Hay que tener cara. Mucha cara y muy poca vergüenza. Y sobre todo, hay que tener muy poco respeto al que es el pilar básico de nuestra sociedad: la Justicia. Da igual incluso si su conducta ha sido delictiva o no, cosa que se está investigando. Lo que ha hecho Carlos Dívar es, como mínimo, indigno del principal representante del Poder Judicial en España. Y lo único que cabría esperar ahora por su parte, además de que de verdad dé las explicaciones oportunas sobre sus lujosos viajes a Marbella, pagados con dinero público, es que dimita inmediatamente.
Pero de momento, se está resistiendo a ambas cosas. Y con eso, sólo consigue alimentar aún más la indignación de toda la sociedad (a excepción al parecer del PP, que ha impedido que se le exija comparecer en el Congreso), y dañar terriblemente la imagen de la Justicia española.
Probablemente, muchos jueces, fiscales y funcionarios de la administración de Justicia de todo el país, que sí se dejan la piel día a día porque creen en su trabajo, serán los primeros escandalizados ante todo esto. Por un lado, porque se está perjudicando la imagen de lo que ellos representan. Por otro, porque ven que sí ha habido dinero para cenas y hoteles de lujo en Puerto Banus, en viajes de dudosa utilidad pública o judicial, pero no para cubrir las inmensas carencias que tiene la Justicia en España.
En Lanzarote, desde luego, se han sufrido claramente. Y no sólo por la escasez de medios y de personal. Además, el Consejo General del Poder Judicial, que preside Carlos Dívar, también ha tenido actuaciones que han contribuido a frenar investigaciones tan importantes como la del caso "Unión".
Mientras Dívar cenaba con dinero público en Marbella, al juez que instruía esta causa en Lanzarote, César Romero Pamparacuatro, se le negaba un refuerzo que solicitó reiteradamente. Después, cuando finalmente Pamparacuatro se marchó de la isla, al conseguir plaza en otro Juzgado en Tenerife, y solicitó continuar la instrucción del caso "Unión" en comisión de servicios, no encontró más que dificultades. Se le acabó dando una de tres meses y, cuando llegó el momento de prorrogarla, se pasaron casi medio año dando vueltas entre el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y el Consejo General del Poder Judicial, para acabar rechazándola. Para acabar dejando a César Romero Pamparacuatro fuera del caso "Unión".
Durante esos cinco meses de incertidumbre, en los que al parecer al Consejo le importó bien poco que se impartiera Justicia en Lanzarote, la causa estuvo totalmente parada. Y lo peor es que mientras tanto, ellos discutían sobre a quién le correspondía pagar las dietas por los desplazamientos que tuviera que hacer el juez para poder continuar con la instrucción de la causa. Pero claro, esos gastos no eran tan imprescindibles como los de las cenitas de Dívar en Marbella.
Finalmente, y aunque se le había concedido la prórroga y había hasta seis informes que la avalaban, el Consejo General del Poder Judicial decidió dar marcha atrás y dejar fuera del caso a Romero Pamparacuatro. La excusa fue que iban a asignar una juez de refuerzo al Juzgado Número 5. Un argumento que era falso desde el arranque, porque realmente la juez Lucía Barrancos nunca vino en calidad de refuerzo, sino como titular de ese juzgado.
De hecho, acababa de salir de la Escuela Judicial y se quedó sola al frente del Juzgado (que incluso sin el caso "Unión", ya estaba saturado) desde el primer día. Primero en calidad de sustituta (usaron el nombre de "refuerzo" para ella y para otra quincena de jueces a los que incorporaron precipitadamente a sus puestos, adelantando su salida de la Escuela Judicial), y poco después como titular.
En su caso, también pidió un refuerzo nada más llegar, que inicialmente le denegaron. Tuvo que denunciar la situación en un auto judicial que se hizo público para conseguir finalmente ese refuerzo, y desde entonces ha podido dedicarse de lleno a conocer el sumario del caso "Unión" y a avanzar en la instrucción de la causa.
Sin embargo, cuando el Consejo General del Poder Judicial adoptó esas decisiones, no contó o "no quiso" contar con algo que era más que previsible: esta juez, como muchos otros que han pasado por Lanzarote, estaba destinada a marcharse a otro juzgado. Y ahora, al conceder a Lucía Barrancos un nuevo destino en el País Vasco, el Consejo General del Poder Judicial ha vuelto a dejar huérfano al caso "Unión", a la espera de que otro juez empiece desde cero.
"Cuando la justicia es lenta, cada día llega a ser menos justicia". Esa bonita frase la pronunció el propio Carlos Dívar, cuando hace algo más de un año visitó Canarias. Aquí le plantearon las carencias que padece la Justicia en el Archipiélago, y también le preguntaron por la situación del caso "Unión" y de Romero Pamparacuatro, que en ese momento estaban aún pendientes de la decisión del Consejo. Un mes y medio después de decir en Canarias que se estudiaría el tema "con todo el interés", el órgano que preside apartó al magistrado de la causa.
Efectivamente, como dijo el señor Dívar, cuando la Justicia es lenta, es menos Justicia. Pero a eso debería agregarle que, cuando deja de ser un estamento en el que poder confiar plenamente, es muchísima menos Justicia aún. Eso no puede hacer olvidar que hay muchos profesionales que se siguen esforzando por impartirla y por perseguir el delito, pero es triste y lamentable comprobar que, aunque sea Judicial, el Poder siempre está marcado por las mismas sombras.
