La última pieza separada del caso "Unión" confirma algo que parecía imposible: a estas alturas, todavía nos queda capacidad de sorpresa en Lanzarote. Los miles de folios sobre los que se acaba de levantar el secreto de sumario ponen los pelos de punta. Y no sólo por la indignación que genera ver cómo algunos se han llevado el dinero que era de todos los ciudadanos de esta isla, sino también por las "pequeñas" cosas.
No estamos hablando ya de lo que diga un juez, un fiscal o una unidad de élite de la Guardia Civil, sino de lo que dicen los propios imputados. Lo que dijeron ante el juez, y lo que decían en las conversaciones telefónicas que estaban siendo grabadas por la UCO. En esas conversaciones, se evidencia una total pérdida del norte, del rumbo, de no distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. En algunos casos, es como si tuvieran tan interiorizada la corrupción, que todo les parecían minucias.
Pero claro, cuando uno cobra miles de euros o millones de pesetas en comisiones ilegales y se lleva, o deja que otros se lleven, dinero de las arcas públicas por obras "infladas" de precio o por trabajos no realizados, quizá parezca hasta una tontería cargar a las cuentas de Inalsa las cestas de Navidad que va enviar un partido, como proponía hacer Dimas en una carta; o convertir las instituciones en una agencia privada de empleo, para enchufar a amigos y parientes en puestos para los que no estaban preparados.
Por eso, precisamente, es tan importante el papel de los medios de comunicación. Los ciudadanos tienen derecho a saber y, por qué no, a emitir sus propios juicios. Sí, esos juicios paralelos que tanto cuestionan los que intentan evitar que se hable de lo que han hecho.
Al margen de lo que diga la Justicia, que lleva su propio y exasperante ritmo, al margen de las condenas judiciales que pueda haber el día de mañana, determinadas actitudes también merecen una condena social. Y eso, sí está en manos de cada ciudadano de esta isla.
Durante al menos dos décadas, en Lanzarote se ha aceptado lo inaceptable. Algunos lo sabían y otros lo intuían, pero nadie impidió que la isla estuviera gobernada desde la prisión de Tahíche, como ha vuelto a dejar de relieve esta parte del sumario del caso "Unión". Que alguien condenado, nada menos que por malversar el dinero público, siguiera dando las órdenes en las instituciones de la isla. Organizando qué se hacía, quién lo hacía, cuánto se pagaba y a quién.
Pero no sólo eso. Las nuevas revelaciones del caso "Unión" van mucho más allá incluso de lo que el común de los mortales podía sospechar. ¿Alguien se imagina que un empresario diera dinero de forma sistemática, por ejemplo, al presidente del Gobierno de España? ¿O que incluso las viviendas familiares de Mariano Rajoy, o las de Zapatero en su momento, estuvieran a nombre de ese empresario? Pues eso, pasaba en Lanzarote. Y una vez más, quien lo reconoce es el propio afectado, Dimas Martín, que declaró en los Juzgados que sus casas de Guatiza y Los Lajares estaban a nombre de Juan Francisco Rosa y que el empresario "les dejaba vivir ahí desde siempre". ¿Qué se puede esperar de una relación así?
Definitivamente, al margen de lo que la Justicia pueda determinar en base a éstos y otros hechos, hay actitudes que también merecen una condena social (incluso aunque constituyeran un delito). La merecen los casos más sangrantes que revela el sumario, pero también muchos otros, que reflejan la existencia de un sistema totalmente podrido. Un sistema que acabó creando una preocupante y dañina tolerancia a la corrupción en la isla.
Por eso, es fundamental que los medios de comunicación cuenten todo eso a la sociedad. Y la mejor prueba de ello es el empecinamiento de algunos en matar al mensajero. Es como si una imputación, una detención o una investigación judicial no tuvieran "importancia" hasta que sale en los medios. No importa lo que uno ha hecho, o lo que ha permitido que hiciera el de al lado. Ni siquiera que la Justicia les haya "pillado". Da la sensación de que lo que realmente les quita el sueño a determinados cargos públicos, funcionarios y empresarios es lo que se publica en la prensa.
Da igual quién sea o cómo se llame. El afectado, siempre se queja del trato que recibe por parte del medio que da cobertura a la noticia. Y con él, sus allegados. Que si cómo ha podido llegar eso a la prensa, que si la noticia tampoco tiene tanta relevancia, que si hay un ataque personal, que si de fulano o zutano se habla menos… En definitiva, cualquier argumento es bueno para desviar el debate, y no hablar de lo verdaderamente importante. Para seguir manteniendo la tolerancia a la corrupción.
Y para romper con eso, es esencial la información, pero también el papel de cada ciudadano. Desde el que acepta "entrar por el aro" en lugar de denunciar; hasta el que escucha decir que "hoy en día te imputan por cualquier cosa", sin sacarle al menos los colores a quien pronuncia tamaña frase.
Obviamente, una imputación no es sinónimo de culpabilidad. Sin embargo, quien sigue defendiendo la presunción de inocencia de delincuentes confesos, o quien se esfuerza por ocultar su situación, carga contra quien informa y elude dar explicaciones, sí debería hacernos sospechar.
