La instrucción que lleva el Juzgado número 2 de Arrecife sobre la masiva concesión irregular de licencias urbanísticas avanza. En estos días se ha conocido la ampliación de la lista de imputados, así como la aplicación de un ...
La instrucción que lleva el Juzgado número 2 de Arrecife sobre la masiva concesión irregular de licencias urbanísticas avanza. En estos días se ha conocido la ampliación de la lista de imputados, así como la aplicación de un nuevo tipo penal: el de asociación ilícita.
La inclusión de este tipo penal lleva a considerar que frente a los relatos que tratan de reducir lo sucedido a la mera disputa partidaria, al enfrentamiento del empresariado dinámico y emprendedor contra los nonistas de siempre, o a la pasividad de un Cabildo apático que dejó hacer y ahora despierta, surge de la investigación judicial una nueva crónica.
Una crónica que dibuja una serie de voluntades concertadas para transgredir la ley: empresarios, letrados, funcionarios y políticos operando bajo un principio rector de manera perfectamente coordinada algo que, en lenguaje coloquial, puede ser denominado como la mafia del ladrillo.
Esa caracterización como mafia no resulta en absoluto exagerada. Si la mafia del ladrillo no utiliza la violencia física para coaccionar a sus adversarios, sí recurre a otro tipo de matones que atacan duramente la imagen pública, la integridad moral y personal de todos aquellos que se enfrentan a sus amos.
Medios de comunicación propiedad directa de los mafiosos del ladrillo o soportados económicamente por los mismos y periodistas entregados a la causa, machacan en tertulias e "informativos" de radio y televisión, o desvirtúan titulares y contenidos en prensa escrita.
Los mismos abogados que han trazado estrategias para eludir el cumplimiento de la ley o que les defienden en causas penales, se utilizan para interponer querellas temerarias contra periodistas o articulistas que osen poner negro sobre blanco el relato de sus fechorías.
Un comportamiento claramente mafioso, tanto en los métodos utilizados para la consecución de sus fines, como en la persecución de todo aquel que ose hacerles frente en los tribunales o en la opinión pública.
Ese es el relato que emerge de las acciones judiciales. Un relato que, para mayor intranquilidad, fuerza una pregunta inevitable: si es éste tan solo el relato de prácticas que se produjeron hace algunos años o si, por el contrario, la mafia del ladrillo sigue teniendo a su servicio políticos al frente de instituciones claves a la hora de ejecutar las sentencias, que las colocan al servicio de sus intereses.
Lo que se va conociendo lleva a temer que sea cierta la peor respuesta.
Carlos Espino, secretario general del PSOE en Lanzarote
