gobierno de Canarias (formado por Coalición Canaria y PP) se ha impulsado la Estrategia Canaria de Empleo que ha permitido la contratación de más de 15.000 trabajadores para la realización de obras y prestación de servicios por parte de las Corporaciones Locales. Se han destinado 4 millones de euros, a través de los ayuntamientos, para ayudas de emergencia social, que han permitido que 9.000 familias canarias hayan podido pagar el alquiler o hipoteca, agua y luz de sus casas. Esto ha impedido que se hayan visto abocadas a una situación de exclusión social.
Además, se ha apoyado la adquisición de viviendas en proyecto o construcción, con lo que se consigue facilitar el acceso a la vivienda a las familias con menos recursos y fomentar la actividad empresarial y la contratación laboral en el sector de la construcción, el más castigado en la crisis. También ha redactado la Ley de Medidas Fiscales por la que se regula, entre otras medidas, la devolución del gasóleo profesional en el Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma sobre combustibles derivados del petróleo.
En contacto con los Cabildos, Ayuntamientos y sectores económicos y sociales del Archipiélago, el Ejecutivo Canario está tramitando en el Parlamento de Canarias la Ley de Medidas Urgentes, que contempla una serie de cambios normativos indispensables para el desarrollo de la actividad económica (agrícola, ganadera, industrial y turística) y el empleo en los ámbitos locales. Incluso, como original medida, el Gobierno de las islas ha iniciado contactos con los supermercados para que cedan los productos con fecha de consumo preferente (no caducidad) con la finalidad de repartirlos entre las personas más necesitadas. Es decir, observamos una Institución Pública preocupada por la situación económica actual y con iniciativas continuas para paliarla.
En Lanzarote, el Cabildo Insular (compuesto por PSOE-PIL), como primera medida ante la crisis, mediante decretos de su presidenta, aumentó los sueldos de los asesores en un 40 % y de los consejeros liberados en un 20 %. Se triplicó la deuda que tenía Inalsa y se dejó de ingresar 5 millones de euros que generaban los Centros Turísticos. Como no había muchos asesores, y poco cualificados, en nuestra isla se contrató una asesora de Fuerteventura y estamos realizando unas Jornadas de Legalidad Territorial para el Desarrollo Sostenible de Lanzarote.
En el Ayuntamiento de Arrecife (formado por PSOE-PIL) se paraliza el Plan General de Ordenación Urbana, herramienta indispensable para el impulso de la actividad económica y el empleo en nuestra capital. Pero se siguen contratando asesores para coordinar los Servicios Sociales y mejorar la distribución de las ayudas de emergencia social que da el Gobierno de Canarias. En San Bartolomé, nuestro alcalde y grupo de Gobierno (PSOE-PIL), en la línea de garantizar el empleo actual y las coberturas sociales y económicas a las familias, despide trabajadores.
Aquí observo, con pena, unos dirigentes políticos de mis instituciones metidos en una "burbuja", inmunes a los problemas cotidianos de los ciudadanos.
*Juan Antonio de la Hoz González, portavoz municipal de CC en San Bartolomé.
