Los agujeros negros del sistema

Si un hombre muere tras ser golpeado con un palo de billar en un bar de Arrecife, la ciudadanía tiene derecho a saberlo. Si un preso gozando de un beneficio carcelario roba un coche con un bebé dentro, la ciudadanía tiene ...

4 de abril de 2008 (05:01 CET)

Si un hombre muere tras ser golpeado con un palo de billar en un bar de Arrecife, la ciudadanía tiene derecho a saberlo. Si un preso gozando de un beneficio carcelario roba un coche con un bebé dentro, la ciudadanía tiene ...

Si un hombre muere tras ser golpeado con un palo de billar en un bar de Arrecife, la ciudadanía tiene derecho a saberlo. Si un preso gozando de un beneficio carcelario roba un coche con un bebé dentro, la ciudadanía tiene derecho a saberlo. Sin embargo, hay sucesos de máxima gravedad que no se hacen públicos por parte de las fuerzas de seguridad o las autoridades competentes, y tienen que ser destapados a la luz pública a través de otras vías, e incluso llegan a los medios gracias a la colaboración de vecinos que fueron testigos de los hechos y consideran importante que trasciendan.

Desde luego no se trata de crear alarmismo sobre la situación de la seguridad ciudadana en la isla, pero la falta de transparencia no ayuda a aportar tranquilidad, sino a todo lo contrario. Y al igual que un cuerpo de seguridad remite una nota de prensa para dar cuenta de la incautación de un gran alijo o de unos gramos de droga, también debería hacerlo cuando hablamos de otros hechos, pese a que puedan generar preocupación.

Desgraciadamente, la isla se está acostumbrando a escribir demasiadas páginas de crónica negra, y tras el duro balance de 2007, con asesinatos como los de las jóvenes Yasmila y Yuliza, ahora el 2008 también empieza a dar tristes noticias. Y la respuesta del sistema debe ser la de la claridad, la contundencia y la rapidez en la actuación, que desgraciadamente a veces brilla por su ausencia.

Al menos, tanto en el caso de la violenta agresión con resultado mortal como en el del coche robado con un niño en su interior, los supuestos autores ya han sido puestos a disposición judicial, pero tampoco hay que olvidar que en ambos casos, los detenidos contaban con antecedentes penales a sus espaldas. Y eso hace que también se tenga que volver la vista hacia el sistema judicial y penitenciario de nuestro país.

El caso de la niña Mari Luz en Huelva sin duda ha sido el más sangrante ejemplo de los fallos irreparables que se producen, ya que su presunto asesino tenía a sus espaldas una condena por un delito de abusos sexuales contra su propia hija. Y si indigna ver que por semejante delito sólo fue condenado a dos años y nueve meses de prisión, aún más inconcebible resulta comprobar que ni siquiera había cumplido esa pena. Y mientras tanto, unos y otros se traspasan las culpas, empezando por el juez encargado del caso, que ha llegado a afirmar que la pena no se ejecutó porque la funcionaria que debía seguir el trámite estuvo cinco meses de baja sin ser sustituida por otra persona.

En definitiva, un cúmulo de despropósitos en el que cada cuál debería asumir su parte de culpa, porque la muerte de una niña, de Mari Luz, se podría haber evitado. Y además de analizar qué falla en un sistema judicial lento y con errores que pueden ser garrafales, como en este caso, también habría que revisar las propias leyes, las propias condenas y, también, los beneficios carcelarios. Porque no es justicia que un hombre que abusó sexualmente de su hija sea condenado a menos de tres años de prisión, de los que realmente hubiera cumplido muchos menos.

Más allá del debate que ahora se ha abierto sobre la necesidad de aplicar la cadena perpetua ante determinados delitos, al menos sí se debería estudiar la necesidad de permitir condenas más firmes y, sobre todo, no condicionadas por permisos carcelarios, por terceros grados o por reducciones de condena.

La filosofía de que la cárcel es un vehículo de reinserción suena muy bien en la teoría, pero en la práctica se demuestra que no es así, porque pocas veces se cumple ese fin. La prisión termina siendo un castigo y una forma de proteger a la sociedad. Y aunque hay muchos delincuentes que sí pueden enderezar su rumbo tras un cometer un error en su vida, otros caen una y otra vez en lo mismo, especialmente cuando se trata de delitos sexuales. Y mientras el Estado no pueda protegernos de ellos, el sistema seguirá sin funcionar.

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