El levantamiento del secreto de sumario para una parte la documentación del caso Unión puede complicar las cosas al PP y a su diputado nacional, Cándido Reguera, en su empeño en llegar a la alcaldía de Arrecife, a pesar del ...
El levantamiento del secreto de sumario para una parte la documentación del caso Unión puede complicar las cosas al PP y a su diputado nacional, Cándido Reguera, en su empeño en llegar a la alcaldía de Arrecife, a pesar del nuevo espíritu anticorrupción de su partido y del daño a la imagen de la fuerza conservadora en Lanzarote, hasta la fecha poco tocada.
Mientras Rajoy presentaba en Sevilla su texto de autoayuda para el político de carnes débiles o cómo transformar la imagen de la gestión pública, de estanque enfangado a charca de aguas claras, Reguera pergeñaba su ascenso al poder de la mano de dos imputados por prácticas corruptas. Y para más inri, con la bendición del líder.
La principal coartada del aspirante a alcalde para justificar su decisión parece más bien una confirmación de su mala conciencia. Algo así como: Vale, son sospechosos de cobro de comisiones ilegales, pero que no me coja nervios la ciudadanía porque no les vamos a dejar acercarse al cajón de los euros. Votan pero no gobiernan.
No recuerdo que en torno a este asunto de la censura a Pérez Parrilla, con el apoyo de los imputados del PIL, alguien haya enarbolado el argumento de la presunción de inocencia. Nadie parece dar un duro por su honestidad, ni siquiera los de su propio partido, que como primera medida dictaron su suspensión cautelar de militancia hasta el levantamiento del secreto de sumario.
El momento parece que ha llegado. En pocos días las cartas estarán sobre la mesa y la estrategia de la jugada se decidirá con todas las consecuencias. Ya no valdrá ampararse en el yo no sabía, quién se iba a imaginar? Incluso, escucharemos justificaciones o intentos de minimizar los hechos. Partidos políticos y medios de comunicación lanzarán sus órdagos: cualquier paso, adelante o atrás, a poco más de un año de las Elecciones, puede ser definitivo.
Porque no nos olvidemos que quien finalmente premia al político que mantiene las manos limpias y sanciona al corrupto y a quien le ampara, es el electorado. Ni los acuerdos anti-transfuguismo ni los decálogos de buenas prácticas ni las mismas leyes pueden sustituir la responsabilidad y el poder de la ciudadanía.
Es nuestro privilegio, nuestro derecho y nuestro deber evitar que la corrupción se adueñe de las instituciones públicas. Y sólo una actitud social firme, con un claro reflejo en las urnas, actuará como acicate para que los partidos seleccionen a sus candidatos con criterios de ética política, ofrezcan listas limpias y de honestidad garantizada y actúen en consecuencia a la hora de diseñar pactos de gobierno.
