Más allá de lo que los países pobres, o mejor, empobrecidos, deben a los países ricos (o enriquecidos) por lo que llamamos la Deuda externa, existen otras deudas que son sistemáticamente ignoradas, pero que tienen una importancia vital en la lucha contra la pobreza y por el desarrollo humano y sostenible en los pueblos del Sur. Son deudas sociales y ecológicas, generadas por los impactos negativos que generan nuestro modelo de consumo y las actuaciones de "nuestras" empresas y gobiernos sobre el entorno y las sociedades del Sur.
Un ejemplo claro de estas deudas ecológicas es el que se deriva de inversiones como la que quiere realizar la española ENCE en Uruguay. Se trata de la planta de tratamiento de celulosa más grande del mundo, que se situaría en la orilla del río Uruguay, frontera entre éste país y Argentina. Esta planta, de ponerse en marcha, causaría unos impactos ambientales, sociales y económicos nefastos. Entre ellos: la sobreexplotación y contaminación de las aguas del río, la pérdida de biodiversidad, o la destrucción del tejido económico local basado en el
turismo, la pesca y la agricultura. Esta inversión tiene como objetivo abastecer los mercados europeos, es decir, nuestro consumo de papel, sobre todo para publicidad y embalaje.
Los impactos de la papelera generarán unas deudas ecológicas y sociales que nadie está dispuesto a asumir, ni los consumidores europeos, ni la empresa ENCE, ni el gobierno español que, por cierto, piensa destinar
recursos económicos bastante sustanciosos a dicha inversión a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y de la Compañía Española de Créditos y Seguros a la Exportación (CESCE). Y de ahí surge una duda ¿debe el
gobierno español apoyar con dinero público inversiones que incluso el Banco Mundial pone en duda por los impactos ambientales que se derivaran de ellas? ¿asumirá el gobierno español la responsabilidad sobre dichos impactos cuando finalmente se produzcan?
Iolanda Fresnillo i Sallán
Observatorio de la Deuda en la Globalización
