Pocas cosas en política suceden por casualidad y, en atención a ello, desde luego es más que dudoso que el anuncio realizado por el presidente Zapatero de hacer ciertas modificaciones en el sistema de pensiones haya coincidido, ...
Pocas cosas en política suceden por casualidad y, en atención a ello, desde luego es más que dudoso que el anuncio realizado por el presidente Zapatero de hacer ciertas modificaciones en el sistema de pensiones haya coincidido, "casualmente", con el estudio hecho público por el Instituto Nacional de Estadística sobre el envejecimiento de la población de aquí al año 2040 y sus repercusiones sobre el mencionado sistema.
Fuera de esa polémica, lo cierto es que, otra vez, se ha creado un estado de alarma social sobre la viabilidad y sostenibilidad del sistema público de pensiones, al mismo tiempo que otro estado, esta vez de crispación social, sobre el cariz de las reformas planteadas por el Gobierno español, en las cuales son de nuevo los trabajadores y trabajadoras quienes van a ser mayormente afectados.
Desplazar la edad de jubilación legal a los 67 años es un atentado contra los derechos laborales se mire por donde se mire, y es un ejemplo de manipulación estadística si dicho desplazamiento se basa únicamente en el envejecimiento de la población española sin tomar en cuenta otros datos, como por ejemplo los más recientes de la Encuesta de Población Activa.
Según estos últimos, acualmente hay ocupados, o sea trabajando, más de 18 millones de personas de un total de 42 millones de habitantes. A mediados del año 2007, por tomar la fecha en que aproximadamente se llegó al máximo de ocupación, el número de trabajadores y trabajadoras superaba los 20 millones. Esto quiere decir que actualmente hay un número de puestos de trabajo suficientes para que el sistema de pensiones se mantenga. Dichos puestos no están personalizados, es decir, si un trabajador o trabajadora se jubila, lo normal es que su puesto sea ocupado por otra trabajadora o trabajador.
Siguiendo con este razonamiento, si la población autóctona envejece, y los puestos de trabajo han de ser cubiertos para seguir desarrollando la actividad laboral, sea la que sea, necesariamente las vacantes serán ocupadas por inmigrantes, con lo cual al menos se mantiene el número de cotizantes, aunque bien es cierto que ello dentro de un marco posible en el que aumenta el número de pensionistas, pero con unas consecuencias mucho menos catastróficas que las que el Gobierno quiere hacer creer. ¿O es que el Gobierno plantea un escenario según el cual la jubilación implica la destrucción de más puestos de trabajo? Este hecho es un absurdo que no merece más explicación, pues se cae de maduro.
Hay otras formas de hacer que el sistema de pensiones se pueda mantener por muchos años sin tocar la edad legal de jubilación o incluso bajándola, ya de forma universal o por oficios (¿alguien cree qué, por ejemplo en la construcción la edad de jubilación debería seguir estando en los 65 años?), pero hay que tener la valentía de ponerlas en práctica, y este Gobierno precisamente lo que no es es valiente, sobre todo cuando se trata de tocar a la Banca y a las grandes empresas que, precisamente son las que más han abusado de las prejubilaciones.
Por J. Luis Real Baltar, Secretario de Acción Sindical SOV CNT Tenerife
