Se acerca inevitablemente el día 17 de noviembre y con él, la convocatoria de la huelga en el Servicio Canario de Salud que han formulado las organizaciones sindicales más representativas del sector en un ejercicio unitario que ...
Se acerca inevitablemente el día 17 de noviembre y con él, la convocatoria de la huelga en el Servicio Canario de Salud que han formulado las organizaciones sindicales más representativas del sector en un ejercicio unitario que hacía muchos años que no se veía.
En una situación de conflicto en un servicio público esencial, las partes no sólo tienen la obligación de pactar unos servicios mínimos que eviten que el conflicto afecte a las necesidades urgentes y vitales, que no desaparecerán por las desavenencias entre las partes. Además, administración y sindicatos vienen obligados a explicar ante la opinión pública las razones de su posición y los intereses que defienden, de manera que cada ciudadano pueda hacer su propia valoración sobre la conveniencia e incluso la necesidad de la medida que altera el ejercicio de sus derechos.
En este sentido, lamentamos profundamente que el Gobierno de Canarias continúe con la tradición de gobiernos anteriores de demonizar a cualquiera que se atreva a llevarle la contraria y de intentar cambiar el debate en torno a los argumentos, por infamias y chascarrillos que además de soliviantar innecesariamente los ánimos, secuestran a los ciudadanos su derecho a establecer una opinión informada sobre las razones del conflicto.
Dice el Gobierno que hay que ahorrar en el capitulo de gastos de personal del Servicio Canario de Salud como consecuencia de la crisis y para evitar recortes que afecten a la prestación de servicios a la ciudadanía, y conforme a la mejor tradición de los gobiernos anteriores, dicho y hecho. De un plumazo, la jornada laboral de treinta y cinco horas desaparece en una disposición adicional de la ley de presupuestos, sin siquiera informar previamente a la mesa sectorial y sin encomendarse a nadie. Luego con la huelga ya convocada han puesto una segunda propuesta encima de la mesa alternativa a la primera: suprimir la paga de incentivos por cumplimiento de objetivos del servicio.
Como verán, no entraremos en el juego de descalificaciones barriobajeras sobre quién gana más o menos que el presidente, puesto que ya le hemos propuesto, varias veces, que a los que ganen más que él, les suba el tramo fiscal del IRPF y les exija, vía impuestos, el sacrificio que la situación requiere. Es más, ahora que ha sacado el propio presidente el tema, se nos ocurre proponerle que ése sea el suelo de la exigencia fiscal. Quienes ganen más que el presidente que se rasquen el bolsillo, pero los que ganen más en el Servicio Canario de Salud, en los consejos directivos de la banca y de las grandes empresas, en los clubs de futbol, en el cine o la televisión, es decir sin demagogias y guardando el carácter para meter la mano en el bolsillo de los que tienen más y no en los derechos de los que tienen menos.
Admitamos en todo caso, pulpo como animal de compañía. Admitamos que pese a que los gastos de personal representan algo menos en el total de gasto del servicio que lo que representan en otras comunidades autónomas y en la media del Sistema Nacional de Salud, es necesario producir un recorte de gasto en el capítulo uno de personal.
¿Que han hecho entonces? Ampliamos la jornada, cerramos el apartado de contrataciones eventuales cubriendo las eventualidades con las prolongaciones de jornada del personal fijo y evitemos unas mil trescientas contrataciones ahorrando así la cantidad estipulada. Algún cerebro debió agotar entre los directivos del servicio sus capacidades para llegar a esta solución, comprobemos si no, el hilo argumental de la decisión.
Primera consideración básica, hay que ahorrar gasto de personal, lo hacemos cerrando las contrataciones eventuales, dejando a más de mil personas en el paro. ¿Por qué a los eventuales? Simple y llanamente, porque son los más fáciles de despedir. Es decir el criterio de gestión aplicado es la facilidad de emprender la acción decidida. Claro que este criterio afecta a la calidad del servicio y de manera directa a las prestaciones, claro que muchos de estos eventuales pertenecen a categoría profesionales en las que existe un déficit considerable de profesionales y que es probable que busquen empleo en otro lado y los perdamos para siempre, claro que había decisiones más racionales y más sensatas para producir el mismo ahorro, sin afectar ni a la calidad de las prestaciones ni al derecho de los trabajadores, pero es necesario gestionar recursos humanos, es preciso abordar las enormes bolsas de ineficiencia generadas en décadas de desidia e incompetencia.
Quienes en una situación de este tipo prefieren abordar un conflicto social que sus problemas de gestión y lo hacen además enarbolando un discurso rancio y que pretende enfrentar a profesionales y usuarios del servicio, retratan perfectamente las prioridades de un gobierno perdido en sus propias ineficiencias.
Puede que en este momento, quien lea este artículo esté pensando cuáles son las medidas que proponemos los que desde la orilla contraria a la del Gobierno llaman a los profesionales a la movilización para proteger al sistema sanitario público de sus propios gestores.
En primer lugar, abórdense las grandes bolsas de ineficiencia que existen en el servicio derivadas exclusivamente de los mecanismos de gestión adoptados en el pasado. Póngase en marcha por ejemplo el turno de tarde, cerrando el apartado de prolongaciones de jornada conocidas popularmente como peonadas y detrás de las cuales, por cada profesional que honestamente contribuyó al descenso de las listas de espera, hay un burócrata espabilado cobrando un sobresueldo sin aportar nada a nadie. Evítese la duplicidad innecesaria de guardias entre hospitales que están a diez minutos el uno del otro, contrólese el gasto en productividad variable que se produce entre los directivos del servicio sin ningún tipo de control y si sigue siendo necesario reducir personal abórdese un plan de jubilación anticipada que contribuya a la vez a reducir los hipotéticos y reiteramos la consideración de hipotéticos, excedentes de plantilla sin enviar más gente a la cola de trescientos cincuenta mil parados y sin afectar ni la cantidad ni la calidad de la prestación de servicios.
Por esta segunda vía de reducción de plantilla no sólo se estaría dando una solución menos traumática y más acorde con los tiempos difíciles que atraviesa la economía canaria, no sólo se estarían respetando los compromisos adquiridos en la negociación entre las partes y los derechos de los profesionales del servicio, no solo se estaría aliviando las situación personal de cientos de trabajadores que verían abierto el camino de su jubilación después de años de servicios, no sólo se podría seleccionar qué departamentos y servicios pueden reducir las plantillas sin afectar a las prestaciones ni a los usuarios. Además y por encima de todo eso, se estarían abordando de una vez las enormes deficiencias de gestión del servicio y se estaría demostrando que los criterios de gestión de los recursos humanos del servicio canario de salud se basan en el rigor y en el esfuerzo que se pide a los profesionales terminando con esa cultura de la salida más fácil que si se irradia desde la dirección se convierte en el lastre mayor de la gestión de ningún servicio público.
No estamos pues en el conflicto entre un gobierno responsable y sensato por un lado y unas pocas organizaciones sindicales que viven de espaldas a la realidad y se niegan a realizar ningún esfuerzo para adaptarse a la situación actual.
El conflicto se sitúa entre quienes defienden poner en marcha un mecanismo de adaptación basado exclusivamente en la facilidad para ponerlo en marcha y en el deliberado interés en no abordar nunca las ineficiencias de la gestión del servicio y por otro lado, quienes defendemos que existe un amplísimo margen de mejora de la eficiencia y la calidad de la gestión, especialmente en recursos humanos, y que ese margen debe ser agotado antes de adoptar medidas que afectan gravemente a la calidad de las prestaciones a los derechos de los profesionales y al futuro del propio servicio sanitario público de Canarias.
En suma, un conflicto entre la cultura burocrática de hacer lo mas fácil y la cultura de hacer lo que conviene, porque en definitiva lo que propone el gobierno en su disposición adicional sobre la jornada laboral en el servicio canario de salud es que contribuyentes y profesionales sacrifiquemos una parte de nuestros derechos y de nuestros legítimos intereses en el altar de su ineficiencia y su incompetencia para gestionar los recursos públicos y con la misma fuerza, con la misma coherencia, con la que manifestamos nuestra disposición a contribuir con nuestro esfuerzo para salvar la situación económica que atravesamos, manifestamos también nuestra determinación de no pagar con nuestros derechos la incapacidad y la falta de voluntad política de quienes nos gobiernan.
*Carmelo Jorge Delgado, secretario de Economía y Políticas Sectoriales de Comisiones Obreras en Canarias.
