Muchos pensaron en 1997 que lo de la moratoria era un invento que no iba a ninguna parte, una forma de imitar los pasos que se habían dado en la isla de Menorca. Luego a la mayoría les entraron los sudores cuando descubrieron que ...
Muchos pensaron en 1997 que lo de la moratoria era un invento que no iba a ninguna parte, una forma de imitar los pasos que se habían dado en la isla de Menorca. Luego a la mayoría les entraron los sudores cuando descubrieron que Enrique Pérez Parrilla y el Cabildo que presidía no iban de farol. Fue cuando se produjo la avalancha de construcciones, especialmente localizadas en dos municipios: Teguise y Yaiza. La historia más o menos ya la conoce todo el mundo, como conoce todo el mundo el resultado final de esa fiebre constructora. Ahora estamos viviendo el segundo tiempo, el de los pleitos, que son casi infinitos.
La batalla judicial abierta entre el Cabildo y los ayuntamientos de Teguise y Yaiza no sólo ha provocado un gasto tremendo sino un enfrentamiento agrio entre sus mandatarios, que derivó incluso en que se tuvieran que tomar medidas como la obligación impuesta a sus alcaldes, Juan Pedro Hernández y José Francisco Reyes, respectivamente, de tener que entregar la documentación que no se había entregado sobre las licencias concedidas y prorrogadas. Con Teguise las cosas poco a poco se han ido suavizando, aunque sigue habiendo tela que cortar en los tribunales, pero con Yaiza hay infinidad de pleitos cruzados pendientes de resolución que mucho nos tememos que en poco o en nada beneficiarán a los ciudadanos de la Isla.
Este diario ofrece hoy otra información relativa a este asunto, centrada además en una parte de la historia que no se conoce demasiado bien, el los permisos que otorga el Cabildo para que los establecimientos entren en funcionamiento. La ley de hechos consumados es lo más peligroso en estos instantes, es decir, que al final resulte que muchas de las construcciones existentes sean ilegales y que no se puedan derribar por los motivos que ya vivimos aquí mismo hace unos cuantos años, que sea peor el remedio que la enfermedad. Por eso el Cabildo ha tomado la determinación de negar el funcionamiento a aquellos que tiene muy claro que no deben funcionar, que no deben estar abiertos al público.
Es sólo una parte de la batalla judicial, evidentemente, porque lo más importante se sustanciará después del verano. Una vez aclarado el tema del Plan Parcial Montaña Roja, que era el que contaba con sentencia del Supremo favorable a los promotores, se intuye que la Primera Corporación insular seguirá cosechando éxitos en su pequeña batalla por demostrar que el Ayuntamiento sureño se equivocó al permitir que se construyera en un año lo que no estaba contemplado siquiera para los diez que establece la revisión del Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT), la medida que popularmente todos conocemos ya como moratoria turística. El argumento de Yaiza, como el de Teguise, es que ellos defienden los intereses municipales, los intereses de los ciudadanos. La realidad es que la fisonomía del territorio ha cambiado espectacularmente, y que a lo mejor ha cambiado amparada en la ilegalidad. Además, mucho nos tememos que no son los ciudadanos de Yaiza ni de Teguise los que se han beneficiado de ese crecimiento. Habrá que confiar en que el tiempo y la justicia den la razón a quien la tenga.
