La política moderna ha logrado perfeccionar un arte que ya envidiaría el más trilero de los vendedores de crecepelo: el de la estafa con denominación de origen y bendición legal.
Cada vez que se aproximan unas elecciones, los partidos políticos despliegan esos monumentos a la ciencia ficción llamados programas electorales. Se trata de catálogos hermosos, satinados y repletos de compromisos solemnes que se redactan bajo una máxima tan antigua como el propio cinismo: prometer hasta meter, y una vez metido, olvidar lo prometido.
En la vida real, vender un crecepelo a sabiendas de que te dejará calvo se castiga en el juzgado de guardia. En el Parlamento, se premia con coche oficial.
La impunidad del engaño premeditado goza en España de una salud de hierro y una genealogía venerable. Quienes hoy se escandalizan con los volantazos del presente olvidan que el manual de instrucciones lo escribieron los clásicos.
Imposible no recordar a Felipe González y aquel equilibrismo retórico del "OTAN, de entrada no", que mutó en un entusiasta "sí" en cuanto se acomodó en el palacio de La Moncloa. Años después, Mariano Rajoy elevó el listón del transformismo programático al prometer una bajada masiva de impuestos para, apenas pisar el Consejo de Ministros, perpetrar la mayor subida del IVA de la historia reciente. En ambos casos, la respuesta fue la misma: "las circunstancias obligan". La culpa, por supuesto, nunca es del mentiroso, sino de la realidad, que es muy terca y no se deja gobernar.
Hoy la técnica se ha sofisticado hasta la náusea. Asistimos a campañas que operan como auténticos ejercicios de publicidad engañosa masiva, donde se firma ante notario lo que se planea liquidar en el primer pacto de investidura. Se prometen viviendas públicas que nunca se construyen, derogaciones de leyes que luego se mantienen intactas y fronteras infranqueables que se vuelven porosas al día siguiente de contar los escaños. Lo fascinante del asunto es que nuestros tribunales, siempre tan rigurosos con el contrato de un televisor defectuoso, se lavan las manos ante el fraude democrático. Amparados en la prohibición constitucional del mandato imperativo, los jueces repiten que el programa electoral no es un contrato vinculante. Es decir, que el ciudadano acude a las urnas engañado por un dolo de libro, pero la justicia le dice que la mentira planificada es perfectamente legal.
Esta anomalía jurídica ha convertido el sufragio en una timba donde la banca siempre gana. El político diseña una oferta fraudulenta para alterar la voluntad del votante y, una vez conseguido su propósito (el botín del poder), apela a la "resiliencia" o al "cambio de ciclo" para justificar la traición. Nos dicen entonces, con una condescendencia insultante, que el castigo llegará dentro de cuatro años en las urnas. Pero para entonces el daño institucional ya está hecho, el presupuesto esquilmado y la paciencia social agotada.
Una democracia que normaliza la mentira como la herramienta más rentable para gobernar no es una democracia madura; es una farsa consentida donde los ciudadanos pagamos la fiesta y los trileros se quedan con el cambio.
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