De una forma u otra en las últimas legislaturas la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias ha estado vinculada con Lanzarote. En el Ejecutivo autonómico son conscientes de la importancia que tiene esta isla en el desarrollo ...
De una forma u otra en las últimas legislaturas la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias ha estado vinculada con Lanzarote. En el Ejecutivo autonómico son conscientes de la importancia que tiene esta isla en el desarrollo del sector que mueve la economía de todo el Archipiélago, sobre todo en lo que respecta a la pauta a seguir en la combinación entre desarrollo económico y desarrollo sostenible. Por esa razón, Lanzarote tiene que abanderar nuevamente cualquier movimiento que tenga que ver con la ejecución de cuantas acciones sean necesarias para impedir que la ilegalidad impere en algunos de los establecimientos turísticos actualmente en funcionamiento.
Parece que se ha olvidado, pero no a nosotros, que el Cabildo inició a comienzos de la legislatura un trabajo para determinar el número de establecimientos ilegales que estaban trabajando en la Isla, para lo que se creó un censo voluntario al que se podían apuntar todos aquellos que quisieran entrar a formar parte de la legalidad vigente. Con esa medida se puso de manifiesto un tremendo problema, la incapacidad de la Primera Corporación insular para ejecutar la parte más importante del proyecto, la inspección y la sanción. ¿De qué le sirve detectar las ilegalidades si no puede hacer nada para terminar con ellas?
Con la llegada de Manuel Fajardo Feo a la Consejería de Turismo se podría haber abierto un camino a la esperanza. Parece que es posible que esto cambie y que se cedan al Cabildo las competencias que en buena lógica debería tener, para que dejen de ser meros observadores de la ilegalidad y puedan actuar con contundencia.
En el caso que centró la información más destacada de nuestra edición de ayer, el del hotel Papagayo Arena, de Playa Blanca, la situación es diferente, porque parece que va a pasar tiempo hasta que se produzca el anhelado traspaso de competencias. Debe ser por tanto la Consejería de Turismo del Ejecutivo autonómico la que actúe de forma inmediata, y si tiene que aplicar un precinto al hotel y cerrarlo, que lo haga. ¿Tienen más derechos sus propietarios por ser dueños de una gran empresa que un agricultor que construye un cuarto de aperos, son de otra categoría superior los empresarios turísticos a los vecinos de un municipio tan asediado por los expedientes de derribo como Tinajo?
Pues no, claro que no. Lo malo es que los políticos que tienen que aplicar estos criterios no terminan de enterarse de qué va esto o no quieren enterarse de qué va. Si el caso del Papagayo Arena tiene que servir como ejemplo, que sirva, si la información del Cabildo es correcta, que no tiene por qué no serlo, que se actúe. Va siendo hora ya de que se termine con la política de hechos consumados y con los privilegios. La ley es igual para todos, ¿o no?
