Pagar unos impuestos cada vez más caros, mientras baja el precio o el valor de la vivienda es una estafa institucional al ciudadano.
El Impuesto sobre Bienes Inmuebles, I.B.I., también conocido como "Contribución Urbana", grava a las personas con propiedades inmuebles, aplicando un porcentaje sobre su valor catastral, el cual es calculado objetivamente a partir de datos obrantes en el Catastro Inmobiliario, sin fechar, y está integrado por el valor catastral del suelo y el de las edificaciones que se hallan sobre éste. Para su determinación se han de tener en cuenta los criterios valorales establecidos en la normativa reguladora del catastro inmobiliario y, como regla general, no puede superar el valor de mercado.
El IBI es un impuesto anual, que cada Ayuntamiento tiene la potestad, dentro de unos valores establecidos y aplicando una serie de coeficientes a los mismos, variando así los importes a pagar, sugún municipio y los principios aplicados desde cada consistorio. Hay que aclarar las exepciones fiscales que benefician a las religiones, pero nunca a la ciudadanía particular, que ha de pagar "religiosamente" sin oportunidad de discutir los parámetros aplicados o la subida constante. Junto a él se suele añadir la recogida de basura u otros servicios de ámbito muncipal.
Que no haya una constante en las revisiones del valor estipulado por el Catastro Inmobiliario, de forma que si el valor de la vivienda baja se reduzca el pago, o que los coeficientes añadidos sean variables, son factores que se unen para producir una estafa global a la ciudadanía, que está más pagando un impuesto directo por su propiedad. Si bien es verdad que esto lo tenemos asumido como lógico y natural, tampoco es de recibo que los propietarios y ocupantes de la propiedad paguen los mismos impuestos que quienes tienen renta por la propiedad y no son ocupantes reales. Así como tampoco es de justicia que la iglesia acapare tanta propiedad inmobiliaria y no pague impuestos.
Lo mínimo en los tiempos que vivimos sería que se revisara anualmente el valor catrastal, lo que ahora no se hace, estableciendo unos coeficientes fijos que no sorprendan en la factura e, incluso, dando la oportunidad de pagar el IBI prestando servicios comunitarios a nivel municipal, cuando se acredite situación económica que no permita afrontar el pago.
De momento, lo que vemos es que los valores de mercado se acercan cada vez más al valor catastral y el IBI también. Lo que aparenta ser un intento local de mantener encarecido un mercado inmobiliario que ha caido rápidamente, aunque no se aprecie tanto en Canarias.
Hace falta más cordura institucional y menos ansias de explotación, para poder hablar de una correcta gestión municipal en cualquier punto de nuestro mapa archipielágico. Hace falta tener la honradez suficiente y actualizar anualmente el valor catastral y el del IBI, para no actuar como asaltates con los propietarios. ¿Sería posible?
Pedro González Cánovas, Miembro de Alternativa Nacionalista Canaria
