La palmera canaria a partir de ahora vivirá en agonía, en el corredor de la muerte. La motosierra tarde o temprano terminará por decapitarle el cogollo y será enterrada en cal viva. Es la crónica de una muerte anunciada, cuyos verdugos son los que han potenciado que se llegue a esta situación. Caro precio para un ser vivo que goza de admiración, prestigio y reconocimiento a nivel internacional.
Hace mucho tiempo que alcaldes, organizaciones agrarias, ecologistas y viveristas, han denunciado la gran amenaza que se podría originar en nuestro ecosistema si se introducía el picudo rojo en las islas Canarias. Ahora es una realidad que promete diezmar la población de palmeras en el Archipiélago y que hace imposible su erradicación. El picudo además de tener capacidad de vuelo, en condiciones favorables puede alcanzar 5 kilómetros, es capaz de realizar puestas aproximadas de 250 huevos.
Desde las administraciones públicas sus responsables ahora, se echan la culpa los unos a los otros, y me pregunto ¿por qué no se exigen responsabilidades políticas y que cada "tronco" aguante su vela? Es cierto que desde el Gobierno de Canarias, hace más de dos años y medio se solicitó formalmente que se modificara la normativa para evitar la entrada en las Islas de palmaceas foráneas, a excepción de material de semillas y aquellas de tamaño inferior a 5 centímetros de diámetro, con la finalidad de evitar la entrada del picudo y otras enfermedades como la "paysandisia archon" sin solución biológica. En esos momentos, los responsables del Ministerio de Agricultura, argumentaban que la Organización Mundial del Comercio (OMC) no lo permitía, aún cuando, por todos era conocido que palmeras, de zonas o países donde se encontraba presente el picudo -Oriente Medio, Egipto, Israel, etc-, eran nacionalizadas para luego proceder a su introducción en otras regiones. Ahora, cuando el avance de la plaga es insalvable y los esfuerzos económicos para su erradicación son incalculables, se aplican las citadas medidas.
A todas estas, la Consejería de Agricultura de Gobierno de Canarias, a remolque, prohibió el pasado lunes el movimiento de palmeras entre las Islas. Como es lógico, la medida es morosa, pero necesaria, justificándola su Consejero, "ante la peligrosidad y efectos catastróficos que pudiera ocasionar en la palmera canaria este organismo nocivo". ¿Por qué motivo no hace lo mismo con el cultivo de la papa afectada por plagas de cuarentena a nivel mundial que han causado los efectos catastróficos mencionados, en aquellas regiones de donde es originaria?, ¿será porque están ubicadas principalmente en la Isla de Tenerife y la Palma?. Me gustaría ¿saber la respuesta que argumentará, cuando no se pueda realizar el cultivo de la papa en Canarias, siendo conocedores que determinados productores unos concientes y otros inconscientes, envían partidas de papas contaminadas a otras islas. No se pretende avivar el pleito insular, sería estúpido, pero el responsable de agricultura autonómico, sólo tiene respuestas simplonas y se olvida de cumplir sus obligaciones, entre ellas, preservar en las Islas la sanidad vegetal de las zonas no contaminadas de plagas y enfermedades. Me pregunto, ¿con qué autoridad moral se puede exigir a los responsables en materia de sanidad vegetal del Estado que prohíban la entrada de palmeras, vegetales y productos vegetales, con destino a Canarias, si las autoridades autonómicas no lo hacen en materia de su competencia, permitiendo la propagación de material contaminado en el Archipiélago?
El problema es de concepto. Los responsables piensan que las medidas sanitarias de obligado cumplimiento para evitar la propagación de agentes nocivos, son negociables con los productores de las zonas contaminadas, y se confunden. Lo negociable, son las medidas compensatorias destinadas a los agricultores, que han visto como tienen que abandonar sus cultivos durante más de cinco años, o la disminución de los rendimientos que hace inviable el sostenimiento del cultivo o su competitividad.
Esta semana han celebrado las primeras jornadas del picudo rojo en la palmera canaria en el municipio de Santa Lucía, espero que sean las últimas que el problema se erradique, y me retracte de lo antedicho. Su Alcalde, desde hace tiempo, venía denunciando la falta de medios técnicos y personales en los controles fito y zoosanitarios en los puertos y aeropuertos de Canarias, y la necesidad de limitar el movimiento de palmaceas de terceros países conciente del problema que se avecinaba, argumentándolo en la necesidad de preservar un patrimonio de todos los canarios y la identidad de un pueblo. En el mismo sentido, presentó una moción para que las administraciones públicas, ajardinaran con nuestra palmera los espacios públicos. ¡En otros países lo hacen con nuestra variedad!
Le felicito por su diligencia y aplomo D. Silverio, y a todos aquellos responsables políticos causantes de este mal en el futuro próximo, podrán utilizar los troncos de las palmeras canarias guillotinadas, a modo de báculos de alumbrado público para la instalación de publicidad electoral.
Antonio Ortega Rodríguez, secretario de agricultura de nueva Canarias y ex director general de desarrollo agrícola del Gobierno de Canarias .
