¿No son muchas 15.000 viviendas? Son bastantes, pero no muchas si uno de verdad siente amor y quiere ayudar a la gran mayoría de ciudadanos de esta isla que están sufriendo gravemente con la crisis de la vivienda, pagando más del 30% de sus ingresos netos para poder tener un techo digno en el que vivir. O, peor aún, ni siquiera teniendo acceso a algo que garantiza el artículo 47 de la Constitución española: una vivienda digna y adecuada.
15.000 viviendas no buscan frenar los precios. No buscan que los precios declinen ligeramente. 15.000 es la cantidad de vivienda necesaria para hundir el precio del alquiler y venta hasta un nivel digno para nuestros conciudadanos y para permitir que las capas más humildes de la sociedad no se vean forzadas a vivir en infraviviendas. Es una medida de impacto real, duradero y significativo en el lado de la oferta.
Mientras en España la casta política se llena la boca con medidas retrógradas que suenan muy bien pero que todo el mundo con dos dedos de frente sabe que no funcionan, como limitar precios y endurecer las condiciones a los propietarios, la realidad es que sólo hay una medida que funciona: aumentar la oferta. Es decir, construir.
Como muestra el siguiente gráfico, desde el estallido de la burbuja inmobiliaria hace ya casi 20 años, los visados de obra nueva en España están hundidos, en coma técnico. Hoy se construyen menos viviendas que en 1992, época muy alejada de la burbuja inmobiliaria de principios del siglo XXI.
En economía los precios, por lo general, funcionan como un indicador del equilibrio o desequilibrio que existe en un determinado mercado. Así, si el precio de las naranjas se dispara hasta la estratosfera, enseguida aparecerán otros productores para aprovechar esos elevados precios y obtener un beneficio. Y, paradójicamente, el que aparezca más gente cultivando naranjas para obtener un beneficio, hace que los precios declinen más pronto que tarde, favoreciendo a todos.
Esto no ocurre en el mercado de la vivienda porque se trata de un mercado hiper regulado que evoluciona según las diferentes leyes, ideologías y medidas macroprudenciales que existen en una determinada época.
El problema en Lanzarote, como quieren hacer creer algunos partidos políticos “decrecentistas” a los que les encanta decir cosas bonitas que en el fondo sólo empeoran las cosas, no es que la isla esté saturada o que haya demasiada vivienda vacacional. El problema de Lanzarote es el mismo problema de toda España: falta de oferta.
La población ha aumentado hasta casi 50 millones, pero es que además cada vez más gente vive sola o con menos miembros en una misma vivienda, lo que hace necesario más viviendas para un mismo número de habitantes. Sólo el año pasado el saldo neto migratorio español fue positivo en 700.000 personas, el mayor récord de toda la historia. Y son personas que necesitamos porque la población de origen español se está contrayendo por la baja fertilidad local. A medida que envejecemos, necesitamos más fuerza laboral extranjera para ayudarnos.
Los partidos políticos que hoy en día hablan de que el problema está en los precios, son auténticos terroristas sociales que están jugando con la vida de las personas más necesitadas de nuestra sociedad. Los precios nunca son el problema, son un indicador y aquí claramente señalan que hace falta mucha más vivienda.
Los partidos políticos que se dedican a decir que estamos en una isla saturada, que no se puede construir más y que hay que decrecer, no les importa nada las vidas de nuestros conciudadanos y el derecho constitucional que tienen a una vivienda digna. Solo les importa llevar sus agendas ideológicas hasta el extremo para medrar dentro de las estructuras de sus partidos a base de eslóganes preciosos pero contraproducentes.
Sólo construyendo 15.000 viviendas resolveremos este problema. Esas cientos de viviendas que están haciendo en Maneje son como tirar dos cubos de agua a un incendio. Sólo son una medida para la pose electoral, pero no una medida real para arreglar la vida de las personas. El reciente decreto del gobierno de Canarias de “medidas urgentes en materia de vivienda” son insuficientes para devolver la dignidad a nuestros conciudadanos.
Igual que para evitar burbujas se toman medidas macroprudenciales para tratar de frenar las mismas, cuando hay escasez de vivienda se requieren medidas extremas y rápidas para fomentar la oferta. Y eso no se ha hecho ni tampoco se está haciendo.
Sin construir vivienda la sociedad entra en barrena porque nuestros jóvenes y no tan jóvenes no pueden emanciparse. Sin emancipación no hay proyecto de vida y sin proyecto de vida no hay nuevos bebés. Y sin bebés no hay sociedad. Por eso digo, aquí y ahora, que la casta política que nos gobierna está cometiendo un gravísimo acto de terrorismo social.
Hay que liberalizar mucho suelo (y para los graciosos, en Lanzarote sobra suelo sin impacto ambiental), cortar la burocracia a su mínima expresión y, sobre todo, poner pasta para que los constructores empiecen a construir.
¡Ah! y también hace falta que los ciudadanos en las elecciones castiguen a todos los partidos que están en contra del progreso social: los decrecentistas. O si no, que le sigan votando mientras ganan 1.200 euros para pagar viviendas de 1.000 euros.
