El viaje del consejero de Deportes del Cabildo de Lanzarote, Juan Monzón, a Kona, en Hawái, ha proporcionado al PSOE un nuevo motivo para exigir explicaciones a Oswaldo Betancort. Los socialistas cuestionan la duración del desplazamiento, reclaman conocer la agenda institucional y piden el desglose de los gastos de transporte, alojamiento y dietas. El presidente debe responder con documentos, pero la controversia plantea otra cuestión que la oposición no debería esquivar: ¿con qué balance de su propia gestión compara los gastos que ahora denuncia?
Fiscalizar al gobierno es una obligación de la oposición, no una concesión. Sin embargo, esa labor pierde consistencia cuando se concentra en los gastos del adversario y deja en segundo plano las cuentas de la etapa en la que se tuvieron responsabilidades de gobierno. El PSOE gestionó durante años el Cabildo y participó en una política de promoción turística que movilizó millones de euros. Esa trayectoria no invalida sus críticas, pero sí obliga a que cualquier comparación se apoye en datos homogéneos y no en una selección interesada de cifras.
La cuestión no consiste en justificar un viaje cuestionado señalando gastos anteriores, sino en impedir que la transparencia se convierta en una exigencia de sentido único.
Hawái: las explicaciones deben llegar con facturas
El 15 de octubre de 2026, el PSOE denunció que Juan Monzón había viajado a Kona durante doce días y cuestionó la necesidad de su presencia y la duración de la estancia. La formación pidió conocer las fechas, la agenda, los integrantes de la delegación y los gastos asociados. Sus declaraciones, sin embargo, no permiten establecer por sí solas el coste definitivo del viaje ni acreditar qué cantidades se abonaron efectivamente con fondos públicos.
El Cabildo debe publicar la autorización, el programa de trabajo, las facturas, las dietas reconocidas, las entidades que sufragaron cada concepto y una memoria de los resultados obtenidos. Si el desplazamiento respondía a una estrategia de promoción deportiva, corresponde demostrar qué actividades se realizaron, qué compromisos se alcanzaron y cuánto costaron.
Las normas presupuestarias regulan las indemnizaciones por razón del servicio, pero no prueban que una cantidad concreta se haya pagado ni que el gasto esté suficientemente justificado. Eso debe acreditarse mediante el expediente correspondiente.
El PSOE tiene derecho a reclamar esa documentación. Lo que no debería hacer es presentar la denuncia como si bastara para cerrar el debate. Si quiere que se examinen las cuentas del actual gobierno, debe aceptar también que se revisen las de su etapa con idénticos criterios.
Presupuestos millonarios y comparaciones pendientes
Las cifras generales permiten situar el debate, aunque no deben confundirse con el gasto en viajes. El presupuesto del Cabildo para 2023, aprobado durante la presidencia de María Dolores Corujo, rondó los 170,3 millones de euros, mientras que el consolidado se situó cerca de los 239 millones. Bajo el actual gobierno de CC y PP, el presupuesto general ascendió a 189,3 millones en 2024 y a 209,1 millones en 2025. Para 2026, el proyecto presupuestario alcanzó los 221,1 millones, con una cifra consolidada cercana a los 289,7 millones.
Son magnitudes que reflejan la dimensión económica de la institución, no cantidades destinadas exclusivamente a promoción, viajes o representación. Los presupuestos financian servicios, inversiones, infraestructuras y otras políticas públicas. Tampoco equivalen necesariamente a lo gastado: para conocer la ejecución real hay que consultar las liquidaciones y las obligaciones reconocidas.
Hay otra cautela imprescindible. El cambio de gobierno se produjo a mitad de 2023, por lo que no sería riguroso atribuir todo lo ejecutado durante ese ejercicio a una sola formación. Si el PSOE reclama una comparación global, debe aceptar que se realice con periodos definidos, partidas equivalentes y pagos comprobados. Seleccionar cifras generales para cuestionar al adversario no sustituye ese trabajo.
La promoción exterior también fue una prioridad socialista
La promoción turística internacional no comenzó con CC. En diciembre de 2021, durante el mandato de Corujo, la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote (SPEL) aprobó para 2022 un presupuesto de 5.822.000 euros, presentado entonces como el más alto de su historia. La aportación prevista del Cabildo pasó de 2,7 a 3,7 millones de euros y se contempló una partida de 500.000 euros para la denominada Estrategia Premium.
Para 2023, SPEL aprobó unos ingresos previstos de 5.624.000 euros, de los que cuatro millones correspondían a la aportación prevista del Cabildo. Aquellas cuentas respaldaban acciones de marketing, desarrollo de productos turísticos y posicionamiento de Lanzarote en los mercados emisores.
La actividad incluyó también encuentros profesionales y desplazamientos. En FITUR 2022, Corujo informó de cerca de cincuenta reuniones con compañías aéreas y agentes turísticos para reforzar la conectividad y la recuperación del sector. La finalidad promocional podía ser legítima, pero esa legitimidad no eximía al gobierno socialista de justificar los recursos empleados ni de evaluar sus resultados.
En febrero de 2024, ya con Oswaldo Betancort al frente del Cabildo, SPEL comunicó que su volumen de negocio durante 2023 había superado los diez millones de euros y que la aportación insular había pasado de 4,5 millones en 2022 a más de 6,5 millones en 2023. El dato procede de la propia entidad y corresponde a un ejercicio de transición: no permite atribuir automáticamente todo el incremento a CC ni adjudicárselo íntegramente al PSOE.
La diferencia entre presupuestos aprobados, aportaciones públicas, ingresos y volumen de negocio es fundamental. Precisamente por eso, el PSOE debería reclamar una auditoría comparable de las partidas de promoción de ambos periodos, en lugar de limitarse a cuestionar los gastos que afectan al gobierno actual.
Las denuncias del PSOE también necesitan contraste
En mayo de 2025, los socialistas afirmaron que los gastos en viajes y dietas del gobierno insular superaban los 110.000 euros durante 2024. En octubre de 2024 también cuestionaron un gasto superior a 80.000 euros vinculado a una feria gastronómica en Texas.
Ambas cantidades deben atribuirse al PSOE mientras no se contrasten con liquidaciones completas o una auditoría independiente. En el caso de Texas, además, es necesario separar el coste de la feria del correspondiente a los desplazamientos de los cargos públicos. Sin ese desglose, se corre el riesgo de presentar como una única partida conceptos distintos.
La oposición puede y debe preguntar qué se contrató, quién pagó, qué contraprestaciones se obtuvieron y qué resultados promocionales se alcanzaron. Pero la exigencia de rigor debe ser recíproca. No basta con poner una cifra sobre la mesa: hay que explicar su origen, precisar qué incluye y aportar la documentación que permita verificarla.
El PSOE no puede convertir una denuncia parcial en una conclusión contable. Tampoco debería conformarse con exigir explicaciones a CC sin impulsar una revisión de los gastos de promoción y desplazamientos realizados cuando gobernaba.
Promoción, patrocinio y dietas no son lo mismo
El debate requiere distinguir partidas que responden a finalidades diferentes. El presupuesto de SPEL no equivale al gasto en viajes de los cargos públicos; una campaña publicitaria no es una dieta y un contrato de patrocinio no puede sumarse automáticamente al coste de un desplazamiento.
En la etapa actual se han publicado contratos de promoción, entre ellos uno de 450.000 euros relacionado con Lanzarote International Cup, en el que participan SPEL y los Centros de Arte, Cultura y Turismo. Para valorar ese acuerdo deben comprobarse la aportación de cada entidad, los pagos realizados y las contraprestaciones pactadas. No sería riguroso atribuir su importe íntegro a una sola entidad o sumarlo a otras partidas sin descartar solapamientos.
Para comparar las dos etapas hace falta una relación anual homogénea que recoja las transferencias a SPEL, el presupuesto definitivo y ejecutado, los contratos de publicidad y patrocinio, los gastos de ferias y eventos y las cantidades efectivamente abonadas por viajes y dietas. Sin ese inventario no existe base suficiente para afirmar cuánto gastó globalmente cada gobierno en promoción exterior y desplazamientos.
La ausencia de una cifra comparable no absuelve al gobierno actual, pero tampoco permite dar por probadas acusaciones que aún no se han contrastado. La contabilidad debe estar por encima de la conveniencia partidista, especialmente cuando se trata de dinero público.
La transparencia no puede tener dos varas de medir
El viaje a Hawái debe aclararse. CC tiene la obligación de explicar su finalidad, publicar el coste y demostrar los resultados. Si la actividad promocional fue útil, los documentos deberían permitir comprobarlo; si el gasto no estuvo suficientemente justificado, la ciudadanía también debe poder conocerlo.
Pero el PSOE debería asumir que exigir cuentas implica aceptar que se revisen las propias. Durante su etapa al frente del Cabildo también se aprobaron presupuestos de promoción exterior, se financiaron campañas y se desarrollaron actividades fuera de Lanzarote. Recordarlo no invalida sus denuncias: obliga a que la crítica sea coherente y a que las comparaciones se apoyen en cifras homogéneas.
El Cabildo podría publicar una ficha de cada viaje oficial con la autorización, la agenda, los participantes, el coste desglosado, las dietas abonadas, la entidad financiadora y los resultados. Los contratos de promoción deberían incluir el importe adjudicado y pagado, las contraprestaciones y una memoria de ejecución. Las cuentas de SPEL tendrían que permitir seguir el destino de las aportaciones públicas.
El PSOE puede exigir esa transparencia, pero también debería promoverla para todos los ejercicios de su etapa de gobierno. Y CC no puede escudarse en la gestión anterior para eludir las explicaciones que le corresponden hoy.
El dinero público no pertenece a ningún partido. Hawái puede representar una oportunidad para promocionar Lanzarote, pero esa utilidad debe demostrarse con hechos. La denuncia socialista puede abrir un debate necesario, aunque no sustituye la obligación de contrastar las cifras ni convierte la gestión anterior en una zona exenta de examen.
La pregunta decisiva no es qué partido denuncia con más contundencia, sino qué hizo cada administración con los recursos públicos, cuánto gastó realmente y qué obtuvo a cambio. Si el PSOE quiere exigir cuentas, también debe estar dispuesto a darlas.
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