Ramón Pérez Hernández
Irritable e inexperto J.F. Reyes, que rotulan alcalde del meritorio y sosegado pueblo de Yaiza. Éste personajeviene justificando fieramente,desde hace unos cinco años,sucesivamente, su altísimocariño al libre albedrío, repudiando, en plan zorrúo, el concierto con la colectividad al que viene obligado en su condición de primer edil, en algo tan sustancial como es el principio de legitimidad...que en su acepción general, debe entenderse en el sentido de vinculación de la administración que representa al Derecho positivo, al bloque de la legalidad (compuesto por normas supralegales, legales y reglamentarias). El vínculo con la legalidadno deja libre ningún espaciode normas en el que cualquier Ayuntamiento pueda desenvolverse de forma ajurídica, es decir, al margen del Derecho. El Derecho objetivo no sólo limitala actividad de las Administraciones públicas,sino que las condiciona a la existencia de una norma jurídica que en cada caso permita la actuación administrativa, que deberá someterse a aquélla (TS 3-1-79). La competencia de las Administraciones públicas no puede ser algo ambiguo e ilimitado derivado de una genéricaposición de supremacía, sino que se precisa una norma atributiva concreta, sin la cual la auto atribución por vía de hecho de una competencia no prevista en la norma, puede entenderse como generadora de la nulidad de pleno derecho (TS 23.6.94). Mientras que para los particulares todo lo no prohibido está permitido, la validez de las actuaciones de las Administraciones públicas,exige la previa habilitación normativa que las permita. De forma que, para ellas, lo no permitido, expresa o implícitamente está prohibido.
Y está prohibido al Ayuntamiento de Yaiza [es innegable pues el planteamiento del asunto no presenta complejidad jurídica alguna]no comunicar tercamente al Cabildo "todos los actos y acuerdos de otorgamiento de licencias urbanísticas, de parcelacióny de edificación, las prórrogasy sus eventuales actualizaciones, desde el día 9 de abril de 1991", tal como, decisivamente, le ordenala ley y, para más escarnio, a pesar del recordatorioque le formuló elCabildo por Resolución nº 2975 del 02-11-2000 ydel Auto dictado por la Sala del TSJC de Canariasel 23-10-2002, ordenándole imperativamente la entrega de las licencias, prorrogas etc., Auto que el Ayuntamiento recurrió y la Sala desestimó el 23-04-2003, ordenando su cumplimiento, pero... que el Sr. Reyes, socorrido, guiado o activado, tanto monta,por su dispositivo jurídico, volvióa recurrir ¡dos veces más!, alegando simplezas de carcajeo sin fundamento (..."que si no tiene obligación de comunicar las prorrogas"... ..."que se vulnera la autonomía municipal"...) es decir, cuestiones fundamentales, utilizadas por la defensa del Ayuntamiento como si del pito del sereno se tratara. La Sala del TSJC volvió a pronunciarse[Sentencia de 25-01-2005, Ref: RCA nº 249/01] obligando por ¡4ª! vez al Ayuntamientoa cumplir su obligación legal con el Cabildo, que el Sr. Reyes, en su condición de Alcalde de Yaiza, a pesar de publicar en el Canarias7 del 17.03.05, pag. 23,la lerda mentira de que ..."no recurrirá la orden del TSJC de dar las licencias al Cabildo porque ya las entregamos...", volvió,a la zorrúa, a recurrir el repetido mandato, quizás para ganar tiempo al tiempo, como al parecer es uso y costumbre en el lugar, aspirando, a lo mejor,incumplir zorroclocamente las formidables directricesdel PIOT, que garantizan la absoluta protección de nuestro valiosísimo territorio.
Creo que el actor J.F. Reyes remacha su altísimocariño al libre albedrío y el desprecio al deber de tutela administrativa que, en este caso, del control de camas, asigna al Cabildo la Comunidad Autónoma Canaria en virtud de las Leyes del Territorio. El Cabildo, como superior,en este concreto caso de licencias otorgadas, no solamente tiene poder para revisar las licencias concedidas porYaiza, con la ley en la mano, sino que, como deber básico de control del territorio que le encomienda la Ley, debe fiscalizar ineludiblemente las acciones de cualquier Ayuntamiento turístico en la inseguraactividad de otorgarlicencias.
