La lucha por la contención del crecimiento turístico en la isla dibujó un escenario dividido entre quienes apostaban por frenar el número de camas turísticas y quienes, al servicio de los grandes intereses económicos, se vieron en la obligación, a falta de argumentos para defender un desarrollismo repudiado por la mayoría de los ciudadanos de Lanzarote, de inventar leyendas urbanas para intentar justificar sus posiciones.
En el Pleno celebrado el pasado sábado 31 de octubre en el Cabildo de Lanzarote para debatir, a instancia de la oposición, la polémica incautación de la desaladora de Montaña Roja, asistimos a un ejemplo inmejorable de algunas de las "obsesiones" del presidente de la institución, Pedro San Ginés, que volvió a construir un relato más cercano a la ciencia-ficción impuesta por las ansias de sus empresarios que a la realidad.
En un momento del Pleno, pregunté a Pedro San Ginés en qué consistía el pago de una indemnización a Club Lanzarote por un litigio perdido por el Cabildo. El presidente explicó que "a Montaña Roja hubo que pagarle porque, curiosa y casualmente, fue el único de los treinta contenciosos que ha tenido esta institución con los promotores, que se ha perdido y por lo cual la justicia condenó al Gobierno de Canarias y al Cabildo al pago solidario de siete millones de euros debido a la modificación del Plan Insular de 1991". Más adelante, en otra intervención, San Ginés jugó a la adivinanzas al decirme: "Adivine usted quién fue el letrado que llevó el pleito del Plan Montaña Roja que nos costó 7 millones de euros a esta institución".
La leyenda urbana seguro que la conocen: el intento de frenar el crecimiento turístico en la isla fue una conspiración judeomasónica urdida por el PSOE, un despacho de abogados, la Fundación César Manrique y, dependiendo de la versión de la leyenda, de unos ecologistas trasnochados que le hicieron el juego al resto de instigadores del complot para hacerse de oro con los recursos judiciales. Quentin Tarantino a su lado sería un guionista de tercera.
Pedro San Ginés, sin mencionarlo, se refería al letrado Agustín Domingo Acosta, que dirigió los 30 recursos contencioso-administrativos presentados por el Cabildo entre los años 2000 y 2008 contra las licencias turísticas otorgadas por los ayuntamientos de Teguise y Yaiza al margen del Plan Insular de Ordenación Territorial de Lanzarote. Dicho abogado fue nombrado, pese al mantra repetido una y otra vez por Coalición Canaria, por todos los que fueron presidentes del Cabildo en ese periodo, pertenecientes a partidos tan diversos como CC, PIL, PSOE y PP. Sólo Dimas Martín presentó 21 recursos. Los 30 pleitos fueron ganados por el Cabildo frente a los ayuntamientos y titulares de las licencias ilegalmente concedidas, y las sentencias favorables al Cabildo declararon la prevalencia del Plan Insular sobre planes generales y sentaron el principio de que no podían otorgarse licencias contra el planeamiento insular.
Sin embargo, contrariamente a lo insinuado por Pedro San Ginés, Agustín Domingo Acosta no dirigió la defensa jurídica del Cabildo en los recursos interpuestos en 1991 por distintos promotores contra la aprobación del PIOT aprobado ese año. Para tales pleitos, el entonces presidente accidental del Cabildo, Juan Ramírez (la presidencia la ostentaba Pedro de Armas, del PIL), designó a finales de 1996 a un letrado del Colegio de Las Palmas. Nuevamente, las "obsesiones" de San Ginés se anteponen al más mínimo contraste con la verdad.
Pero sigamos con las declaraciones del presidente en el Pleno. En referencia a la sentencia que obligaba al pago (solidario entre el Gobierno de Canarias y el Cabildo) de 7 millones de euros a Club Lanzarote , y dirigiéndose a mí, San Ginés señaló que "algunos técnicos de esta institución, cuyo uniforme usted se ha quitado, declararon públicamente que era una gran victoria que tuviésemos que pagar esa cantidad", en una clara alusión al ex director de la Oficina del Plan Insular, Leopoldo Díaz, cesado por el propio presidente el pasado 26 de junio por "pérdida de confianza".
¿Pero fue o no un éxito la sentencia de Montaña Roja? Como es lógico, depende de los intereses que se defiendan, pero vayamos a los hechos. Noviembre de 2007. Algunos medios sembraron el pánico al especular con las posibles indemnizaciones que tendría que pagar el Cabildo por la desclasificación de más de 30.000 plazas turísticas que supuso el PIOT del 91 para esa urbanización. El promotor, Club Lanzarote, apoyándose en un informe encargado al perito Agustín Díaz de Aguilar, solicitaba una indemnización de 214 millones de euros, mientras el perito designado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias la cifraba en cien millones de euros. El Canarias7 titulaba el 6 de noviembre de ese año: "La indemnización a Montaña Roja se eleva a 100 millones", y el semanario Lancelot de 9 de noviembre incluía un reportaje de tres páginas cuyos titulares eran: "La amenaza de Montaña Roja. La posibilidad de que la Primera Corporación tenga que pagar cien millones de euros de indemnización hace temblar las arcas cabildicias". Ese reportaje se hacía eco de las palabras de Pedro San Ginés, entonces consejero de CC en el Cabildo: "En su momento se perdió una oportunidad importante de llegar a un acuerdo; sólo tiene sentido negociar cuando aún no hay una sentencia que ejecutar".
Un año después, el auto de 24 de octubre de 2008 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia Canarias (TSJC) echó por tierra las tesis catastrofistas al fijar en 6,7 millones de euros el monto indemnizatorio que correspondía a Montaña Roja por la desclasificación de 31.145 camas, justamente la mitad de las plazas totales previstas en Montaña Roja. A razón de 216 euros (108 para las arcas del Cabildo) por cama desclasificada. Ni más ni menos.
Puede que no resulte sencillo a primera vista ponderar lo que suponen 30.000 camas turísticas menos en la isla, pero quizá baste con recordar dos datos: Uno, según datos de septiembre de 2015, el número de plazas turísticas oficiales en Lanzarote ronda las 72.000. Dos, el presupuesto anual del Cabildo gira en torno a 117 millones de euros. O dicho de otra manera, logramos ahorrarnos la construcción del 40% de las camas turísticas actuales (con lo que ello conlleva de presión sobre el territorio y sobre los servicios públicos) a cambio del 3% del presupuesto de un año del Cabildo. Hay que tener muchas "obsesiones" en la cabeza (o tener vínculos demasiado intensos con algunos promotores urbanísticos) para decir que esa sentencia no fue una conquista para todos los ciudadanos de esta isla.
Carlos Meca, Consejero de Podemos en el Cabildo de Lanzarote.
