El apagón del 3 de octubre no puede explicarse únicamente por una avería en Mácher. Detrás de aquellas horas sin electricidad existe una historia mucho más larga, marcada por proyectos que llevan años sobre la mesa, infraestructuras cuya culminación se ha prolongado en el tiempo, instalaciones que necesitan modernizarse y una planificación energética que, en determinados momentos, parece haber avanzado por detrás de las necesidades de una isla que no ha dejado de crecer.
Lanzarote se quedó a oscuras en la madrugada del 3 de octubre y volvió a comprobar hasta qué punto depende de una infraestructura energética esencial para prácticamente todos los ámbitos de la vida cotidiana. El cero energético comenzó a las 5:44 horas con una incidencia en la red de 66 kV de la subestación de Mácher, en Tías, que afectó inicialmente a unos 51.703 clientes. Cuatro minutos después, durante las maniobras de reposición, una nueva incidencia en las subestaciones de San Bartolomé y Punta Grande provocó pérdida de generación y elevó la afección hasta aproximadamente 73.600 clientes. Playa Blanca quedó fuera del apagón gracias a su conexión con Fuerteventura.
No fue, por tanto, un simple corte de luz. El cero energético afectó también a la producción de agua porque las plantas desaladoras dejaron de funcionar con normalidad y obligó al Gobierno de Canarias a activar la prealerta del PLATECA por la afección a suministros básicos. En una isla que depende de la desalación para garantizar su abastecimiento, la electricidad y el agua forman parte de una misma ecuación, de manera que una interrupción de gran dimensión deja de ser exclusivamente un problema energético para convertirse en una cuestión de seguridad y de funcionamiento de los servicios esenciales.
Y ahí debería comenzar la verdadera reflexión, porque Lanzarote no se quedó sin luz de repente.
El problema no nació el 3 de octubre
La explicación técnica de la avería tendrá que determinarse mediante la investigación anunciada por las administraciones y los operadores del sistema, pero existe otra cuestión que debería formar parte de esa investigación y que va mucho más allá de localizar el elemento concreto que falló aquella madrugada: por qué una incidencia localizada pudo terminar provocando un cero energético de estas dimensiones y qué infraestructuras previstas para reducir esa vulnerabilidad siguen todavía pendientes.
El caso del eje eléctrico entre Mácher y Playa Blanca resulta especialmente significativo. No se trata de una actuación concebida después del apagón, sino de un proyecto cuya tramitación viene de mucho antes. La documentación oficial demuestra que fue sometido a información pública en diciembre de 2010 y que en mayo de 2016 recibió autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración de utilidad pública.
El dato adquiere todavía mayor relevancia cuando se observa la situación actual. En mayo de 2026, el Gobierno de Canarias incorporó a su Plan Estratégico de Subvenciones una ayuda al Cabildo de Lanzarote destinada al proyecto Playa Blanca-Mácher, concretamente al soterramiento del transporte de energía eléctrica a 132 kV en doble circuito entre ambas localidades, con un plazo de vigencia previsto para 2026-2027 y con un objetivo expresamente definido: mejorar la garantía del suministro eléctrico.
La cronología resulta difícil de ignorar. El proyecto ya estaba en información pública en 2010, fue autorizado en 2016 y en 2026 todavía existen actuaciones asociadas a su culminación. No hace falta afirmar que nadie haya querido resolver el problema para formular una pregunta legítima: ¿por qué una infraestructura considerada necesaria hace tantos años continúa necesitando actuaciones para completar su función cuando Lanzarote vuelve a sufrir un episodio de estas características?
No se puede decir que no se haya invertido
Sería injusto presentar esta historia como si durante todos estos años no se hubiera hecho nada. Los datos disponibles muestran una realidad diferente. Red Eléctrica asegura que desde 2011 ha invertido alrededor de 268 millones de euros en Lanzarote y Fuerteventura en nuevas redes y en obras de renovación, mejora y mantenimiento, además de haber construido siete nuevas subestaciones, entre ellas las de Playa Blanca, Tías y Callejones.
También en 2022 entró en funcionamiento el nuevo enlace submarino de 132 kV entre Lanzarote y Fuerteventura, que reforzó la interconexión existente desde 2005 y aportó una segunda vía de conexión, precisamente para aumentar la robustez del sistema y mejorar las condiciones de mantenimiento.
El propio apagón ha demostrado la utilidad de aquella infraestructura. Mientras buena parte de Lanzarote permanecía sin suministro, Playa Blanca pudo mantenerlo gracias a su conexión con Fuerteventura. Es una evidencia práctica de lo que significa disponer de redundancia: cuando existe una vía alternativa y puede utilizarse, una parte del sistema puede quedar protegida frente a un fallo que afecta al resto.
Por eso el debate no debería plantearse en términos de si se ha invertido o no, porque está documentado que se ha invertido. La cuestión verdaderamente importante es otra: si esas inversiones han llegado a tiempo, si han sido suficientes para acompañar el crecimiento de la isla y si la red dispone de la redundancia necesaria para impedir que una incidencia localizada vuelva a tener consecuencias insulares.
Cuando la planificación va por detrás de la realidad
Durante las últimas décadas Lanzarote ha experimentado una transformación profunda. Han aumentado la población y la actividad turística, se han desarrollado nuevas áreas residenciales y hoteleras y han crecido las necesidades relacionadas con el agua, los servicios públicos, el comercio y la movilidad. La electricidad ha dejado de ser una infraestructura más para convertirse en el soporte imprescindible de prácticamente todas las demás, desde la producción de agua hasta las comunicaciones, los centros sanitarios, los establecimientos turísticos y la actividad económica.
Por eso resulta insuficiente contemplar la planificación eléctrica como una cuestión exclusivamente técnica. Cuando una isla depende de la electricidad para producir agua y mantener en funcionamiento buena parte de sus servicios esenciales, garantizar el suministro constituye también una cuestión de seguridad insular. Y precisamente por eso adquiere tanta importancia la diferencia entre una infraestructura anunciada y una infraestructura terminada, entre un proyecto autorizado y una línea realmente operativa, porque durante los años que separan ambos momentos la realidad de la isla continúa cambiando.
La historia de Mácher y Playa Blanca permite observar con claridad esa distancia entre planificación y ejecución. El proyecto estaba documentado hace más de quince años, obtuvo autorización hace una década y todavía en 2026 aparecen actuaciones vinculadas a su culminación y soterramiento. Al mismo tiempo, el sistema existente ha tenido que seguir funcionando y respondiendo a una demanda que no ha dejado de crecer.
El problema no consiste, por tanto, en que no existan planes. El problema está en el tiempo que transcurre entre la identificación de una necesidad y la puesta en servicio de la infraestructura destinada a resolverla. Una red eléctrica no puede esperar a que la demanda alcance el límite para empezar a reforzarse, porque cuando la nueva infraestructura llega demasiado tarde la isla ya se encuentra en otra situación y las instalaciones existentes han tenido que soportar durante años una presión creciente.
Una responsabbilidad que no debería eludirse
Después de un episodio como el del 3 de octubre aparece inevitablemente la pregunta sobre quién tiene la responsabilidad. El sistema eléctrico distribuye competencias entre distintas administraciones y empresas, con responsabilidades diferenciadas en materia de planificación, transporte, generación, distribución, autorizaciones, territorio y emergencias. Ese reparto es técnicamente necesario, pero puede producir una consecuencia que el ciudadano percibe con claridad cuando llega una crisis: las responsabilidades se fragmentan mientras las consecuencias se concentran.
El ciudadano no vive dentro de ese reparto competencial. Cuando se va la luz no importa demasiado quién debía autorizar una obra, quién debía ejecutarla o quién debía mantener una instalación. Se detienen comercios, hoteles, viviendas, sistemas de bombeo, comunicaciones y servicios esenciales, y en una isla dependiente de la desalación también queda comprometida la producción de agua.
Por eso la investigación anunciada después del apagón debería ir más allá de determinar qué componente falló. Tendría que reconstruir también la historia de las infraestructuras previstas para evitar que una incidencia pudiera adquirir semejante alcance, identificar qué actuaciones estaban programadas, cuáles se ejecutaron, cuáles siguen pendientes y qué razones explican los retrasos acumulados.
No sería necesario convertir esa investigación en una búsqueda de culpables antes de conocer los hechos. Bastaría con exigir algo mucho más sencillo y mucho más importante: que cada administración y cada operador expliquen qué responsabilidad tiene, qué actuación debía realizar, cuándo estaba prevista y en qué punto se encuentra actualmente.
El agua convierte el apagón en algo mucho más serio
El episodio del 3 de octubre ha dejado además una evidencia que Lanzarote no debería olvidar. Cuando desapareció la electricidad, también se vio afectada la producción de agua porque las plantas desaladoras necesitan suministro energético para funcionar. La recuperación del suministro eléctrico no supone automáticamente la recuperación inmediata de la producción de agua, ya que las instalaciones necesitan estabilizarse y volver a funcionar con normalidad.
Esta dependencia obliga a contemplar la seguridad energética desde una perspectiva mucho más amplia. No se trata solamente de que una vivienda pueda encender la luz o de que un comercio pueda abrir sus puertas, sino de garantizar que una infraestructura crítica pueda continuar funcionando cuando una parte del sistema sufra una avería. Para ello hacen falta redes malladas, capacidad suficiente, conexiones alternativas, generación de respaldo y sistemas capaces de limitar el alcance de un fallo.
En Lanzarote, además, la seguridad energética y la seguridad hídrica están inevitablemente conectadas. Esa realidad debería ocupar un lugar central en cualquier futura planificación porque el coste de un fallo eléctrico no se limita a las horas en las que las viviendas permanecen a oscuras.
La pregunta incómoda
Quizá la imagen más reveladora del apagón sea precisamente la de Playa Blanca manteniendo el suministro mientras buena parte de Lanzarote permanecía a oscuras. Su conexión con Fuerteventura permitió disponer de una vía alternativa y demostró, en la práctica, el valor de la redundancia que Red Eléctrica había señalado al poner en servicio la nueva interconexión.
Por eso la pregunta que deja el apagón no debería limitarse a determinar quién tuvo la culpa de la avería. La cuestión más importante es por qué una infraestructura considerada necesaria hace tantos años todavía necesita actuaciones para alcanzar plenamente los objetivos de seguridad que justificaron su planificación. Formular esa pregunta no significa acusar de antemano a una administración o a una empresa, sino exigir que la investigación explique dónde se ha producido la distancia entre lo previsto y lo ejecutado.
Y ahí aparece una cuestión todavía más incómoda: si la necesidad estaba identificada desde hace años, si existían proyectos, si había autorizaciones y si se han realizado inversiones millonarias, ¿por qué Lanzarote sigue teniendo una vulnerabilidad capaz de convertir una incidencia en un cero energético de dimensión insular?
Lanzarote no necesita otro plan
Después del apagón llegarán nuevos informes, explicaciones, compromisos e inversiones, y todos ellos serán necesarios. Pero Lanzarote necesita algo más difícil: que las soluciones dejen de medirse por el número de proyectos anunciados y comiencen a medirse por el número de infraestructuras terminadas, conectadas y funcionando. La documentación demuestra que ha habido planificación y que también ha habido inversiones importantes, pero demuestra igualmente que determinadas actuaciones consideradas estratégicas llevan muchos años recorriendo el camino entre el proyecto y la realidad.
Ese debería ser uno de los principales debates que deja el apagón. No se trata de negar lo que se ha hecho, sino de preguntarse si se ha hecho con la velocidad necesaria y si el modelo de planificación permite anticiparse a las necesidades de una isla que continúa creciendo. Porque si una infraestructura tarda años en pasar de la planificación a la ejecución, durante ese tiempo la realidad no permanece quieta: aumenta la demanda, crecen los servicios que dependen de la electricidad y las instalaciones existentes continúan soportando el sistema.
Por eso el apagón del 3 de octubre no debería quedar reducido a una explicación técnica sobre lo ocurrido aquella madrugada. La investigación debe determinar qué falló, pero también debería explicar por qué el sistema necesitaba todavía determinadas actuaciones que llevaban años previstas y qué medidas concretas se adoptarán para reducir de manera real la posibilidad de que una próxima avería vuelva a tener consecuencias insulares.
El verdadero problema no es que una infraestructura eléctrica pueda fallar. Cualquier sistema puede hacerlo. El problema aparece cuando una avería localizada tiene capacidad para comprometer durante horas el funcionamiento de una isla entera y cuando, además, algunas de las infraestructuras destinadas a reducir esa vulnerabilidad llevan años esperando su culminación.
Lanzarote no necesita solamente que se explique por qué se fue la luz el 3 de octubre. Necesita saber qué se ha hecho durante todos estos años, qué quedó pendiente, por qué quedó pendiente y cuándo estará finalmente terminado. Necesita, además, que las respuestas no vuelvan a quedarse en otro calendario de actuaciones que dentro de unos años tenga que ser revisado de nuevo después de otra incidencia.
Porque Lanzarote no se quedó sin luz de repente. La avería ocurrió en una madrugada concreta, pero la vulnerabilidad que hizo posible que aquella avería tuviera semejante dimensión se ha ido construyendo a lo largo de muchos años. Y esa es, probablemente, la cuestión que ahora debería preocupar mucho más que el propio apagón: si sabemos desde hace años qué infraestructuras necesita la isla, ¿por qué seguimos esperando a que ocurra el problema para volver a hablar de ellas?
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