No es el mejor momento, sin duda. Y tampoco son las mejores circunstancias, dada la oposición frontal de casi todos los partidos, incluyendo al que hasta hace poco formaba parte del grupo de gobierno, el PSOE, y al que ...
No es el mejor momento, sin duda. Y tampoco son las mejores circunstancias, dada la oposición frontal de casi todos los partidos, incluyendo al que hasta hace poco formaba parte del grupo de gobierno, el PSOE, y al que pertenecía la alcaldesa cuando acudió a las elecciones, el PIL. Pero más allá de lo complicado del escenario, y también más allá de que finalmente va a ir a pleno cuando esta turbulenta legislatura ya agoniza, lo que es indiscutible es que Arrecife necesita tener un Plan General de Ordenación Urbana. En realidad, lo necesitaba desde hace mucho tiempo.
Ahora, al igual que en los últimos años, se puede seguir discutiendo y discrepando sobre si este documento es el mejor que se podía haber aprobado o no, y sobre si beneficia más a unos que a otros, pero lo concreto es que nunca se podrá hacer un plan a gusto de todos. Y suspicacias al margen sobre si los ayuntamientos favorecen deliberadamente a alguien cuando ordenan su territorio, lo cierto es que es inevitable que unos saquen más beneficios que otros cuando se hacen cambios. Y también es inevitable negociar con los propietarios del suelo y alcanzar acuerdos. Y ahí es dónde hay que ser extremadamente escrupulosos y transparentes, para que quede claro que no se están traicionando los intereses generales, pero también para no caer en la crítica fácil que sólo ve pelotazos detrás de cada operación.
En España existe la propiedad privada, y guste o no guste, eso supone unos derechos que no se pueden vulnerar. Y si las administraciones deciden que un suelo que tiene dueño debe tener otro uso, es obligado compensar por ello, aunque obviamente de forma justa y equilibrada.
A partir de ahí, es materialmente imposible que la planificación que se decida para cada zona responda al gusto de todos, por un lado porque cada cual tiene su propia visión de la ciudad, y por otro porque es una utopía pensar que un partido en la oposición va a aplaudir la gestión del que está en el gobierno.
Por eso, es seguro que el Plan General que se ha diseñado no es perfecto. Es seguro que se podría mejorar, tanto en su concepción como en determinados convenios urbanísticos que se han cerrado. Pero también es seguro que la capital de la isla no puede seguir creciendo a golpe de improvisación y sin un planeamiento, bueno o malo. Porque a estas alturas, peor que un mal Plan General es no tener ninguno. Son ya demasiados años de proyectos e inversiones bloqueadas por falta de un ordenamiento de la ciudad que permita avanzar a Arrecife.
Es evidente que la legislatura que termina no pasará a la historia por su brillantez, ni en Arrecife ni el Cabildo, porque desgraciadamente lo más destacable de los últimos cuatro años ha sido la inestabilidad y las crisis políticas, y pueden tener razón quienes consideran que sería más adecuado cerrar esta etapa y retomar de nuevo el plan general después de unas elecciones que están a la vuelta de la esquina, pero el problema es que eso tampoco garantiza nada. Lamentablemente, la necesidad de pactos a veces malavenidos para gobernar y las batallas políticas no se han inventado en esta legislatura, y cuesta mucho creer que vayan a terminar con ella. Con lo que probablemente, sea una vuelta a empezar, pero no a terminar. Y entrando de nuevo en esa espiral, Arrecife puede seguir años sin un plan general que la ordene.
De hecho, todo apunta a que el PP dará su apoyo al documento bajo esa premisa, sosteniendo que no es "su plan", como han dicho hasta ahora, pero que es imprescindible que la capital empiece a crecer de forma ordenada y pueda disponer de suelo, entre otras cosas, para usos sociales.
Muchos verán en ese apoyo una estrategia y unos intereses ocultos, al igual que en el más que posible voto favorable de Nuria Cabrera y otros ediles socialistas, que podrían saltarse el mandato de su partido. Será una más de las polémicas que han rodeado a Plan, que fue uno de los desencadenantes de la ruptura del PIL y de la brecha insalvable que se abrió entre Isabel Déniz y Dimas Martín, y que ahora podría traer más de una expulsión dentro de las filas del PSOE. Es la traca final de una polémica que dura ya demasiados años como para seguir extendiéndola en el tiempo. Para bien o para mal, Arrecife necesita tener su plan, y quien tenga argumentos para demostrar que hay pelotazos o que se beneficia a especuladores del suelo, que acuda a la Justicia y que sea ella quien dé su veredicto.
